Aunque parece un entramado difícil de descifrar, cuando se analizan a fondo los diversos conflictos armados que persisten, especialmente en Oriente Medio, y se comparan con el colombiano, existe un elemento común desde el ámbito económico que los asimila. En efecto, hay unos beneficiarios finales de estos conflictos y en general de la guerra, que son frecuentemente poderosos y grandes conglomerados económicos, de carácter monopolista y transnacional, no solo en la venta de armas, sino en todo el negocio de especulación inmobiliaria, financiera y sus diversas ramificaciones.
Esta no es ninguna genialidad investigativa, se sabe hace décadas, y de hecho fue la clave de la recuperación económica de Estados Unidos tras la gran depresión de 1929. La Segunda Guerra mundial permitió a este país transformar su aparato productivo en el “complejo militar industrial”, responsable de la absorción de millones de trabajadores y la inclusión de las mujeres al mercado laboral.
Lo nuevo son las sofisticadas formas que los conflictos han adoptado en la actualidad. En Siria, por ejemplo, la guerra que comenzó hace una década ha permitido que la inversión extranjera compre ciudades enteras y esté avanzando en la reconstrucción de estas ciudades, en beneficio de grandes empresas de construcción y de bancos que financian estas operaciones. Mientras tanto, 5 millones de sirios han tenido que salir de sus territorios, lo que deja despoblada millones de hectáreas a costo cero, es decir, que se traduce en mayores utilidades para quienes lleguen a ocuparlas posteriormente.
Durante décadas, en el Presupuesto General de la Nación
el gasto en defensa y el servicio de la deuda, han tenido prioridad
sobre la infraestructura o ciencia y tecnología, claves para el desarrollo
En Colombia, el conflicto armado no se explica ni se justifica con la economía, pero sí ha servido como pretexto y distractor para adoptar medidas en beneficio de estos mismos intereses. Por ejemplo, durante décadas, en el Presupuesto General de la Nación el gasto en defensa y del servicio de la deuda, que se adquiere -en parte- para la defensa, ha tenido prioridad sobre el gasto en infraestructura o el de ciencia y tecnología, claves para el desarrollo.
Como en el caso de Estados Unidos y de Siria, es obvio que el conflicto armado en Colombia tiene unos beneficiarios, a los que se suman quienes llegan a cargos de elección popular con los votos de las cortinas de humo. Para muchos, la esperanza de la firma del acuerdo de paz con las Farc consistía en que -por fin- el debate nacional podría concentrarse en resolver el principal problema que tiene Colombia, que es la economía. El rearme, entonces, será usado nuevamente como argumento para aplazar la discusión de fondo sobre el modelo que se requiere para encaminar a Colombia hacia el desarrollo.
En Colombia, el conflicto armado no se explica ni se justifica con la economía, pero sí ha servido como pretexto y distractor
de medidas en beneficio de esos intereses
