Cuando se busca vender la idea de que una propuesta es buena se dice que es un 'gana-gana' para significar que ambas partes que intervienen salen favorecidas. El contraste sería con una negociación normal, donde una de las partes tiene que ceder en beneficio de la otra.
En las conversaciones de La Habana —o en general en cualquier acuerdo destinado a finalizar un conflicto— no se puede pensar que el resultado sería un simple 'gana-gana'. Sería un engaño una presentación en la cual se prendiera que tal cosa es lo que se busca.
Pero tiene aún más de manipulación el asociar unos diálogos que buscan la paz, con un contrato en el cual está implícito que una parte gana y la otra pierde; el acuerdo que se busca es aquel en el cual las dos partes pierden, o más exactamente ceden algo, y la dificultad reside en que coincidan en ver equilibrado lo que ceden respectivamente ante la otra parte.
Porque mucho se habla de Justicia Transicional, y de cómo es inevitable aceptar un 'costo' en los principios de la Justicia que se compensarían con el logro de acabar la guerra. Pero la verdad es que esto sería así si estuviéramos frente a una decisión unilateral en la que correspondiera solo al Estado decidir las reglas del juego.
Sin embargo, el escenario del equilibrio o de la compensación es en lo que cada una de las partes cede ante lo que aspira, es decir, lo que sucede en la mesa y con la participación de la contraparte. Quienes están sentados negociando no se enfrentan al dilema de 'cuánto sacrificar la Justicia para lograr la paz' (es decir, cuánto de impunidad), sino a cómo conciliar las aspiraciones mínimas guerrilleras con el objetivo que requiere el Estado.
No es una discusión en abstracto sobre lo que debería ser —como lo plantean los analistas o los críticos— sino una realidad de un encuentro entre intereses opuestos que deben culminar en una transacción.
Cosa diferente son los límites que en la delegación de quienes otorgan el poder para negociar se fijan.
Y aún más diferente es el trámite que deberá surtirse para crear la obligatoriedad de lo que se pacte.
Con los principios de discreción y reserva sobre lo que se avanza y de que 'nada está acordado hasta que todo esté acordado', hasta donde van las conversaciones los delegados están actuando como si tuvieran carta blanca para actuar sin limitaciones. Y eso es lo que políticamente objetan quienes exigen, por ejemplo, que se prohíba la futura posible participación en los cuerpos colegiados o en el Gobierno, o que no se siga el diálogo hasta tanto no se llenen determinados requisitos (como el cese unilateral de los ataques).
Y la falta de participación de los sectores opositores, en esto que equivaldría a un mandato o un poder para adquirir compromisos, lleva a la amenaza o la posibilidad de que esa segunda parte —o sea el trámite de aprobación de lo que en la mesa se logre—, sea un escollo mayor que las pretensiones de la guerrilla.
¿Qué se sabe sobre estos temas? ¿Qué dicen las encuestas sobre la paz?
Vale destacar que evidentemente si no se da más despliegue al tema de la manera como opina la gente sobre el proceso de paz, es porque se sabe que nadie está en contra, luego lo que se cuestiona es la forma en que se avanza o lo maneja el Gobierno.
La estrategia de disponer de los medios como parlantes para proyectar la imagen de que se está dando respuesta a las situaciones en las que la guerrilla tiene razón, pero al mismo tiempo afirmar que no es por reconocer esto, no está dando resultado; deja inconformes a quienes esperan que no se den los cambios, pero también a la izquierda que considera que es lo que se ha ganado después de tanta lucha. Para ambas partes queda el sabor que el Gobierno busca apropiarse de los resultados sin dar crédito o reconocimiento a lo que cada parte siente que cedería.
El solo buscar la aprobación a posteriori sin participación de nadie diferente al Gobierno en las etapas previas no parece garantizar mucho una satisfacción de la ciudadanía. Se repite: no porque ella esté contra la paz, sino porque no quiere que se la impongan sin saber en qué consiste o cómo la afecta.
Lo único claro es que mientras al acuerdo mismo pueden llegar los negociadores sin consultar a nadie, su aprobación sí depende de que satisfaga a quienes no participan de los diálogos. Y, para que esto segundo suceda, es condición que por lo menos a través de encuestas se concrete qué opina la opinión pública sobre los puntos que podrían formar parte del Acuerdo General.
