Casi diez horas tardó la audiencia pública que convocó la Corte Constitucional para escuchar a detractores y defensores de la ley que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social –Zidres–, la cual el Gobierno sacó adelante en el Congreso y que ahora está bajo estudio de constitucionalidad, demandada por organizaciones de campesinas y el senador Jorge Robledo quien sacó chispas cuando tuvo la palabra.
La controversia sobre las Zidres radica en que, según el Gobierno, estas permitirán la explotación agroindustrial de cerca de siete millones de hectáreas de tierras baldías mediante un esquema asociativo entre empresas y campesinos. Se trata de grandes extensiones de territorios en la Altillanura, Urabá Chocoano, La Guajira, La Mojana y la Orinoquía que tiene potencial agrícola, pero que nunca han podido ser explotadas por desventajas estructurales (vías, distritos de riego, altísima exigencia de inversión) y por la incidencia del conflicto armado.
La ley contempla que el Estado podrá entregar por concesión, arriendo o cualquier otra modalidad contractual “no traslaticia de dominio”, los territorios a proyectos productivos que formulen las empresas articuladas con campesinos, y además ofrece una serie de gabelas especiales como otorgar bienes públicos (carreteras, distritos de riego, fuentes de energía), impulso a la investigación y créditos blandos, entro otros recursos que incentiven.
La audiencia arrancó con la intervención del ministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien aseguró que las Zidres son una política diseñada para transformar el campo colombiano y mejorar sus condiciones: “Esta ley nos permite llevar desarrollo a las zonas afectadas por el conflicto y ayudará a consolidar la paz en los territorios del país”, aseguró. A su turno, el Viceministro de Agricultura, Juan Pablo Pineda amplió la defensa de la ley argumentando que esta ofrece una oportunidad de oro para el campo y que el instrumento no “va a atropellar a nadie ni se le va a imponer nada al campesino”.
La Audiencia fue además el debut público de la ahora Procuradora encargada –tras la caída de Ordóñez– Martha Isabel Castañeda quien, paradójicamente, en este tema se alineo con el gobierno y sostuvo que las Zidres permitirán “el mejoramiento de infraestructura, integración de mercados nacionales e internacionales y aumento de la competitividad”.
Sin embargo, el grueso de los argumentos oficiales, fueron refutados por el senador Jorge Robledo quien, como suele acostumbrar, aprovechó su espacio para ocuparse del tema y en simultáneo lanzar dardos certeros. Su intervención inició aclarando que no está ni contra desarrollar la altillanura, ni contra el derecho a asociarse. Pero sí contra las Zidres:“Esta es una ley de vivezas, un proyecto tramitado para el engaño”, dijo. Aseguró que durante el trámite en el Congreso el Gobierno ocultó las espinas del proyecto y que no es esta la primera vez que los “magnates” con interés sobre el agro quieren despojar a los campesinos vía legislativa. Robledo proyectó un cuadro comparativo de una ley que en 2012 (tumbada por la Corte Constitucional) y mostró cómo la ley Zidres es calcada “Así que pusieron a la Corte Constitucional frente a un reto: contradecir sus propios argumentos de hace 4 años cuando ya tumbó una norma con este mismo contenido”.
Robledo sostuvo que la ley nunca dice de manera expresa por cuánto tiempo ni el límite de las extensiones de tierras que otorgará el Estado a los “magnates” del agro. Lo tapan “con la hoja de parra” de decir “bienes inmuebles intransferibles” a cambio de baldíos. “¿Pero cuál es la diferencia sustancia si en la práctica los magnates reciben las zonas por arriendo a 20 o 30 años prorrogables cuantas veces se requiera? ¿De qué le sirve al campesino que le digan que el magnate no tiene tituladas las que eran sus tierras sino que las tiene en arrendamiento a perpetuidad?” se preguntó.
Según Robledo las Zidres, en la práctica, son nuevas formas de servidumbre en pleno siglo XXI, a costa del campesinado. El senador remató su intervención –y produjo risas en el auditorio– asegurando que sólo se había ocupado de la “inconstitucionalidad” de la ley, pero que por donde se le mire la ley es inconveniente. Mirando al viceministro, pidió excusas por su dureza, y aseguró: “Si entráramos al tema de las inconveniencias también le iría perro, señor Viceministro, le iría perro porque esto no resiste un análisis cuidadoso. El cuento que nos echan es que la solución para el 99% del agro en crisis es montarle un negocio a tres o cuatro magnates, por favor, eso no resiste análisis”.
