Visitando la zona del desastre que más ha impactado a Colombia después de lo sucedido en Armero, Mocoa vive hoy su peor desgracia. La capital del departamento del Putumayo que hasta las once de la noche del 31 de marzo era anónima ante los ojos del país, pasó a ser la ciudad por todos conocida, y no es para menos. Una calamidad de esta magnitud no puede pasar a la ligera por la mente humana. Lamentablemente es en este pasaje de la historia donde los mocoanos se visibilizan a ojos de la inversión pública.
En el lugar de los hechos, las cosas no son como las exponen los pulpos informativos capitalistas del país. Como dijo un mocoano en medio de su desesperanza, “el tigre no es como lo pintan”. Agregó el damnificado: tuvo que pasar una tragedia para que el gobierno atienda a la comunidad; no es justo, puntualizó el infortunado hombre. Nadie puede desconocer que era una avalancha anunciada así como otras en Colombia que discretamente hacen fila. La discusión está sobre la mesa, la pelota va y viene, todos rehúsan responsabilidades y el juego de ping pong continúa.
Las personas fallecidas de alguna manera se las contabiliza. Existen mecanismos sencillos para cuantificar víctimas fatales, contrario a la cifra de desaparecidos que por obra de magia bajó de ochocientos a menos de ciento cincuenta. Analizando el área del incidente y tomando como referencia una sencilla cartografía se puede proyectar un cálculo aproximado de desaparecidos que al parecer superan las tres mil personas. Moradores del sector muestran su desacuerdo por la cifra oficial de desaparecidos que en nada dice de la realidad. Varios sobrevivientes coinciden en indicar que cientos de familias se las llevó el fango, borrando absolutamente cualquier rastro.
Hay que entender que los puntos que recibieron el impacto devastador eran concentraciones de gente vulnerable en su mayoría. Se convirtió en el lugar predilecto de desplazados, provenientes del mismo Putumayo, Huila y Caquetá. La lógica concluye que por instinto cuando el humano adolece de recursos económicos, la tendencia es buscar sitios de mínima exigencia para establecerse, en este caso las riveras de la quebrada Taruca y los ríos Sangoyaco y Mocoa. Desde el ángulo que se mire, el resultado es el mismo, riesgo alto.
Ante la pregunta ¿Quiénes son los responsables?, respuestas no se dejan esperar: alcaldía municipal, gobernación del Putumayo, gobierno nacional, las familias que irresponsablemente se ubicaron en esos lugares, en fin, una serie de respuestas pero ninguna efectiva ante la sentida demanda. La endémica violencia y la tragedia en Mocoa son consecuencia del abandono estatal que por décadas se ha acomodado en el seno de estas regiones. Este departamento igual que Nariño y los demás ubicados en el occidente y sur del país tiene la misma radiografía: desidia gubernamental.
Desde la misma prensa hasta funcionarios de gobierno ignorantemente opinan sobre un tema tan complejo, empezando que la raíz de este desorden es la mala distribución de las inversiones. La misma legislación limita presupuestalmente a los entes territoriales para temas de conocimiento y mitigación del riesgo. Los presupuestos se ciñen a un imperativo diseño del Fondo Monetario Internacional, cuya proyección es ajena a la necesidad comunitaria, deteriorando progresivamente la poca estabilidad de las poblaciones vulnerables.
‘El tigre no es como lo pintan’, si de buscar responsables se trata, el primer juzgamiento sería para el régimen que desconoce la real necesidad de los pueblos. Gracias a este sistema de gobernanza, los territorios supuestamente no rentables a la hacienda nacional nunca han sido priorizados en la distribución de la inversión. Colombia y el mundo observó la catástrofe porque otra persona se las contó, desconociendo la dimensión de la misma. Según información de la vecindad son miles los desaparecidos que la prensa no ha enfocado, restándole verdadera importancia y de paso alcahueteando responsabilidades.
La Ley 1523 de 2012 es explicita en las competencias y responsabilidades de las entidades del Estado, asimismo expone los procedimientos para la política de la gestión del riesgo de desastres. Lo que no contempla es de donde salen los recursos para llevar a la práctica esta normativa. No se puede negar que la literatura legal y jurídica es perfecta, lastimosamente como otras leyes colombianas, simplemente sin financiación, equivalente a tener mama pero muerta. A un mes de este lamentable episodio, Mocoa llora su desgracia y capotea el abatimiento, sin saber hasta dónde llegará su esfuerzo.
