Cumpliendo una de sus promesas de campaña, el presidente francés Emmanuel Macron recientemente puso en funcionamiento el sistema de tobilleras electrónicas; dispositivo que detecta cuando un agresor violento se acerca a su víctima a una distancia no permitida, según sentencia previa emitida por algún juez. El victimario en la mayoría de casos se trata de una persona de sexo masculino y que en el pasado ha sido su cónyuge, excónyuge o pareja. Francia presenta una media de 100 feminicidios al año con un pico en 2018 de 122 víctimas, lo cual los tiene alarmados.
Entre los antecedentes previos figuran el caso de España, donde los dispositivos fueron adquiridos en julio de 2009, presentándose a la comunidad como una “medida estelar” contra la violencia de género. No obstante, su implementación solo se llevó a cabo a partir del año 2015. El objetivo de estas pulseras es que el maltratador no se acerque a menos de 500 metros de la víctima.
De acuerdo a información tomada del International e-journal of criminal science, y agrupando las provincias según su autonomía, se advierte que Andalucía (27,7%), Castilla León (22,6%), País Vasco (13,7%) y Aragón (10,5%) son aquellas en donde más medidas cautelares monitorizadas se aplicaron en relación al total de medidas decretadas. A pesar del relativo éxito alcanzado en los últimos años en España, el promedio anual es de 100 mujeres asesinadas.
Las tobilleras electrónicas permiten localizar en tiempo real, tanto a la víctima como al agresor, por medio de un rastreador que porta el agresor; que no se puede retirar o desactivar, y otro que porta la víctima. Cuando el primero supera la distancia mínima establecida por la ley, los dispositivos emiten una alerta que informa a la policía con el fin de advertir tanto al agresor como a la víctima de la anomalía. Las alertas también pueden producirse si el agresor trata de removerse el dispositivo, si se descarga, o si se ingresa a áreas donde la señal se vea interrumpida.
En América Latina ya se aplica esta tecnología, dando sus primeros pasos en países como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, República Dominicana y Uruguay. Siendo pionera la nación del sur con la implementación de un centro de monitoreo en la provincia de San Martín en 2016. Ahora bien, en Colombia, observando los resultados obtenidos con los presos domiciliarios, no se ha estudiado su utilidad, a pesar de que en 2019 más de 23.000 mujeres estaban en riesgo extremo de feminicidio y se presentaron 796 muertes, 531 ocasionados por sus parejas o excompañeros.
Desde el punto de vista psicológico este tipo de agresión hace parte de una de las varias clases de violencia, como lo son: psicológica, sexual y física. Estos focos deben ser atacados desde el hogar mismo, empezando por la enseñanza a los hijos del respeto hacia los demás en todas sus modalidades, construyendo relaciones basadas en la verdad y en la generación de un diálogo claro y permanente.
