La Corte Constitucional lo demostró. Los magistrados votaron unánimemente la esperada sentencia de la JEP, distanciados de las exacerbadas pretensiones de los amigos y los enemigos del estatuto en consideración
"El acuerdo [...] no entra al bloque de constitucionalidad, viene entendido como política de Estado y obliga a los órganos y autoridades del Estado el cumplimiento de buena fe"
Bajo consignas como "Sí a la vida, no la mina", "Ni con el Bruno ni con ninguno", "El agua no se vende, se cuida y se defiende", diferentes personas apoyaron esta iniciativa
La Corte jamás consideró -y era deber hacerlo- que esa reforma constitucional para la paz flexibilizaba, debilitaba tanto la Constitución, que la vulgarizó y la despojó de toda reverencia normativa
En el impasse del fast track, el gobierno acude otra vez a la estrategia de la discusión jurídica cuando el verdadero asunto es un rotundo déficit de legitimidad
