La información comienza así: “Rigoberto Ordoñez Bastidas era firmante del Acuerdo, quien actualmente realizaba su proceso de reincorporación en el municipio de Orito, Putumayo”. Y luego continúa: “Este firmante fue asesinado en la vereda El Azul, inspección de Siberia, municipio de Orito Putumayo en cercanías a la escuela de la zona”. Según la cuenta de Indepaz, se trata del firmante de paz número 19 asesinado este año.
El dato corresponde al 10 de agosto, justo cuando los firmantes de paz rendían homenaje a la memoria de Jacobo Arenas, conocido en vida como el ideólogo de las FARC, el hombre que concibió y diseñó la idea de la solución política al conflicto armado colombiano, a la que dedicó, con verdadera pasión, los últimos años de su vida, desde su puesto al lado de Manuel Marulanda Vélez, en el idílico campamento del pueblito, conocido como Casa Verde en los medios.
Es que Jacobo murió también un 10 de agosto, en 1990, cuatro años antes de que pereciera asesinado, el 9 de agosto de 1994, el periodista y militante comunista Manuel Cepeda Vargas, producto de una conjura que involucró al Ejército Nacional, empecinado por entonces en la ejecución de un plan definido mil veces como macabro, el exterminio de la Unión Patriótica, partido político nacido del Acuerdo de Paz de la Uribe suscrito en 1984.
Si el santoral de la iglesia católica comprende todos los días del año, cada uno dedicado a un santo distinto, en Colombia bien podría hacerse algo parecido con los mártires de las luchas populares, con la seguridad de que en cada día habría múltiples víctimas para recordar. De hecho, este 10 de agosto también asesinaron a Wilfrido Segundo Izquierdo, líder indígena arhuaco, en Santa Marta, en el Magdalena. El crimen no para, ni siquiera en el gobierno de la vida.
El pasado jueves, en la sección Bogotá Metropolitana del diario El Tiempo, publicaron una crónica titulada “El explosivo que pudo haber causado una tragedia en atentado en Teusaquillo”, escrita por Jonathan Toro Romero, acompañada de este subtítulo: “El atentado, presuntamente, iba dirigido contra un militante del partido Comunes y ex Farc. Pruebas sugieren que la camioneta estaba siendo perseguida y que el embotellamiento habría sido planeado”.
En el informe periodístico se ponen de presente varias cosas. Primero, que la noche del 19 de julio se vivió una gran zozobra en Bogotá por cuenta de un poderoso explosivo que apareció en la localidad de Teusaquillo. Luego, que en las cámaras revisadas por las autoridades se ve cómo un hombre lanzó el maletín debajo de una camioneta blindada de la UNP, estacionada en medio del tráfico. Después se describen las características y el tremendo poder destructor del explosivo.
El atentado iba dirigido contra Gabriel Ángel, ex Farc, no sólo porque era quien se trasladaba en el vehículo bajo el que se arrojó el explosivo, sin porque las revisiones a las cámaras dan cuenta del seguimiento del que fue objeto
El cronista reseña enseguida que el atentado iba dirigido contra Gabriel Ángel, ex Farc, no sólo porque era quien se trasladaba en el vehículo bajo el que se arrojó el explosivo, sin porque las revisiones a las cámaras dan cuenta del seguimiento del que fue objeto por un grupo del que hacían parte varias personas. Los investigadores, no lo dice la crónica, también precisaron que un motociclista estuvo, desde temprano, reparando desde el exterior el lugar de mi trabajo.
Y que luego, ese mismo sujeto fue captado en cámaras cuando recogió al que lanzó el explosivo, para escabullirse deprisa los dos por alguna de las avenidas a las que desemboca el sector. Así que no cabe duda acerca de quién era el sujeto pasivo del crimen frustrado. Lo cual contrasta con los presuntamente o al parecer con los que autoridades, como el alcalde mayor de Bogotá, se refirieron por los medios a los hechos. Tal vez iban a matarlo, sí, quién sabe.
La crónica permite apreciar la ejecución de un plan criminal cuidadosamente elaborado, por parte de una estructura organizada en diversos escalones y tareas. A la que, para fortuna de su víctima, le falló en último momento el dispositivo de activación de la bomba. “Si ese maletín hubiera estallado, hubiéramos vivido en Bogotá una tragedia, como no se veía, por lo menos, desde hace 12 años”, aseguró la investigación. No es para menos, todo el sector habría sido impactado.
No solamente el protegido y sus escoltas. Sino los transeúntes que pasaban, la buseta que iba delante de la camioneta y que transportaba niños de su colegio a casa, los negocios y las viviendas aledañas. La perversa determinación criminal no deja dudas. Matar ejemplarmente, sin importar vidas y horrores. En otras épocas, como cuando se desarmó el M-19, el gobierno envió al exterior, para protegerlos, a posibles víctimas de atentados.
Uno de ellos Petro, cuya gestión ante los crímenes de hoy desconcierta. Algo se cuece gravemente en Colombia, sin que exista una reacción oficial organizada. Quizás qué otros planes avanzan en silencio. Ultraderecha, marquetalianos, mordiscos, calarcás, elenos, paracos, se respira el hedor.
