El pasado mes de agosto, al descargar el reporte de la DIAN, para presentar declaración de renta, me enteré de que tenía registrada una deuda con DAVIVIENDA de 37 millones de pesos; algo que llamó muchísimo mi atención, ya que no tengo ninguna relación financiera con dicha entidad ni nunca la he tenido.
Me acerqué inmediatamente, y por supuesto muy asustado, para pedir aclaración sobre esta deuda y una funcionaría me informó que efectivamente figuraba en mora por dos tarjetas de crédito expedidas por MACCENTER y PEPEGANGA, respectivamente con cupos superiores a 20 millones.
Cuando pedí la información me exigió la presentación del original de mi cédula y me tomaron datos y huella digital para verificar la identidad como reclamante, rigor que claramente no se dio al emitir las tarjetas de crédito expedidas en los comercios citados durante el año 2022.
Registré la queja, y tardaron 15 días en donde me invitaban y (transcribo literalmente) “poder dar una respuesta integral a su reclamación; este proceso determinará si usted brindó consentimiento efectivo y los procedimientos de autenticación biométrica e identificación fueron acordes con los parámetros …” “… presente copias de su documento de identidad ampliado al 150% y la denuncia por el delito de falsedad personal ante la fiscalía general de la Nación”
Atendí el requerimiento y presenté denuncia en la Fiscalía, junto con la copia de cédula (al 150%, práctica que aún no comprendo) y que entregué en la oficina. Además, presenté la queja en la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, aunque fue como hablar al viento, ya que 20 días después no he recibido respuesta alguna.
Hasta ese momento, molesto, pero resignado, solo esperaba una respuesta donde la entidad reconocía que no había realizado la autenticación adecuada para expedir tarjetas de crédito y que saldaría mi deuda.
Pero, la sorpresa mayor la recibí por correo electrónico donde Davivienda me adjuntaba tres cartas, además enviadas a una dirección en Santa Marta, no vinculadas conmigo, en la que se me informa que se realizó una CESIÓN DE OBLIGACIONES DEL BANCO DAVIVIENDA S. A. A FAVOR DE AECSA S. A., una empresa especializada en cobranzas ejecutivas que me envía las amenazas habituales de una empresa de cobranza como que si no pago seré reportado en CENTRALES DE RIESGO entre otras.
Es evidente que existen beneficios en esta red de valor. DAVIVIENDA, la entidad vigilada por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, entrega procesos a establecimientos comerciales no vigilados por la Superfinanciera, estos comercios entregan tarjetas de crédito a usuarios que no son clientes de DAVIVIENDA, porque si fuesen clientes DAVIVIENDA, con los datos ciertos podrían recibir una alerta de procesos no solicitados y sin el rigor de verificación de autenticidad de documentos, en mi caso con una fotocopia de mi cédula porque no he perdido mi documento original y la biometría que me exigen al reclamar no es solicitada a los hampones que solicitan tarjeta en el comercio.
Para mayor frustración en la reclamación, recibí respuesta de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en que me informan el ARCHIVO DE MI DENUNCIA POR LA RAZÓN: “Archivo por querellante ilegítimo art. 71 c.p.p.” razón que explican en un extenso documento de 8 páginas, lleno de términos y jurisprudencia inútil, que el delito no es FALSEDAD PERSONAL, SINO ESTAFA y también de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, recibí un correo anunciando el cierre de la queja, sin una respuesta o razón del cierre y al intentar la consulta en el portal de quejas, no la encuentro. Es muy triste acudir a las autoridades y no tener respuesta positiva, pareciera que todos están cubiertos con la misma cobija de la impunidad.
Como pude comprobar, las compras con las tarjetas expedidas a mi nombre son efectuadas en los mismos comercios que expiden y el banco entrega el dinero al comercio. El banco, con el tiempo, califica la cartera y castiga para hacer proceso de venta o cesión de obligaciones a instituciones como AECSA SA, recuperando parte de la cartera, pero manteniendo una calificación que supongo, presiona manejos de tasas altas a clientes ciertos, lo que evidentemente genera utilidades que permiten financiar el fraude conocido y políticas que no sé cómo funcionan al interior del sistema financiero.
Sé por noticias que existen más víctimas como yo, y todo indica que el banco maneja este modus operandi y luego se lava las manos, ya que no somos en realidad sus clientes, en una cadena de valor que se lucra cometiendo fraude y perjudicando la ciudadanía.
