El último cruel episodio de la mala racha que atraviesa Tarazá, luego de la muerte de su alcalde a causa de la covid-19, es el recrudecimiento de la guerra en el Bajo Cauca que tiene a los habitantes del municipio estremecidos y amedrentados. El conflicto ya no solo se siente en el sector rural, el casco urbano de Tarazá hoy también es escenario de la confrontación armada. En la madrugada del martes 6 de octubre, hacia la 1:00 a. m., en el barrio Achira se presentaron miembros del Clan del Golfo, quienes comenzaron a disparar sus armas, sacando vilmente de su casa al ciudadano Harvey García . Quienes los conocieron lo recuerdan como un hombre de bien y que trabajaba en el campo. Cuenta Pedro Sucerquia que se vivió un terrible enfrentamiento entre la policía del municipio y el Clan del Golfo, posteriormente llegaron tropas el Ejército Nacional con hombres del batallón terrestre número 24. La lluvia de balas fue incesante; ya no eran solo dos bandos, sino tres, llenando de terror a los humildes habitantes de este barrio por más de una hora.
El Bajo Cauca antioqueño es una región bañada por ríos de sangre desde la época de los noventa, cuando se disputaban la zona las extintas autodefensas, las FARC y la aún vigente guerrilla del ELN; cuando los cultivos ilícitos, las extorciones a ganaderos y comerciantes estaban a la orden del día. Hoy se vive otra historia totalmente diferente con dos feroces grupos armados ilegales —ambos reductos de las desarmadas autodefensas— conocidos como Caparros y Clan del Golfo, organizaciones en su mayoría compuestas por hombres que conocen a la perfección el territorio y la dinámica de la región. A esto se suman nuevos componentes, igual de rentables, que destruyen poco a poco el tejido social y con ellos a la juventud: el microtráfico y la minería ilegal, en los que basan gran parte de sus finanzas. Los asesinatos sistemáticos a líderes sociales, los desplazamientos a mingas indígenas, el reclutamiento de mujeres y menores y la desaparición forzada son parte del menú de violencias de estos bandidos.
Los Caparros están dirigidos por Emiliano Alcides Osorio, conocido como alias Caín, un hombre cruel y despiadado que no conoce de escrúpulos y que se disputa la región con el no menos bélico Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel. Ambos han desplazado a campesinos, mujeres e indígenas. Según investigaciones de la ONG Redes y Semillas de Paz, Otoniel es quien controla los mayores cultivos de coca y tiene una gran presencia en las zonas de Tarazá y San José de Uré, en Córdoba. Estos dos jefes de las mencionadas bandas conocen a la perfección la zona.
Daivis Montero, alcalde encargado, requiere de la compañía de los gobiernos nacional y departamental para generar acciones inmediatas que recuperen la confianza de la población del municipio, pues solo en Tarazá, en lo corrido de este año, van 49 asesinatos que, en su mayoría, han sido campesinos, hombres que labran la tierra y viven de los frutos que esta da.
Diferentes organizaciones sociales y ONG de la región propondrán al Gobierno nacional la creación de una mesa regional para tratar todos estos temas que tienen en jaque a la seguridad de los habitantes más humildes del Bajo Cauca y que no dan lugar a más esperas para la toma de decisiones contundentes y legítimas.
