Recientes estudios revelan que en Colombia el 74 % de la población (38,45 millones de personas) usan redes sociales, convirtiéndose una de las principales fuentes de información y comunicación. Sin embargo, a diario vemos como esta herramienta tecnológica se ha convertido en un arma política y de expresión de odios personales.
Esto preocupa cuando el país está enfrentado por cuenta de pasiones políticas y el alto grado del poder de comunicación de las redes sociales sin comparación con otros medios. El portal web de EL TIEMPO no sobrepasa los cien mil suscriptores digitales activos (Yo soy uno de ellos) mientras en YouTube el Canal Televisión T-Series cuenta con 237 millones de usuarios; en 2022 Facebook Colombia contaba con 32,08 millones de usuarios y en enero de 2023 Twitter marcó casi seis millones de usuarios activos mientras la audiencia nacional de Caracol Radio tiene 1.6 millones de oyentes diarios de lunes a domingo. El presidente Petro tiene cerca de 7 millones de seguidores en Twitter con un promedio de 4 mil retweets y cerca de 7 mil “Me gusta”. Estas cuentas solo señalan el alto grado de cubrimiento de las redes sociales, por lo cual por su uso libre debemos cuidarnos de los mensajes cargados de odio y pasiones políticas.
Regulatoriamente sobre esta materia existe la ley 1273 de 2009 "De la protección de la información y de los datos" que crea un nuevo bien jurídico tutelado denominado protección de la información y de los datos y castiga penalmente el delito informático a fin de preservar integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Adicionalmente los usuarios cuentan con las redes sociales, comunidades digitales donde se comparte diferentes contenidos y se utiliza como un medio de expresión y comunicación de marketing, creencias, sentimientos o intereses políticos, algunas veces para desprestigiar, hostigar abierta y directamente u otras veces desde bodegas consistentes en programa y varios perfiles falsos desde donde se envían mensajes con el fin de crear una opinión de veracidad sobre algún hecho político, comercial o social. De ahí nace el fenómeno los influenciadores de opinión en redes sociales que tiene un número de seguidores capaz de crear tendencias unas veces reales y otras ficticias, hoy parte integral del marketing digital.
Sobre el derecho a la a libertad de expresión en la redes sociales la Corte Constitucional ha señalado un sendero regulatorio de no limitarlo, lo que se podría interpretar como que las personas podrán escribir cualquier tipo de comentario en Facebook o Twitter, aunque éste pueda incomodar a otros, pero con la condición, según lo afirma la Corte, que no se vulneren los derechos al buen nombre y la honra de alguien, en cuyo caso serán los jueces de la República los que regulen o vigilen esos comentarios y den órdenes de retirar los contenidos, sin perjuicio de la rectificación oportuna. Por la inadecuada información injuriosa se podrá incurrir en pena de prisión y multa, además responsabilidad civil con obligación de resarcir económicamente los daños y perjuicios causados como producto del comentario difamador por las redes sociales, responsabilidades que algunos usuarios de estos medios sociales que se toman con ligereza con sus acusaciones creyéndose inmunes a las responsabilidades que estas acarrean. Finalmente, la jurisprudencia colombiana y la regulación internacional coinciden en declarar que las aplicaciones no son responsables por los contenidos de sus usuarios. Son como un tren que llevan personas, pero no se hacen responsables de sus actos y opiniones.
Facebook es una plataforma en donde se puede compartir experiencias y concienciar sobre problemas importantes. En ocasiones, esas experiencias y problemas incluyen violencia e imágenes gráficas que son de interés público como, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con violaciones de los derechos humanos o atentados terroristas. En muchos casos, cuando la gente comparte este tipo de contenido, lo hace para condenarlo o concienciar sobre su existencia, pero se espera que se hagan con responsabilidad y decencia. La plataforma tiene normas comunitarias para su uso de manera que los usuarios se sientan seguros aplicando las políticas contra algún tipo de lenguaje o discursos de odio, matoneo o acoso, aunque se autorizan comentarios humorísticos, satíricos o sociales relacionados con estos temas. En Facebook no se permite la presencia de organizaciones y personas dedicadas a fomentar el odio, el abuso y la grosería. Los usuarios pueden tramitar a nombre propio o ajeno sus quejas directamente en la plataforma.
Twitter tiene la opción (directamente en el tuit) de denunciar un contenido si se considera ofensivo, abusivo o perjudicial. En cualquiera caso el único poder de las compañías es retirar las publicaciones de quienes las hagan. Ya le compete a la persona que sienta vulnerados alguno de sus derechos interponer una querella o iniciar la acción judicial del caso.
*El autor es experto en regulación de las nuevas tecnologías
