El presidente uruguayo Tabaré Vázquez, en su segunda presidencia (2005 - 2010/2015 - 2018), tiene la oportunidad de reintegrarle a Uruguay el prestigio internacional ganado en el siglo xx por su respeto a la democracia y por sus esfuerzos para que la misma prevalezca en Latinoamérica; y desplegar el compromiso que asumió hace unos días en Francia.
Vázquez, quien ejerce la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), el 28 de octubre en su visita a París coincidió con el jefe de Estado de Francia, François Hollande, socialista, como él, en fortalecer "la democracia, la libertad y la República”.
Su antecesor José Mujica (2010- 2014) no fue el mejor exponente de esa tradición uruguaya. Cuando en 2012 Paraguay fue expulsado del Mercosur y -ante el pedido de la presidenta Dilma Rousseff- ingresada Venezuela sin que se cumpliera a cabalidad el protocolo del Tratado de Asunción de 1991, Mujica justificó el exabrupto regional con una frase: “lo político está por encima de lo jurídico”.
Vázquez debe condicionar la misión electoral de Unasur a que también la OEA, el Mercosur y la Unión Europea supervisen las elecciones legislativas del 6 de diciembre en que serán electos 167 diputados. El otro punto a exigir es la liberación de todos los presos políticos previa al acto electoral.
Esos dos reclamos ubicarían a Uruguay en la misma línea que numerosos ex residentes del mundo, entre los cuales los socialistas Ricardo Lagos (Chile), Felipe González (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), y otros como Óscar Arias y Laura Chinchilla (Costa Rica), Alejandro Toledo (Perú), Felipe Calderón (México) y Luis Lacalle (Uruguay).
Estos apoyos se suman al pedido de libertad inmediata de Leopoldo López, realizado por Jorge Bergoglio (Papa Francisco), los presidentes Barack Obama (Estados Unidos), Mariano Rajoy (España), Ollanta Humala (Perú), Juan Manuel Santos Santos, el canciller de Canadá, John Baird, el Parlamento de Canadá, Parlamento Europeo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein; Irwin Cotler, abogado del expresidente sudafricano Nelson Mandela, y organizaciones mundiales como Amnistía Internacional, Human Right Watch, el Club de Madrid, la Federación Latinoamericana de Alcaldes y Foro Iberoamérica, entre otros.
¿Por qué lo haría Vázquez? Brasil ya se deslindó de la misión electoral de Unasur, en un nuevo paso de distanciamiento del chavismo. Recuérdese que el 18 de junio una delegación de legisladores brasileños viajó a Caracas a interesarse por la situación del preso político más emblemático de Venezuela, López, así como por las condiciones de prisión de 80 estudiantes. Fue mal recibida por el presidente Nicolás Maduro, frustrada en su misión, y eso generó rispideces entre ambos países.
Mauricio Macri, candidato presidencial que el 22 de este mes disputará segunda vuelta con el oficialista Daniel Scioli, en caso de obtener el gobierno, cambiará la política internacional argentina según coinciden distintos analistas. Y si fuera Scioli el triunfador, también deberá adecuarse a la nueva realidad legislativa emergente de las elecciones del 25 de octubre, donde el kirschnerismo perdió posiciones en el congreso, lo que se verá reflejado en una reorientación de las relaciones internacionales.
Cierto es que el argumento que permitiría a Vázquez dar ese paso lo ofrece un vidrioso personaje: el fiscal venezolano Franklin Nieves –uno de los dos acusadores del amañado proceso seguido contra Leopoldo López- quien hoy desde un flamante exilio en EEUU confirmó lo que se sabía pero no podía constatarse.
Lo que reveló el fiscal. Que son falsas las pruebas que condenaron a López a 14 años de prisión por supuesta participaron en hechos ocurridos el 14 de febrero de 2014. Que recibió instrucciones directamente del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello, para presionar a los testigos. Que se inventó la existencia de un incendio causado por López en oficinas púbicas y luego se obligó a funcionarios a declarar que debieron usar extintores para sofocarlo. Que el juicio nunca tuvo audiencias públicas. Que el jefe de delitos comunes de la fiscalía venezolana, Nelson Mejía Duran, le ordenó que no permitiera la práctica de pruebas a la defensa de López. Que Cabello personalmente convenció a la familia de López para que se entregara “para sacarlo del juego político”. Que está “convencido al cien por ciento” de que López es inocente de todos los cargo por los que fue condenado.
Naturalmente desde el régimen chavista se intenta descalificar a Nieves, pero ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) consideró que “habrá consecuencia muy graves” de confirmarse estas denuncias.
“Se ha hecho una denuncia muy grave de uno de los dos fiscales que estaban al cargo del caso, en el sentido de que habría sido un montaje. La Comisión espera recibir más información directa para emitir un pronunciamiento pero de la forma que está planteado tendría consecuencias muy graves”, dijo el 28 de octubre en Washington, en conferencia de prensa, Felipe González, relator para Venezuela.
Si Vázquez viabiliza esas dos legítimas demandas estaría expresando la voluntad de la mayoría de sus conciudadanos: los partidos Nacional, Colorado e Independiente, que conforman la mitad del electorado le respaldarían y se sumarían sectores del partido gobernante Frente Amplio, en realidad una coalición de partidos, liderados por el exvicepresidente y actual ministro de Economía, Danilo Astori, más otros legisladores oficialistas.
La contribución de Vázquez y de otros líderes latinoamericanos que siguieran su ejemplo sería la mejor prueba del fracaso de las conductas propiciatorias de divisiones sociales asumidas por el extinto Hugo Chávez y su delfín, Nicolás Maduro; el también fallecido Néstor Kirchner y sucesora Cristina Fernández, de Argentina; o Rafael Correa, de Ecuador. Estos presidentes instauraron la práctica de confrontar permanentemente a sus propios conciudadanos, colocándoles en una supuesta acera de enfrente -escuálidos, proyanquis, fascistas, aquelarre, patéticos, infames, golpistas, antidemocráticos - sin asumir que fueron y son presidentes de todos los ciudadanos que habitan sus países.
Mediante el uso abusivo de las cadenas radiales y televisivas derramaron desde el poder extensas jornadas plagadas de insidia, promocionando la discordia entre conciudadanos, en una actitud irresponsable de la que la historia les pasará factura.
En ningún caso es el talante para gobernar un país y menos con la perspectiva de una importante desaceleración continental que demandará la mejor disposición de los gobiernos al diálogo, así como de la cohesión social que permitan superar el estancamiento de la pobreza ubicada en 167 millones de personas (28 % ), e incremento de la indigencia: 71 millones de habitantes (12 %), en los países latinoamericanos, según el último informe de la Cepal.
