Como ha sucedido en lo que va del gobierno de Iván Duque, el cual cerró su primer año con 18 viajes internacionales más sus constantes declaraciones, es claro que le importa más lo que sucede en Venezuela que lo que sucede en Colombia. Para la muestra un botón:
La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo de Venezuela: “Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, la violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas”. Ante lo cual el presidente Duque manifestó: “Espero que con este resultado del informe de Michelle Bachelet la Corte Penal Internacional pueda rápidamente, ya no solamente abrir la investigación, sino tener la evidencia contundente para que se adelante un juicio y reciba su merecido un dictador que ha acabado con el pueblo venezolano”.
Y con respecto a nuestra situación actual, ¿por qué no se usa la misma estrategia de alzar la voz y solicitar que la Corte Penal Internacional abra una investigación en Colombia de todas las violaciones de los derechos humanos que suceden todos los días? Claro, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero acá en Colombia tenemos: ataques a defensores de los derechos humanos, violencia sexual, asesinatos, desplazamiento forzado y corrupción estatal. Sin embargo, para todos estos problemas no hay cerco diplomático, ni se ve la más mínima intención de abordarlos.
Revisemos los datos en nuestro país:
1) Crímenes contra líderes sociales. Según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 1 de enero del 2016 y el 20 de mayo del 2019 fueron asesinados en todo Colombia 837 líderes sociales y defensores de derechos humanos, la gran mayoría se presentaron en el 2018, en donde murieron 282 líderes. Por su parte, el defensor del pueblo Carlos Negret menciona: “Entre marzo de 2018 y mayo de 2019 al menos 481 lideresas sociales o defensoras de derechos humanos fueron agredidas. De estos 447 fueron amenazas, 20 fueron asesinadas y 13 fueron víctimas de atentados”.
2) Desplazamientos forzados. En el boletín de prensa 22-19 de la Defensoría del Pueblo se menciona que en el 2019 han ocurrido 35 desplazamientos masivos que ha afectado a 8,223 colombianos solo en el primer semestre de este año.
3) Desnutrición infantil. Como lo reportó la Defensoría del Pueblo, 308 niños y niñas murieron en Colombia por desnutrición entre el 01 de enero de 2018 al 27 de abril de 2019. Además, la Secretaría de Salud reportó un aumento en un 51% en los casos de desnutrición crónica en menores de 5 años en los últimos tres años, pasando de 33.630 casos en el 2016 a 54.485 en 2018. Y como lo menciona en su página la Sociedad Colombiana de Pediatría: “Esta semana el mundo se escandalizó con la alerta de Médicos Sin Fronteras por la grave desnutrición crónica del 38,3 por ciento que sufren los niños en Sudán del Sur, lo que pocos saben es que en Colombia hay departamentos que alcanzan tasas similares, como es el caso de Vaupés, donde la desnutrición crónica afecta al 34,7 por ciento de los menores de cinco años, o en La Guajira, con un 27,9 por ciento”.
4) Corrupción institucional. Según el Índice de Transparencia Internacional, donde el valor de 0 es el nivel más alto de corrupción y el valor de 100 es el de transparencia, en Colombia la percepción es de 36 puntos y cayó de la posición 96 a la 99, entre los 180 países analizados.¿Qué ha hecho ante esto el gobierno de Duque? Dejó morir una a una las propuestas del plebiscito anticorrupción.
Pero esto no todo, en el informe Así se mueve la corrupción. Radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018, realizado por la Corporación Transparencia por Colombia, se muestra que entre enero de 2016 y julio de 2018 se identificaron 327 hechos de corrupción reportados por la prensa nacional y regional en los 32 departamentos del país. El 69 % de los hechos son de alcance municipal, el 25 % de nivel departamental y un 6 % de hechos restantes correspondieron a hechos de alcance nacional. Además, el monto de la corrupción en Colombia es cerca de $ 17,9 billones, equivalentes a la mitad del presupuesto de inversión del gobierno nacional en el sector educativo durante 2018.
Y aún hay más, según cifras oficiales de la Contraloría General de la República, al mes de agosto de 2018 existían 154 procesos de responsabilidad fiscal por más de $ 84.000 millones generados alrededor de la corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el cual se ofrece suplemento alimenticio a escolares de más de 500 municipios del país. Y a eso le debemos sumar los hechos de alta gravedad que han sido publicados en las dos últimas semanas: la corrupción del Ejército, en la que militares están amenazando y presionando a quienes están denunciando los falsos positivos y actos de corrupción en la institución. Además, ya previamente la ONG Human Rights Watch había publicado un informe en donde aseguraba que al menos nueve generales colombianos que fueron nombrados por el gobierno en puestos claves del Ejército habrían participado en ejecuciones extrajudiciales. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, fue claro en decir: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”.
Fuera de eso está el escándalo de espionaje en la Fiscalía General de la Nación, en el cual se ha demostrado que la misma institución está comprometida en atentados, amenazas y seguimientos ilegales, en los cuales también estarían participando militares activos y retirados. Además, como lo menciona en el artículo Traición en el búnker de la Fiscalía: “El año pasado, cuando la Corte Suprema anunció una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, ordenó también informar por qué a finales de marzo del 2015, el infalible sistema Esperanza de la Fiscalía misteriosamente no grabó. Los temores quedaron confirmados esta semana, cuando se reveló en una audiencia judicial que seis comunicaciones de este caso habrían sido alteradas”.
Tenemos que hablar de frente, este gobierno nos va a llevar a que los corruptos violenten nuestros derechos y sigan en el poder. ¿Cómo se puede interpretar que el Centro Democrático busque por todas las maneras que una persona que desfalcó al Estado colombiano por veintiséis mil millones de pesos, como dice la sentencia Andrés Felipe Arias, quede en libertad?
Y ante toda esta realidad colombiana, lo único que nos queda preguntarnos es: ¿cuándo vendrá la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Colombia?
