La idea de estas Columnas Dominicales nunca ha sido poner una lupa a la plataforma ideológica del Presidente Gustavo Petro, ni siquiera revisar exhaustivamente la validez o no de sus reformas -que de hecho comparto y difiero en algunos aspectos- sino entregar al ciudadano una radiografía a la actividad legislativa, o en otras palabras proporcionar elementos de juicio a los colombianos, acercándolos a ese complejo arte de “hacer leyes”, como testigo directo en las sesiones de comisiones y plenarias, en lo que considero un “maremágnum” de quienes abogan por el cambio, y otros que advierten sobre la necesidad de construir sobre lo construido.
En treinta años de labores en el Congreso, nunca había presenciado una agenda legislativa del Gobierno tan fallida, prácticamente descartada, a punto de fenecer –al margen de los argumentos esgrimidos por las bancadas de Gobierno, independientes y oposición- lo que sienta a la reflexión de la necesidad de revisar el Régimen Presidencialista en Colombia, para dar paso a un régimen mixto, incluso un sistema parlamentario -el legislativo está por encima del Ejecutivo- así esto indigne aún más a mis entrañables amigos del petrismo en Casanare y el resto del País.
A esta conclusión se llega con el archivo de la Reforma a la Salud en la Comisión VII de Senado -ajustada a la Constitución y la Ley 5 de 1992 o Estatuto del Congreso- con una sorprendente votación de 5/9 -una derrota sin precedentes para el Gobierno- siendo aún más inesperada la aparente reacción del Ejecutivo -negada por fuentes gubernamentales- en el sentido de intervenir Colsanitas y la Nueva EPS.
Es decir, en lugar de buscar realmente un acuerdo nacional para radicar el próximo 20 de julio un proyecto de ley estatutario –no ordinario- como lo han venido proponiendo todas bancadas del Congreso –aseguran que en el recién archivado no se les quiso escuchar- el Presidente Petro se apresura a advertir, unos minutos después de hundida la iniciativa, que “lo que podía ser una concertación, ahora es de golpe (…)”, lo que depara una gran incertidumbre sobre el porvenir de la institucionalidad en Colombia.
En ese sentido, sería conveniente preguntar al Mandatario qué entiende por “concertación”, si es simplemente aprobarle –sin ningún tipo de objeción- un proyecto de ley, o generar una sana discusión para enriquecerlo o incluso modificarlo, quedando esto último probablemente descartado, porque como lo dijo la semana pasada en la Plenaria el Senador Humberto de la Calle, atreverse a expresar un desacuerdo o plantear una modificación a cualquier reforma gubernamental, le “figura” a cualquier congresista ser señalado como enemigo del cambio, o un imperdonable aliado de los sectores dominante del País –incluida la derecha- entregando de la Calle una lección magistral de madurez y concertación, al anunciar que votará afirmativamente la Reforma Pensional, pero pidiendo a la vez tener en cuenta los reparos de la Senadora Lorena Ríos, en su respectiva ponencia negativa a esta iniciativa.
A esta contundente intervención del Exvicepresidente, se sumó en la Plenaria la del Senador Jhon Jairo Roldán, coordinador ponente del ahora Plan Nacional de Desarrollo, quien expresó su extrañeza por el señalamiento de Petro, en el sentido de que el Congreso ha venido bloqueando la reformas del gobierno, aclarando Roldán que por primera vez a un Presidente [el actual], se le aprueba iniciando su mandato y en tiempo récord una Reforma Tributaria –que gravó a grandes conglomerados- mientras que se le dio trámite sin ningún problema a la ley del orden público, el Presupuesto General de la Nación, el Presupuesto Bienal de Regalías y el mencionado Plan de Desarrollo, que entre otros aspectos sienta los lineamientos de la actual agenda legislativa del gobierno.
Una declaración bastante similar fue la del entonces Presidente del Senado Roy Barreras, cuando le salió al paso a una convocatoria popular de Petro en el balcón presidencial para respaldar sus reformas, explicando Barreras de manera diplomática y casi tácita –probablemente angustiada- que la misma no era para nada necesaria, pero que a la hora de la verdad terminó por empantanar en el Congreso el trámite normal de las reformas a la salud, pensiones, laboral y educación.
En ese orden de ideas –retomando la idea inicial de esta Columna- el archivo de la reforma a la salud, y aparentemente intentar adelantarla ahora con la intervención a las EPS –incluida la “liquidación voluntaria” de Compensar- exige más que nunca revisar los alcances y límites del Régimen presidencialista, incluso fortaleciendo las facultades del legislativo -debilitado desde la centralista Constitución del 86- en donde se consolide un régimen mixto -ni presidencialista ni parlamentario- equilibrando entonces el poder de las ramas, que permita la toma de dediciones en conjunto –incluso contando con las regiones- evitando así el riesgo de reformas presidenciales improvisadas, con decretos, a golpes, cumpliendo con la cuasi advertencia de Petro: ¡No me reten!
De lo contrario, está en riesgo la separación de poderes –planteada por John Locke y Montesquieu- más el Estado Social de Derecho, y en consecuencia una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, que entre otras cosas Petro le debe su estrecha pero legal victoria en las pasadas elecciones presidenciales.
Coletilla: El pasado miércoles, la Plenaria del Senado negó dos ponencias negativas a la Reforma Pensional, quedando para el martes a las 2 PM la discusión restante de las ponencias mayoritaria y alternativa –la Plenaria estaría respaldando la segunda- para posteriormente iniciar la discusión del articulado, y en donde el Senador José Vicente Carreño ha radicado siete (7) proposiciones, incluidas bajar la edad y la semanas de cotización para la personas en situación de discapacidad, como también que esta población tenga la condición de “prepensionado”, entre tres (3) y seis (6) años antes de acceder a la pensión, lo que les daría además una mayor estabilidad laboral.
*** Asesor Legislativo – Escritor.
