El problema más delicado que padecen más de diez millones de habitantes de la Costa Atlántica es el deficiente y costoso servicio eléctrico que presta Electricaribe, empresa ahora administrada por el gobierno nacional después que fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hace más de dos años, el 15 de noviembre de 2016.
Una vez expedida la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos, basada en el artículo 365 de la Constitución Nacional de 1991, se dio la largada a la privatización del patrimonio público con el prurito neoliberal de que se iba a mejorar la eficiencia, acabar el despilfarro y controlar la corrupción. La región Caribe fue donde se llevó a fondo este proceso, al punto que se despedazó la empresa industrial y comercial del Estado, Corelca, creada por la Ley 59 de 1967, y que tenía integración vertical, ya que generaba la energía, la transportaba por cables de alta tensión, la distribuía y la comercializaba. Las dos últimas funciones las prestaban las electrificadoras en cada uno de los departamentos costeños, de propiedad mayoritaria de Corelca.
En 1998, el gobierno de turno intervino y asumió el control de todas las electrificadoras de la región Caribe y luego las enajenó a una empresa extranjera con sede en Caracas, cuya mayoría accionaria fue comprada después por la transnacional española Unión Fenosa, luego Gas Natural y ahora Naturgy. En vez de hacer las inversiones requeridas, Fenosa desmanteló miles de kilómetros de redes de cobre (de los mejores metales conductores de energía) para venderlos fuera del país y hacer una gran fortuna, reemplazándolos por redes de aluminio de mala calidad y con una vida útil de cinco años, una de las causas del pésimo servicio. También despidió a miles de operarios expertos en las labores eléctricas e impuso una despiadada tercerización laboral, al punto que hoy tiene la empresa 1.500 trabajadores propios y más de ocho mil a destajo, lo que ha desmejorado aún más el servicio. Como si fuera poco, la Contraloría General de la República encontró desfalcos multimillonarios por más de 217.000 millones de pesos en la aplicación del subsidio del FOES para los sectores más vulnerables y por más de cien mil millones de pesos en los programas de normalización de redes y electrificación rural.
En 2016, al incurrir Electricaribe en “limitación de suministros de energía” en más 50 veces, o sea, no poder pagar las compras del fluido a los generadores a tiempo lo que tuvo a la Costa ad portas de un apagón, y debido al pésimo servicio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la intervino y asumió el control y su administración con fines de liquidación. En 2017, el gobierno contrató a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para que hiciera un estudio y recomendara las salidas a la crisis con un contrato por valor de casi tres mil millones de pesos salidos de las tarifas de los sufridos usuarios. Como la FDN es controlada por el Banco Mundial, la CAF y el Banco Sumitomo de Japón, el servicio eléctrico de la Costa quedó en manos de la banca internacional, sin tener en cuenta a las fuerzas vivas de la región. Hoy la empresa está en venta al mejor postor, pero solo se ha interesado la multinacional italiana Enel, que está semana admitió que está buscando un socio para repartirse el negocio de distribución y comercialización y acabar de despresar la empresa, cuyos resultados serían funestos.
La bancada alternativa del Senado de la República ha organizado una audiencia pública sobre Electricaribe y la búsqueda de salidas a la crisis, que se efectuará en Barranquilla el sábado primero de diciembre próximo, a la cual están invitando a la bancada costeña, a gobernadores y alcaldes, a entidades de control como Superservicios, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, y a organizaciones sindicales, sociales, comunales, gremios, diputados, concejales, expertos en la materia. Es la primera vez que se hace una convocatoria de tal envergadura. Se esperan conclusiones y propuestas que alumbren el camino de la solución a esta crisis estructural a través de un operador público, de lo que depende la calidad de vida de más de diez millones de habitantes y la competitividad del sector productivo.
