El 14 de noviembre de 2016 se firmó en el Teatro Colón el Acuerdo de “Paz” definitivo entre el Gobierno nacional y las Farc, el cual dejó atrás un conflicto armado interno que abarcó la cuarta parte de historia de la República de Colombia. Pero, a pesar de que se haya dado el paso más grande hacia la paz, en el transcurso de las semanas el panorama es más oscuro para los líderes sociales por los sistemáticos actos de violencia de los que están siendo víctimas, los cuales contemplan asesinatos, daños a propiedad, estigmatización y revictimización.
Los líderes sociales tienen una importancia capital al ser los abanderados de la implementación de los acuerdos de paz en las comunidades donde trabajan, pero no cuentan con el respaldo y protección en territorios críticos, donde se siguen afrontando procesos de subordinación y lealtad a grupos armados y grandes capitales —legales o ilegales— que crean dinámicas de violencia selectiva y simbólica, justicia lejana a la legalidad y control económico y político. Sumado a la falta de garantías para ejercer acciones políticas y laborales dentro de sus comunidades, está la condición de impunidad que se presenta ante estos hechos negativos por errores burocráticos, amenazas o la falta de claridad acerca de los autores intelectuales y materiales de estas acciones. Se ha sindicado al Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las disidencias de las Farc, los narcotraficantes, el Eln, los terratenientes y funcionarios del Gobierno como opositores a los procesos de justicia, restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos y participación política en ámbitos locales y nacionales que trabajan los líderes sociales, pero por ahora hay pocas judicializaciones a los perpetradores reales.
A parte de no tener un responsable definitivo de los actos de violencia contra líderes sociales, tanto el Gobierno nacional como organizaciones sociales y centros de investigación manejan diferentes cifras que en ocasiones no han sido actualizadas. Por ejemplo, respecto a la impunidad, mientras que para la Fiscalía la impunidad llega a un 50%, para las organizaciones sociales este umbral se acerca peligrosamente a un 70%, donde se agrava la situación ante un sistema penal acusatorio ordinario que puede tomar en promedio casi una década para hallar a los responsables de los crímenes.
En cuanto a la cantidad de asesinatos, la Fundación Paz y Reconciliación registró hasta la última semana de noviembre 81 asesinatos a líderes sociales. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos manejó una cifra hasta la última semana de octubre de 47 casos. Como vemos, no existe una concordancia en los datos, pero sí se pueden determinar unos parámetros específicos sobre estos hechos, los cuales suceden mayoritariamente en zonas cocaleras y territorios de circunscripciones especiales para la paz, es decir, en aquellas regiones que históricamente han sido las más afectadas por el conflicto armado con las Farc, a saber: Tumaco, Corinto, Caloto, Chocó, Catatumbo, Caquetá, Meta, Buenaventura y el Urabá.
Desde el Gobierno se insiste en que son casos aislados más relacionados con venganzas personales y bandas criminales que quieren tomar el control de los territorios dejados por las Farc, pero esto, sumado a sus manejos de datos, es una clara incapacidad del gran ente institucional para cumplir su obligación de garantizar y legitimar la labor de los líderes sociales en los territorios, los cuales no están contando siquiera con una escolta o garantía de protección física (¿Acaso la Unidad Nacional de Protección UNP solo protege a las élites políticas?).
A parte de preocuparse solo en los asesinatos sistemáticos a líderes sociales, hay que pensarse en los otros problemas que ha tenido el posacuerdo en muchas regiones del país, el cual cuenta con una falta de proyectos productivos para una reincorporación efectiva de los desmovilizados, una incapacidad estatal para garantizar una representatividad de las víctimas y comunidades, el asesinato a desmovilizados de las Farc, el aumento de los cultivos ilícitos en el país y las graves condiciones socioeconómicas y de seguridad que se están presentado en muchos municipios de Colombia, ya sea por la toma de control del Clan del Golfo, la expansión el Eln o la anarquía criminal ante la ausencia de las Farc y de un Gobierno que no tiene control efectivo sobre estas “repúblicas independientes”.
Para todo lo anterior, el Estado colombiano debe plantearse políticas públicas coordinadas que permitan un cumplimiento del acuerdo en La Habana, el cual contempla compromisos de protección y garantía a los líderes sociales. Además, debe mejorarse el marco normativo actual a partir de nuevas propuestas que escuchen a estos guías sociales y sus comunidades, donde se permita construir una paz positiva en la que imperen condiciones de vida optimas en las que se puedan resolver los problemas de violencia, salud, educación y trabajo de la población. Por su parte, las investigaciones hechas hasta el momento por organizaciones y centros de investigación como la Fundación Paz y Reconciliación han sido fundamentales para visualizar y plantar propuestas constructivas a la solución de esta y más problemáticas de la Colombia heredera del posconflicto.
Fuentes:
Asesinatos a defensores agravan el índice de impunidad en Colombia
