En medio de la construcción de la Unidad Funcional 4 del Proyecto 5G en el Valle del Cauca y el norte del Cauca, se ha desatado una intensa polémica debido a la tala masiva de más de 700 árboles, en su mayoría samanes, entre los municipios de Villa Rica y Jamundí. Las comunidades locales denuncian un «arboricidio» que amenaza con dejar una marca indeleble en el medio ambiente justo antes de la realización de la COP 16, el evento global más importante sobre medio ambiente y la protección de la naturaleza.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca y otras entidades, anunció el inicio de las obras correspondientes a la Unidad Funcional 4 del proyecto 5G, que forma parte de la nueva malla vial del Valle del Cauca y los accesos a Cali. Este tramo incluye la construcción de una segunda calzada de 9.7 kilómetros que conectará Jamundí, desde el sector de Bonanza, hasta Villa Rica. Además, el proyecto contempla un retorno para ambos sentidos de circulación, la construcción de un paso peatonal, un puente vehicular sobre el río Cauca, y la rehabilitación de 15.6 kilómetros de vías existentes. Con una inversión de 2.28 billones de pesos, esta obra promete beneficiar a cerca de 3 millones de habitantes de 12 municipios de la región.
El consorcio Rutas del Valle, encargado de la ejecución de esta unidad funcional, informó que las actividades de tala comenzaron el 20 de agosto de 2024, amparadas por una licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) mediante la resolución 1317 del 28 de junio de 2024, bajo el expediente LAV 0036002024. Según lo comunicado por el Consorcio Consultor Nueva Malla del Valle, esta licencia permite el aprovechamiento forestal en la zona de intervención del proyecto para la construcción de la segunda calzada entre Villa Rica y Jamundí.
No obstante, las comunidades locales han expresado su profunda preocupación y malestar, ya que muchas de las especies taladas, como samanes y ceibas, tienen más de cinco décadas de antigüedad. A pesar de que se ha solicitado información a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y a otras entidades ambientales, estas han guardado silencio, lo que ha incrementado la desconfianza y la indignación en la población.
Este proyecto, que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno el 30 de noviembre de 2022, mediante un comunicado de la ANI titulado «Comienzan obras en el proyecto nueva Malla Vial del Valle del Cauca, Accesos Cali y Palmira», ha sido presentado como un esfuerzo por mejorar la conectividad, reducir los tiempos de desplazamiento y disminuir los costos y accidentes viales en la región. William Camargo Triana, presidente de la ANI en ese momento, subrayó que uno de los principales retos del gobierno en materia de infraestructura es fortalecer la institucionalidad para mejorar los procesos y garantizar el desarrollo sostenible e inclusivo de los proyectos en todas las regiones del país. Desde el 30 de noviembre de 2022, se habían iniciado actividades preliminares en la vía Villa Rica-Caloto.
Sin embargo, la magnitud de la tala y la falta de transparencia sobre los permisos y las justificaciones para llevar a cabo estas acciones han llevado a muchos a cuestionar si el desarrollo de esta infraestructura justifica el costo ambiental. Las comunidades afectadas, que han convivido durante décadas con estos árboles, se preguntan si este sacrificio es necesario en nombre del progreso, especialmente en un momento en que el mundo entero se prepara para discutir soluciones a la crisis ambiental en la COP 16.
Este caso resalta el delicado equilibrio entre el desarrollo y la conservación del medio ambiente, y plantea una pregunta crucial: ¿a qué precio se están llevando a cabo estos proyectos? Invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre este dilema y a formar sus propias conclusiones en un tema que, sin duda, tendrá repercusiones duraderas en la región y más allá.
