Los 140 años de historia de la emblemática fundidora C. I. J. Gutiérrez terminaron abruptamente el 11 de abril del 2019. Ese día dos miembros del CTI de la Fiscalía entraron a la fundidora, que afronta un proceso penal por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir por exportar al menos 2.4 billones de pesos en oro de dudosa procedencia. Las sedes Nechí, Caucasia, El Bagre, Medellín, Caldas y Santander fueron allanadas y en ellas fueron detenidos 11 funcionarios entre los que estaba el representante legal Andrés Vieira Gutiérrez, el revisor fiscal Jorge Roberto Muñoz y el contador Guillermo Antonio Rojas quienes, tres meses después, siguen detenidos en Medellín. En ese operativo decomisaron 600 kilos de plata y 100 kilos de oro que podrían costar 20.000 millones de pesos. Dos días después convencieron al juez de garantías para dejar en libertad a Vieira a quien no se le imputó ningún cargo.
La Fiscalía ya había identificado a los testaferros de la fundidora, un puñado de personas con nula capacidad adquisitiva que han hecho negocios millonarios con la mayor y más antigua fundidora del país. Entre el 2006 y el 2019 C. I. J. Gutiérrez conformó un carrusel de proveedores alrededor de ella que eran sólo fachadas con muchísimo dinero circulando, pero con bajísimos niveles de utilidad. El blanqueo de dinero se había convertido en una práctica cotidiana.
Todos ellos eran testaferros. El tráfico del oro se volvió uno de los negocios más lucrativos de Colombia desde que el Banco de la República dejó de comprar el metal en grandes proporciones y el grueso de la producción es negociado directamente por fundiciones cuyo control se basa sólo en el principio de buena fe.
Esto hizo que aparecieran en el escenario del oro, desde mediados de la década del noventa, actores armados ilegales. Así fue como empresas operadas por testaferros del pastor evangélico Jairo Rendón, hermano John Fredy Rendón alias el Alemán, fundador de grupos delincuenciales como la Águilas Negras, Autodefensas Unidas de Colombia y el Bloque Héroes de Castaño, quien contaba con una licencia de explotación expedida por Ingeominas. El tratamiento que le hacen al oro de origen dudoso convertido en anillos u otras alhajas. Así al venderlo a las fundidoras sus dueños dejan de pagar aranceles.
Esas irregularidades, que empezaron a abrirse a mediados de los años noventa, se han transformado en número escandalosos.
Desde el 2015, gracias a las denuncias del Senador Iván Cepeda, quien presentó a la Fiscalía una solicitud para investigar a la Comercializadora Internacional Giraldo y Duque, se le empezó a poner el ojo a la fundidora C. I. J. Gutiérrez.
Por esos años las exportaciones de oro crecían dramáticamente: entre el 2008 y el 2012 pasaron de USD$32 millones a USD$203 millones, es decir un aumento del 532%. Durante los últimos meses del 2018 la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez estrechó el cerco contra la fundidora hasta el punto que lograron contactar a un exempleado que estaba dispuesto a hablar. El hombre entregó una lista en donde aparecían influyentes vendedores que, irónicamente, figuran como beneficiarios del SISBEN. Hay operaciones por 4.872 millones de pesos que se han hecho con cédulas de gente que está muerta y que tampoco aparece en el Archivo Nacional de Identificación. Así habrían podido lavar más de $10 mil millones.
El caso para la fundidora con una tradición de 140 años, que empezó con el sueño de guaqueros en las montañas de Antioquia empieza a complicarse todavía más. Los asesinatos de Alberto Rafael Manjarrez Escorcia en un puesto de comida rápida en barranquilla en agosto del 2017 y el del mototaxista Luis Miguel Acosta Chima en el Bajo Antioqueño a años del Clan del Golfo salpican a la comercializadora: ambos, a pesar de sus orígenes humildes, aparecen en la lista de sus proveedores de oro. Los días de C. I. J. Gutiérrez están contados.
