Aunque la Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado social de derecho y que como tal, debería defender la igualdad formal de los seres humanos, en la práctica, nos hemos distinguido por ser uno de los países más desiguales del mundo en términos de ingreso, riqueza y propiedad de la tierra.
30 años después, es posible afirmar que esta brecha se explica debido a la contradicción existente entre la garantía de derechos expresada en la Constitución y el modelo económico puesto en práctica por los gobiernos de turno.
30 años de neoliberalismo han imposibilitado hacer realidad el Estado social de derecho y sólo el programa de Petro se la juega por hacer del contrato social una realidad.
¿Por qué? Stephen Holmes y Cass Sunstein en su brillante obra El costo de los derechos, explican que la pregunta “¿qué derechos garantiza una comunidad?” no puede responderse sólo mirando la Constitución de esa comunidad sino, muy especialmente, estudiando cuántos recursos se destina a asegurar su cumplimiento. Los derechos cuestan dinero. Todos ellos, ya se trate de libertades negativas o positivas.
De hecho, para estos autores todas las libertades son positivas, puesto que requieren de permanente inversión e intervención estatal. De este modo, refutan la tesis libertaria que propone una relación dicotómica entre mercado libre e intervencionismo estatal, ya que el Estado interviene siempre, incluso cuando decide no intervenir.
Se debilita así la noción de que el Estado es por definición el enemigo de la libertad y los derechos, de que un Estado fuerte es necesariamente uno abusivo.
De hecho, en las décadas de 1980 y 1990, la retracción del Estado que siguió a la aplicación de las políticas neoliberales de privatización y desregulación (alentadas por el Consenso de Washington) y el proceso de globalización de la economía, entre otras cosas, produjeron una explosión de la desocupación, la pobreza y la desigualdad.
Estas consecuencias hicieron visible de manera aguda los posibles daños de una contracción estatal tan drástica, especialmente en el plano de los derechos.
En últimas, el mensaje que hay que asimilar es que todos nuestros derechos dependen de los impuestos recaudados por el gobierno, dado que ésta es la principal fuente de ingreso que tiene le Estado. “Dime cuántos impuestos te cobran (y cómo se gastan) y te diré que derechos tienes” es la tesis central de este valioso libro.
De allí, que no sea posible al mismo tiempo, que la política reduzca los impuestos y dé garantía plena a nuestras libertades y derechos como propone el candidato Federico Gutiérrez y todos los presidentes y ministros de hacienda anteriores que hoy apoyan su candidatura.
Incluso, en los años más recientes se ha introducido una cláusula constitucional que establece el principio de la sostenibilidad fiscal como elemento consustancial del diseño de políticas, que en múltiples ocasiones se ha invocado por el gobierno de turno en detrimento de la garantía de derechos.
Y ésta es la historia reciente de la política en Colombia. Desde 1990, cuando el establecimiento, en asociación con la mafia, asesinó candidatos presidenciales hasta que quedó el que les gustaba (César Gaviria, promotor de la “apertura económica”), ningún presidente, ni ministro de hacienda se ha atrevido a cuestionar el modelo económico.
Tal vez, el mejor ejemplo de la introducción del modelo neoliberal en Colombia es la ley 100 de 1993 que privatizó los derechos de la salud y las pensiones de los colombianos, en la línea de esa ideología fracasada que propone que el Estado es ineficiente y el mercado solucionará todos los problemas de la sociedad, como en un “cuento de hadas” (usando el término que usa Thomas Piketty).
Piketty, junto con otros reconocidos economistas, han demostrado la invalidez de la hipótesis neoliberal según la cual gravar a los ricos es sumamente destructivo para la economía en su conjunto y en la que se basó la mayoría de los discursos sobre política fiscal en Colombia y el resto del mundo.
Aunque el manejo de cuestiones presupuestarias e impositivas ha sido tradicionalmente asociado a posiciones “tecnócratas” de derecha, la preocupación por los impuestos (por cuánto, cómo y para qué se recauda) y sobre cómo se gastan es una parte necesaria de un programa progresista.
El programa de Petro propone las reformas fundamentales que hacen posible, por un lado, un mayor recaudo de impuestos y por otro, como consecuencia, una mayor garantía de derechos.
En primer lugar, su programa propone una reforma tributaria que busca hacer cumplir los principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia, que actualmente no se cumplen y por lo que ya ha sido demandado el actual estatuto tributario, que tiene un claro sesgo hacia las personas excesivamente ricas, que pagan tasas efectivas irrisoriamente bajas, debido a los múltiples beneficios tributarios que se calculan en aproximadamente 3,5% del PIB.
La idea es llevar el recaudo de manera gradual al nivel de los países de la OCDE en el largo plazo y en el corto, aumentar el recaudo en 5,5 puntos del PIB, lo que permitirá garantizar parte de la financiación de las otras reformas del plan de gobierno que mencionaré a continuación.
Hablemos de tres reformas que corresponden a las tres misiones sociales del Estado según Piketty.
La reforma pensional, así como la reforma al sistema de salud, buscan devolverle la naturaleza de derechos a estos dos elementos clave de la seguridad social que, como vimos anteriormente, la ley 100 de 1993 convirtió en negocios administrados por entidades privadas. En cuanto a la tercera misión social del Estado, la educación, también será reformada la ley 30 de 1992 para que la educación pueda ser garantizada como un derecho, proponiendo como gran objetivo la educación superior pública, gratuita y de calidad.
Garantizar las 3 misiones sociales del Estado corresponde a nada diferente que volver a la edad de oro del capitalismo, los llamados “treinta gloriosos”. Queda claro, pues, que la propuesta de Petro no es ni socialista, ni comunista, ni “castrochavista”.
El proyecto de país que expresa el programa de Petro se establece como una vía capitalista hacia la igualdad y la dignidad humana.
El capitalismo progresista, que está arrasando electoralmente en toda la región y el mundo desde la crisis generada por la pandemia, tiene amplias posibilidades de ganar la presidencia en Colombia y así, hacer posible por fin el avance hacia un Estado social de derecho en nuestro país. Votar por Petro es votar por los derechos establecidos en la Constitución de 1991. Votar por Petro es votar por la vida digna. Votar por Petro es votar por vivir sabroso.
