Un retroceso. Esa es la forma con floritura de decirlo, de tratar de aminorar el daño hecho al ciudadano en sus derechos, reivindicaciones y logros en defensa de la vida, la salud colectiva y el ambiente sano, frente a la sentencia de la Corte Constitucional respecto a que las consultas populares ya no podrán paralizar actividades extractivas.
Es términos castizos es como darle la razón al administrador de un edificio (Colombia) por encima de los residentes de los apartamentos del primer piso (ciudadanos de las regiones), a través de cuya sala debe cruzar a cielo abierto la cañería central que recoge la de los 12 pisos de allí con su hedor permanente, infecciones y plagas, alegando que el suelo es de la constructora (la nación) y esta le traspasó la propiedad a la administración y que no hay por donde más cruzar y fin de la historia. Todo el mundo debe ponerse feliz, aplaudir la decisión y no hacer nada.
Algo así es como volver al despotismo de las mayorías sobre las minorías, pero esta vez en cabeza de un reducido grupo de esa mayoría llamada Corte, que creyéndose Dios, simplemente impone su voluntad por encima de todo y todos. Eso se llama tiranía de cortes y es lo más nefasto que le puede pasar a una democracia. Porque se entiende como una especie de mensaje de que su sentencia sea acatada porque sí. Todo el mundo callado, sin reaccionar, sin posibilidad de análisis, controvertir, raciocinio sobre la misma. Una orden sobre el Congreso de que tiene dos años para legislar sobre el tema y punto. Sin permitir indagar sobre en qué mínimos de justica y menos de humanidad se basó para tomar la determinación.
Por eso, es hora de que, sin subvertir el orden público y con apego a los mecanismos democráticos, los grupos sociales, pro defensa de la naturaleza, defensores de los derechos colectivos, ambientales y humanos, pero sobre todo los colombianos de provincia que ya sabemos que vale más el agua que el oro o cualquier otro recurso extraíble de la madre tierra, nos volquemos a la calle para hacer sentir nuestra voz, hagamos pedagogía barrial, empresarial, familiar, frente a la absurda —por decir lo menos— decisión un puñado que se abroga para sí tener la verdad revelada, la intelectualidad pura, los conocimientos de la piedra filosofal, sobre un tema de semejante magnitud.
En principio, hay que partir de la buena fe, de sus nobles y superiores intenciones al tomar decisiones desde la esfera de lo estatal que nos afectan a todos, y creo que de ese principio sobre la Corte Constitucional partimos todos. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco que hasta la sal se ha corrompido en este país y capítulos como los del cartel de la toga no se han ahondado, no se han investigado en profundidad para descubrir sus tentáculos, redes, relacionamientos y se ha tratado de diluir rápidamente en el cuerpo judicial.
Y ese es un antecedente, referente y punto de mira que nadie en este país debe perder de vista cuando existen estos giros radicales en la jurisprudencia, que la mayoría parecemos no entender ni le vemos razón alguna. Por supuesto, no hay que dudar de la dignidad ni la magnanimidad de la institucionalidad de la Corte, pero precisamente esas se ganan es con las acciones y decisiones de quienes la conforman, que valga decir son simples seres humanos con vicios y virtudes como los demás.
La que se plantea a raíz de ese fallo no puede volverse una discusión simplista, es decir, llevarla a que cuando la justicia toma una decisión que no nos gusta o no nos sirve, la rechazamos o la atacamos o por el contrario la respaldamos; va mucho más allá, es más trascendental, porque se trata de preservar para las generaciones venideras —no solo para nosotros en una actitud individualista y utilitarista— un mejor planeta, una Colombia con más recursos naturales, más agua y mejor ambiente. Así que póngale ojo y reaccione.
Y a propósito, en estos 468 años de la musical, me siento más orgulloso que nunca de ser nacido aquí, porque fue en este territorio de pijaos aguerridos y españoles combativos como Gonzalo Jiménez de Quesada que peleamos por tener el derecho a decidir sobre nuestro territorio en una consulta popular para prohibir la minería de metales y la de mediana y gran escala. Esperemos a ver qué pasa.
