En el curso de esta semana se ha venido desarrollando un intenso debate sobre las consecuencias que podría tener la decisión presidencial de objetar o sancionar la ley estatutaria de la JEP, sobre los resultados de la audiencia de la Corte Constitucional para escuchar las versiones acerca de la conveniencia o no de la fumigación con glifosato y sobre el “adoctrinamiento” en las escuelas públicas a favor de la JEP y de la ideología de género, propuesta por los senadores Uribe y Rodríguez, del Centro Democrático, y el senador del Partido Colombia Justa Libres, respectivamente.
Desde luego son debates recurrentes, que aparecen y desaparecen del escenario según las circunstancias y modalidades del momento político, pero el de ahora sí que está mostrando el verdadero carácter del “gobierno de Uribe y del presidente Duque” en una forma descarnada y real.
Lo de la arremetida contra la JEP no es ninguna novedad, porque desde la campaña presidencial el presidente Duque dijo claramente que reformaría algunos aspectos fundamentales del Sistema de Justicia Transicional, de tal manera que la objeción a algunos de los artículos de la ley estatutaria por inconvenientes, que seguramente será lo que vendrá según los comentaristas más informados, no pasarán de ser algo más que la continuación del proyecto de los sectores más reaccionarios y guerreristas del Centro Democrático, que no descansarán hasta no acabar con el mecanismo de la Justicia Transicional para la Paz empleando todas las formas de lucha a su disposición, empezando por la actitud conspirativa y el comportamiento agresivo del Fiscal General de la Nación, quien no descansará hasta no haber terminado con el principal obstáculo en su carrera de camaleón avezado y tramposo.
La forma oportuna y calculada como tramitaron la detención del excongresista Pinto y la del Fiscal Bermeo recibiendo un fajo de billetes por debajo de la mesa, con el supuesto de presionar la no extradición de Santrich, es todo un cuento novelesco que no se lo come nadie en sano juicio, a no ser que hayan montado todo un concierto para delinquir contra la JEP desde la misma justicia norteamericana, porque no hay otra explicación coherente para la negativa a la presentación de las pruebas contra Santrich.
La frase lapidaria de Fernando Londoño, director de La Hora de la Verdad, “Vamos a llegar al poder para hacer trizas ese maldito acuerdo de paz con las Farc”, marcó la hoja de ruta de este gobierno, porque no solamente no expresa ninguna payasada de ningún loco incontinente, sino que es todo un programa de la ultraderecha radical que se está cumpliendo a cabalidad, precisamente con María Fernanda Cabal, y Paloma Valencia que no es precisamente la valencia de la paz, sin descontar a Obdulio Gaviria que está siguiendo al pie de la letra la orden del comandante mayor: “Lo mejor es acabar con la JEP ahora que hay condiciones políticas para hacerlo”.
Que nadie se llame a engaño. Menos mal que los que llamaron públicamente a la abstención electoral desde las posiciones vacilantes y acomodaticias de una supuesta tercera vía, estaban plenamente avisados del proyecto político de la ultraderecha que se nos venía encima; de tal manera que ya no es el momento de llorar sobre la leche derramada, como lo están haciendo ahora en forma mendicante y menesterosa algunos supuestos defensores de los acuerdos de La Habana, sino que es la coyuntura propicia para recoger las banderas y continuar en la lucha con la movilización ciudadana por la vida, la paz y la apertura democrática.
Lo de la Corte Constitucional en audiencia sobre los cultivos ilícitos es otro cuento del pastorcito mentiroso. Cincuenta años de lucha sangrienta contra los narcotraficantes invencibles, es todo un manifiesto político del fracaso contundente de la clase dominante, frente a la resolución de este problema, y un argumento irrebatible sobre la necesidad de enfrentar la legalización del narcotráfico como única posibilidad de solución, a no ser que un gobierno democrático se proponga la realización de una profunda reforma agraria que le de tierra, créditos, tecnología, mercados, vías de comunicación, educación, salud, vivienda y trabajo a los campesinos, que es precisamente el programa que brilla por su ausencia en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno.
Comprobado científicamente por eminentes autoridades en la materia, está demostrado que el glifosato causa graves daños al agua, la flora, la fauna, los animales domésticos (no me estoy refiriendo a ningún parlamentario), los alimentos de pancoger, el ecosistema y al hombre mismo; pero el modelo de acumulación capitalista neoliberal necesita de la guerra para poder subsistir y acude presuroso al glifosato como única forma de salvación para poder continuar con las ganancias y privilegios de su sistema depredador.
¿Qué posiciones de “flexibilización” puede haber por parte del gobierno frente a la fumigación con glifosato, alegando razones técnicas para combatir el problema de los cultivos ilícitos, cuando la práctica histórica ha demostrado hasta la saciedad que este no es el camino de la solución?
Se trata de nuevo y por enésima vez de un problema eminentemente político. Mientras no haya en el país una reforma agraria profunda, el problema continuará indefinidamente, que es precisamente lo que le conviene a la clase dominante para poder conservar sus privilegios.
Y terminemos esta nota con un comentario sobre el “adoctrinamiento” en las escuelas a favor de la JEP, que, no obstante aparecer como una discusión bizantina y falaz, tiene una carga de profundidad filosófica y política, que está expresando con claridad la orientación de clase que quiere el sistema dominante en su versión más retardataria, autoritaria y feudal.
Ninguna clase social en el poder es neutral frente al modelo de educación. Nunca la ha habido ni nunca la habrá. Lo que en el fondo argumentan el senador Uribe y el senador Rodríguez es la necesidad de que el Estado financie con los dineros públicos de los colombianos la educación técnica y científica para la empresa privada y las multinacionales, algo así como una versión corregida y aumentada del programa de Santos: “Ser Pilo Paga”.
No hay tal discusión de fondo sobre la formación de los niños en la visión de la historia. Lo que verdaderamente es significativo y necesario es la discusión sobre la prioridad de la financiación para la educación pública; la privada tiene con qué sostenerse, al fin y al cabo está financiada por los grandes grupos económicos, es decir, los grupos de poder que manejan sus proyectos de desarrollo económico y social, que no es otro que el neoliberalismo salvaje, autoritario y antidemocrático.
¿Cuántos estudiantes se presentan al examen de admisión en las universidades públicas y cuántos pasan la prueba? Este mero hecho está demostrando sin apelación que el modelo de educación en este país tiene un sello de clase indiscutible, que además se corrobora con las palabras del senador Uribe cuando afirma que a los estudiantes de las escuelas donde los están “adoctrinando” deben estudiar en colegios privados pagados por el Estado.
Hágame el favor: un país donde el sueldo de los maestros está por el suelo; donde la lectura crítica de los estudiantes de 15 años está en el 1%; donde la formación política de la mayoría de los estudiantes brilla por su ausencia, a tal punto que el 81% de los jóvenes de 18 años no votó en la consulta anticorrupción; cuando 4 billones de pesos del Estado se transfirieron a la educación privada con el programa “Ser Pilo Paga”; cuando lo que se quiere ocultar a las nuevas generaciones es el debate de qué fue lo que pasó verdaderamente con la historia de la guerra. Tienen rabo de paja y sienten pavor de arrimarse a la candela.
No es gratuito que precisamente en medio del conflicto con Venezuela, ad portas de unas elecciones regionales y locales, con un proyecto de Ley de Plan Nacional de Desarrollo en discusión en el Congreso de la República, salten a la opinión pública en estos momentos con tanta intensidad los tres temas que estamos considerando: el desmonte de la JEP, la fumigación con glifosato y el “adoctrinamiento” en las escuelas a favor de la justicia transicional. Ninguna clase social en el poder es neutral frente al modelo de educación. Nunca la ha habido ni nunca la habrá.
