Alguien dijo que “por sus hechos los reconoceréis”.
Desde hace quinientos años -con los españoles- la vida pública colombiana dirigida por gobernantes díscolos y afectos a relaciones con grandes señores feudales, llevaron a la desenfrenada violencia y esquematización de las distintas rasas sociales –antes con los indígenas- asentados en la gran geografía patria. Si consideramos el presente, son actos similares o iguales desde los años 1500. Como es el caso que enfrentamos los colombianos con la “Patria Boba de 1810 a 1816” caracterizada por conflictos políticos internos entre centralistas y federalistas, al descollar opiniones encontradas, mientras el pueblo era despojado de sus haberes por quienes eran afectos al gobernante.
La diferencia entre la Patria Boba y la Colombia de hoy no es mucha, entre 1810 a 1816 federalistas y centralistas peleaban por obtener el mando, y gabelas a los latifundistas; hoy, en Colombia se disputa la jerarquía gubernamental a cualquier precio, a la vez que se incrementa la propiedad en manos de unos pocos, despojando al campesino de las tierras con medios no muy sagrados, o titulando el suelo en mayor extensión de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) a poderosos nacionales o extranjeros, mientras, más de once millones entre desplazados por la guerra, pobres y pobreza absoluta, conviven en zonas marginales incrementando la violencia en las calles y desatando una grotesca inseguridad en las ciudades y el campo. Si estamos en sintonía, el espacio que trascendió como Patria Boba y la actual Colombia, mantienen el mismo racero, es decir, la historia se vuelve a repetir, pero a la moderna.
Es indiscutible la razón política que tienen los mandatarios para sacar adelante funciones inherentes a su cargo, como son los proyectos y estimaciones calculadas de bienestar para los habitantes, al propender mejorar la distribución del ingreso en lo social, político y económico, al fomentar así la confianza del pueblo hacia quienes dirigen un basto territorio, al mantener un saludable sistema racional de negocios, inversión directa bien estimada, racionalización de la tierra, una cartera nacional responsable del gasto público y una política de suelos que lleve consagrado que la tierra es de todos no de unos pocos. Pero lo que se siente y palpa es todo lo contrario, una fuerza centrífuga gubernamental que se enfoca en una minoría, los poseedores de grandes recursos como también promotores de leyes que resguarden sus inversiones; entre tanto, los administradores del país, anteponen sus creencias sociales al minimizar el mandato del pueblo, entrando a titular grandes extensiones de tierra en detrimento de quienes están necesitados de una parcela.
Ese es el talante de nuestros gobernantes que existieron y existen en el presente colombiano, que en vez de mejorar la posición social y económica de los residentes han hecho que empeore la estabilidad nacional. No son las Farc-ep, ni los grupos al margen de la ley, ni el mismo sistema militar que viola los derechos humanos, quienes promueven la desestabilización en los campos y regiones, es el desprecio de los gobiernos hacia las mayorías enquistadas en las regiones colombianas, al dejar las soluciones y proyectos gubernamentales agrarios y agroindustriales en manos de terceros, privilegiando a grandes latifundistas a nivel nacional. ¿Esa es la paz que promueve el Dr. Santos?
Para dar claridad a los argumentos anteriores, el tres de octubre en horas de la tarde se posesionó en el Centro Histórico de Paz y Reconciliación de la capital, la Mesa Única Nacional de la Cumbre agraria campesina Étnica y Popular asistida con más de 800 representantes, con presencia del presidente Santos, quien expuso tesis representativas para el sector rural en cuanto al acceso de tierras, proyectos productivos, Derechos Humanos, y acuerdos para desarrollar prontamente el campo. En el acto afirmó: “Al hacerlo estoy reiterando la voluntad política del Gobierno nacional, del Presidente y de todos sus ministros, los aquí presentes y los que no están presentes”
Pero, mientras esbozaba proyectos que beneficiarán a los distintos grupos regionales del campo, el gobierno presentaba una reforma al congreso, que renovará la ley 160 de 1994 en su artículo 72 del Capitulo XII Baldíos Nacionales [1] Se debe principalmente la enmienda al artículo, porque a la luz del numeral 2 de la carta magna, la Unidad Agrícola Familiar establece adjudicación de baldíos, con servicios públicos, salud, infraestructura, etcétera, en la unidad agrícola que sustente la capacidad de sobrevivencia a desplazados, campesinos sin tierra y otros. Nunca habla de titular tierras de la patria a grandes conglomerados, ni menos, que los campesinos sean obreros en sus parcelas para un inversionista. [2]
En conclusión, en realidad lo que se quiere con la mejora del artículo referente a las UAF, no es más que borrar la talanquera de la norma, dándole laxitud para que no sea solamente la UAF adjudicada o más de terreno según el lugar geográfico, sino para solventar la avaricia de los inversionistas acaparadores de tierra, a la vez que el campesino entraría como obrero y no accionista o propietario dentro del conglomerado que se instituya.
Este es el modelo de postconflicto agrario que pretende el Dr. Santos, al entrar a suplir conveniencias inversoras desplazando aún más al campesino y promocionando la inequidad social. Si éste es el futuro que tiene en mente el mandatario colombiano para el país, titular y titular a grandes monopolios venideros y los ahora poseedores de baldíos obtenidos con poca transparencia, más la oferta de la riqueza minera y energética a quienes causan detrimento al medio ambiente, que según la nueva corrección al artículo 72 de la ley 160 de 1994, el gobierno no podrá intervenir en los asuntos empresariales.
Con estas expectativas gubernamentales, estaremos abocados a un postconflicto más amenazante en cuestión conflictiva, porque se crearán nuevos grupos al margen de la ley, debido a la carencia de tierras para el campesino por la promoción latifundista, y estos para asegurar su posesión, crearán grupos de vigilancia, devolviéndonos otra vez a la época de la violencia sistemática de más de un siglo. Esperemos que no sea así el futuro patrio.
[1] ARTICULO 72 No se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en el territorio nacional.[2] ARTICULO 71. No podrá ser adjudicatario de baldíos la persona natural o jurídica cuyo patrimonio neto sea superior a mil salarios mínimos mensuales legales.
