El presidente Juan Manuel Santos ha anunciado, en sus múltiples discursos, que el país debe encaminarse por la denominada “tercera vía’’, para construir una nación en paz, educada y con equidad, tres pilares fundamentales, según el mandatario, para que sea posible superar el conflicto y avanzar hacia la ‘’prosperidad’’.
Como parte de la estrategia de posicionar en el debate público, la firma de los acuerdos de paz y el denominado ‘’postconflicto’’, Santos y sus asesores han formulado una ambiciosa visión de la perspectiva con la que el país va a encaminar su modelo de desarrollo y economía en los próximos años. “Mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario”, es el lema que proclama la denominada ‘’tercera vía’’, que en el afán de abandonar lo que sus teóricos designan como la radicalidad de los opuestos, propone condiciones ‘’factibles’’ que aspiran a sentar una nueva figura política y económica sobre la que el Estado debe organizar su accionar para proporcionar derechos, pero también crecimiento económico.
Como todo lo que ha caracterizado al gobierno de Santos, en lo formal se proyecta como un supuesto que podría remediar las grandes brechas y deudas históricas que se tiene con el pueblo colombiano, pero sin duda alguna no se trata sino de neoliberalismo puro con dosis extras de formalismos jurídicos y políticos, que puedan encontrar, en la matriz de opinión, aceptación. La construcción popular de Colombia se ha visto soslayada del componente de la justicia social que, a través, de la apropiación en pocas manos, desigualdad sin límites y el uso de la violencia como medio de despojo, ha asentado, en más de 50 años, un conflicto social y armado, producto de los profundos inconformismos sociales y de la aplicación constante del modelo capitalista en todo su esplendor, que desde épocas de la gran violencia hasta nuestros días se ha mantenido y fortalecido.
Por supuesto, el anuncio de Santos no es más que una de sus acostumbradas cortinas de humo, buscando respaldos políticos para otorgar legitimidad a sus acciones, incluso, posicionando en sectores alternativos y populares una esperanza que termina generando la inflexión de las fuerzas de oposición y democráticas a los deseos propios del capital, bajo el apelativo de la ‘’centro-izquierda’’. Pero, ¿realmente es la tercera vía, en un país como Colombia, la ruta alternativa para generar cambios reales al modelo de desigualdad y exclusión, construido por las bases de la hegemonía política liberal-conservadora?.
Si bien es cierto que este modelo nació terciando entre ideas progresistas y elementos propios del capitalismo, argumentando la restauración de las funciones propias del Estado en connivencia directa con el mercado, como un medio de cumplimiento de los derechos y objetivos públicos, la realidad del momento de los países donde se desarrolló la teoría cumplían condiciones totalmente diferentes a las que se exponen hoy en nuestro país, en esos estados habían objetivos claros de progreso social y en el desarrollo mismo del mercado no podía quedar la justicia social como un objetivo irreconciliable o antagónico del sistema; sin embargo y a pesar de las condiciones favorables, la historia demostró que la aplicación de esta denominada ‘’alternativa’’ no fue más que la prolongación del sistema capitalista, que se vio obligado a ceder algunos derechos.
Particularmente, el modelo de la tercera vía acepta el neoliberalismo como medio de desarrollo de las fuerzas productivas, no busca transformar ni modificar el orden imperante que el mercado ha establecido y se limita a mencionar algunos reparos sin consecuencias verídicas, se desenmarca una posición clara sobre la visión de construcción de las relaciones sociales y la lucha política interna que debe tener un Estado y hace de reconstructor de las tesis del capitalismo que en sus reiteradas crisis busca acciones de salvamento por lado y lado. No hay posiciones críticas frente al capital transnacional y su eje democrático se abre sobre la base de la democracia liberal-burguesa. Allí, las reivindicaciones sociales no encuentran asidero más allá de la protesta, y por lo tanto reconfigura el orden capitalista sin generar alternativa alguna.
Puntualmente, el proceso colombiano se expone como un caso sui generis, que muestra, no sólo la difícil construcción de una institucionalidad seria y comprometida, sino las innumerables problemáticas de pobreza, desigualdad, inequidad y exclusión. Nuestro Estado no sólo es fallido en el cumplimiento de derechos, sino en la construcción de un sistema político plural y amplio que verdaderamente pueda generar garantías para el establecimiento de otro modelo social y político. No en vano, mientras se habla de paz, el gobierno duplica la asignación de licencias para explotación al capital transnacional, acrecienta la desigualdad y las garantías para el ejercicio político, fomenta políticas de concentración de la riqueza en los más poderosos y atribuye facultades de superministros a representantes y agentes de los grandes banqueros y terratenientes del país.
Hay una amplia evidencia de que la tercera vía en Europa y en cualquier parte del mundo no media entre las dos tensiones de control de poder, sino cede, efectivamente, a que se conserven los intereses de clase de los más poderosos. La solución, entonces, no es mediar en lo inmediable, ni posar de neutro ante intereses y problemáticas claras de la lucha social y política, la salida efectiva es la concreción de un modelo realmente alternativo que reduzca los excesivos poderes del capital y que permita la participación e inclusión del país político que clama vocería y representación en el espectro nacional.
A Santos y su gabinete de tecnócratas, recordarles que no se pueden acoger modelos como recetas inmodificables, esperando resultados imposibles de cumplir. Para hablar realmente de superar el conflicto, el país debe destinar sus recursos, no a pagar de forma exorbitante la deuda pública, ni a beneficiar con exenciones tributarias a banqueros y transnacionales, sino a resolver derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda; a garantizar la redistribución equitativa del gasto público y, con ello, a garantizar seguridad social para todas y todos los colombianos; a modificar, sin reparos, el desbastador modelo de desarrollo imperante.
La tercera vía no tiene ni piso ni camino que recorrer, en medio de un país que aún no supera el latifundismo y la violencia como medio de apropiación, donde el desarrollo agrícola e industrial es deficiente, donde las fuentes de generación de riqueza hacen parte de los particulares e incluso, donde la institucionalidad no supera su eje de acción más allá de las grandes capitales y donde ha imperado la reiterada dominación de los más poderosos. Por ese camino, ni la paz, ni la visión que proyecta Santos modifica realmente las condiciones que crearon el conflicto social y armado, sino que profundizan las contradicciones mismas del modelo c y su accionar, y, por esa vía, nos deja un camino desesperanzador y triste a quienes creemos que la paz es la puerta de entrada a para erigir una hoja de ruta que cambiará a Colombia y permitirá la verdadera construcción de la paz con justicia social. Nos queda la lucha popular y social para reiterarle, no sólo a Santos, sino a su modelo, que el país tiene que avanzar, si realmente quiere que la violencia deje de ser el argumento para la generación de una Colombia más justa y equitativa.
