En la carretera Bogotá - Girardot se presenta el mayor flujo vehicular de Colombia. También uuse encuentran los sitios de recreación más apetecidos del interior del país. En el año 2016, siendo vicepresidente Germán Vargas Lleras, se adjudicó la construcción del tercer carril de esa importante vía.
Se dispusieron para la obra 1.7 billones pesos. La Agencia Nacional de Infraestructura, entidad que tiene sus oficinas en un edificio de vidrio sobre la Avenida El Dorado en Bogotá, se encargó de la adjudicación material del contrato.
ConConcreto, vestido con el ropaje de Consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, razón social compuesta por Industrial ConConcreto, Constructora ConConcreto y unos chinos de la China con cara de yo no fui, se quedaron con el contrato billonario. Hasta ahí todo está bien.
Todavía a nadie le duele una muela.
La cosa empieza a complicarse cuando la Superintendencia de Industria y Comercio es informada de que al parecer, los beneficiarios del billonario contrato se habían puesto de acuerdo para quedarse con el negocio.
Hecho idéntico al presentado hace dos años, con los pañales, el papel higiénico, las toallas higiénicas y un montón de elementos de aseo, sin que ese aquelarre de precios, calidad, comercialización y puesta del producto en el mercado, tuviera consecuencias diferentes para las empresas productoras, a una multa que nadie va a pagar y sin que nadie las obligara a devolver un solo centavo a los usuarios por el sobreprecio artificial que les impusieron durante casi una década.
Hasta ahí, a nadie le duele una muela.
El asunto se complica de verdad cuando la Fiscalía pretende cumplir con su manual de funciones y da inicio a una serie de indagaciones y revisión de las actuaciones de cada uno de los intervinientes en el contrato billonario, con el propósito de establecer la veracidad de la información que ya investigaba la Superintendencia de Industria y Comercio.
En esos momentos empieza el dolor de muela.
Los abogados de las compañías beneficiarias del contrato consiguieron que dos jueces de la república y un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, impidieran que la Fiscalía accediera al material probatorio recaudado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
El argumento de los funcionarios judiciales, los mismos que lanzan a la cárcel al ladrón de un racimo de bananos con la misma facilidad con que se toman un vaso de agua, fue que, en su togado criterio, las pruebas recaudadas por la Superintendencia de Industria y Comercio podían afectar el buen nombre y la intimidad de los supuestos confabulados.
Ahora si empiezan a dolerme las muelas.
La Fiscalía ha insistido con vehemencia en la obtención de las pruebas recaudadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta el extremo de presentar una tutela para proteger el acceso a la justicia en conexidad con el debido proceso sin que tal acción haya mellado un ápice la muralla creada por dos jueces y un magistrado, para la defensa del buen nombre y la intimidad de indefensos y buenos muchachos que se dedican a conseguir contratos en la oscuridad de la noche.
Aunque me alegra saber de la existencia de jueces y magistrados tan considerados, asunto que debería trascender a personas diferentes a los más consentidos contratistas del gobierno, siento una gran inquietud, y no quiero pensar en que la actitud considerada de los jueces y el magistrado, presenta alguna relación con la no establecida estrechez en la amistad y el grado de relación existente entre los ganadores del contrato billonario y el siempre privilegiado exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.
Sin el ánimo de convertirme en ave de malos presagios, confío en que el tercer carril no le haga doler las muelas a Colombia entera.
