Fue el presidente Belisario Betancur y su ministra de comunicaciones, Noemí Sanín, quienes se empeñaron en crear las televisiones regionales. Su propósito era fortalecer la identidad cultural y dinamizar la creación regional a través de la televisión, el medio entonces más consumido por los colombianos tanto en entretenimiento como en información noticiosa. Era la manera para estimular a las regiones para producir televisión local pero también dotarlos de equipos para prestar servicios de grabación, producción y post-producción de televisión a terceros.
En la recta final de su gobierno, Betancur inauguró Telantioquia, Telecaribe, Telpacífico y Telecafé, esta última el 15 de julio de 1986 —y en un comienzo solo con sede en Manizales— con las Empresas Públicas, la Industria Licorera de Caldas e Inravisión como socios. Cuatro años después, por decisión del Presidente César Gaviria, oriundo de Pereira, en julio de 1991, la Junta Directiva de Telecafé aprobó establecer tres estudios gemelos en las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales, unidos a través de una red de microondas y un estudio de coordinación en Pereira, que tendría a su cargo la retrasmisión de la señal. Se acordó que la gerencia rotaría entre los departamentos por delegación de los respectivos departamentos.
Los canales regionales nacieron como empresas mixtas del Estado buscando con ello una mayor flexibilidad para cumplir con su objetivo de poder vincular iniciativa privada y agilizar la contratación. Pero aquello que surgió como algo loable, por su propia naturaleza jurídica ha permitido desviarse de su propósito y convertir a los canales regionales en centros de contratación de entidades del estado para éstas realizar todo tipo de actividades y no precisamente asociadas a la producción de televisión. El caso de Telecafé, es uno de los más aberrantes, con unos ingresos que se han disparado en los últimos cuatro años, según información de la Contaduría General de la Nación.
Su vocación como productora de televisión ha ido quedando desdibujada —por no decir enterrada— para convertirse en una intermediaria financiera que firma convenios interadministrativos con decenas de entidades gubernamentales nacionales, regionales y locales para, paso siguiente, contratar Organizaciones logísticas para la realización de eventos, viajes, publicidad y promoción que definan los entidades dueñas de los recursos. Es la manera como las entidades del Estados se saltan la Ley 80, llamada a regular la contratación pública en Colombia.
Aunque los ingresos reportados por la Contaduría General de la Nación son muy superiores a los que aparecen en el SECOP, lo cierto es que Telecafé ha firmado, entre 2018 y 2021, 41 contratos de convenios interadministrativos por más de $35.000 millones.
Son, precisamente, estos convenios administrativos los que quedaron habilitados con la suspensión parcial de la ley de garantías por parte del Congreso en un procedimiento irregular, cuando senadores y representantes aprobaron el PGN para 2022 y de paso habilitaron el flujo de dineros públicos desde el gobierno nacional hacia las regiones en plenas campañas presidenciales y de Congreso.
Pero esos recursos que se direccionan en los convenios interadministrativos terminan en manos de las operadoras logísticas –conocidas en el sector privado como BTL– que pueden llegar a contratar hasta $1 billón anuales de la bolsa de operación que se destina por parte del gobierno para un sin número de actividades sin mayor vigilancia de los entes de control. Estos contratos casi siempre escapan del radar de la Contraloría y Procuraduría porque aunque el origen de los recursos es público, terminan siendo ejecutados por las operadoras logísticas. En el gremio hay unas 30 empresas que contratan con el Estado y son las más grandes del sector, de las cuales las diez más grandes del país son las siguientes.
El canal regional Telecafé se volvió especialmente competitivo por ofrecer las tarifas más bajas por manejar los recursos en los convenios interadministrativos y en promedio representa el 7% del contrato, mientras que las demás empresas mixtas, que son muchas, pueden llegar a ser hasta por 15%. Es decir, le apostaron al volumen para volver rentable su negocio. Con los recursos en caja, abren concursos y escogen los operadores logísticos.
Uno de los convenios administrativos más grandes firmado por Telecafé fue con el Ministerio de Educación en la recta final del gobierno Santos con Yaneth Giha como cabeza de la cartera, por cerca de $23.000 millones y cuya ejecución se la entregó a la operadora Pubblica, del empresario Héctor Botero, quien tiene el 72% de la empresa. En 2019 Pubblica tuvo ingresos operacionales por $40.000 millones.
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El turno en este cuatrienio para poner gerente del canal, un puesto más que apetecido en el eje cafetero, le correspondió al Quindío, pero tanto el gobernador Roberto Jairo Jaramillo –un liberal con respaldo de una coalición amplia–, como el de Caldas, Luis Carlos Velásquez –quien fue por firmas pero también apoyado por una amplía coalición– y el de Risaralda, Víctor Tamayo, tienen asiento en la Junta Directiva de Telecafé.
Cualquier fortaleza técnica y en la producción de contenidos que pudo tener Telecafé a la hora de escoger sus gerentes es asunto del pasado porque ahora imperan las presiones políticos. La primera gerente, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, quien llegó al cargo con el periodo de los nuevos gobernadores en enero de 2020, duró apenas quince meses. Renunció el 9 de marzo, un día antes de la reunión programada de la junta directiva. De filiación liberal, Aristizábal habría terminado favoreciendo los intereses de su padrino político, el senador caldense y también liberal, Mario Alberto Castaño, por encima de los de sus jefes naturales, los gobernadores de Caldas, Risaralda y Quindío.
El senador Mario Castaño busca repetir curul y esta vez una de sus fórmulas será Sandra Bibiana Aristizábal.
Con una trayectoria eminentemente política, había ocupado el cargo de secretaria de Hacienda en el gobierno del exalcalde de Armenia, David Barros Vélez, quien tiene dos condenas de 18 y 20 años por corrupción sin que esto le hubiera afectado sus pretensiones que ahora tiene puestas en el Congreso, a pesar de que Aristizábal había argumentado en su carta de renuncia a la gerencia de Telecafé que lo hacía para dedicarse a su posgrado y la vida familiar. Ahora aspira a ser representante a la Cámara por el Quindío, como una de las fórmulas de Castaño que busca repetir curul como uno de los alfiles del expresidente César Gaviria en la región.
Decidido a no permitir repetir la historia y asegurar el control de Telecafé, el gobernador del Quindío propuso el nombre de María Teresa Ramírez León, quien venía de formar parte de su gabinete como secretaria de Turismo, Industria y Comercio del Quindío. La junta directiva la escogió y se posesionó en mayo de este año en medio del boom de contratos para servicios de operación logística. Ramírez cogió un negocio andando, una caja registradora que no para de moverse y la presión de las entidades decididas a hacer eventos, viajar y realizar reuniones presenciales después del represamiento de la pandemia.
