Sigue la preocupación en la Universidad de Cartagena tras el fallo judicial que nos obliga a devolver a Ecopetrol cerca de $200.000 mil millones de pesos por pago de estampilla. Y no es para menos, pues representa el 44% de su presupuesto en el 2024, en un país donde el SUE calcula un déficit de más de 18 billones y las IES públicas se autofinancian en cerca de un 50%; hechos que explican los aumentos de la Universidad de Cartagena en su endeudamiento durante el 2020-2022 y el peso cada vez mayor de las matrículas y la venta de servicios en sus ingresos.
Todo lo anterior se agrava, si se tiene en cuenta que el último informe de la calificadora de valores Value and Risk (2023), refleja una pérdida operacional de $19.139 mil millones para 2022, un pasivo de cerca de $100 mil millones y una posición de liquidez ajustada. Por estas y otras razones le asigna la calificación BBB- a su capacidad de pago. Es decir, "la más baja en grado de inversión y haciéndola más vulnerable a los acontecimientos adversos". ¡Hoy a la Universidad de Cartagena no le cabe una tragedia más!
Ante este contexto, los estamentos de la universidad e incluso ciudadanos del común, nos movilizamos pacíficamente el pasado 19 de marzo en defensa de la educación pública y alertando que se encuentren salidas urgentes. Es necesario y deseable que la Corte Constitucional revise el fallo dadas las presuntas irregularidades del proceso. Sin embargo, al tratarse de un pleito que involucra literalmente a "dos brazos del Estado", lo principal y de mayor viabilidad práctica, es que el gobierno nacional evite que se pongan en riesgo nuestras operaciones y objetivos misionales.
En lo fundamental, las discusiones al interior del claustro, el Congreso de la República y las autoridades locales, evidencian tres coincidencias claves:
1. La Universidad de Cartagena no tiene cómo pagar esa deuda.
2. Un acuerdo de pago con recursos propios, marchita el carácter público de la educación para más de 23 mil estudiantes, trabajadores y administrativos.
3. Se requiere de voluntad política del gobierno nacional, con los distintos mecanismos y fuentes de financiación que cuenta, para resolver la crisis. Cómo dice la sabiduría popular: "el balón está en su cancha".
Sobre esto último, recientemente el presidente Petro señaló que los 200.000 mil millones no deben salir de la Universidad de Cartagena, pero sin establecer ninguna propuesta concreta. Desde entonces, se ha hablado de condonar la deuda -sujeta al debate sobre detrimento patrimonial en Ecopetrol por el no cobro- e incluso una donación que realice Ecopetrol por la misma suma con la posibilidad de obtener beneficio tributario que la compense, pero sobre la que no existe claridad jurídica de la viabilidad. El sentido común señala que tras más de una década de incertidumbre judicial, cualquier "salida" que abra paso a otra controversia legal es poco sensata.
Así las cosas, si se miran aspectos como los tiempos (claves para que la deuda no aumente más) y el músculo financiero (capacidad inmediata de pagar la deuda), el gobierno nacional vía traslados presupuestales o acuerdos de pago a cargo del Ministerio de Hacienda, tiene las condiciones para atender la crisis y sin abocarnos a cualquier otra discusión legal, con todo el desgaste y riesgo que eso implica. La ley 30 de 1992 no impide que se trasladen recursos a las IES públicas para cualquier finalidad.
Debe promoverse una mesa técnica con rango normativo y vinculante, con participación de los estamentos de la Universidad de Cartagena, el Gobierno nacional y Ecopetrol, para definir las medidas concretas que resuelvan el problema. Y en ese contexto es clave fortalecer la organización y movilización -especialmente los estudiantes- como herramientas para presionar que se salvaguarde el carácter público de la Universidad de Cartagena. La historia de las luchas democráticas prueba que sin esto último cualquier progreso es imposible.
