Entre tantas malas noticias, y entre tantas problemáticas que amenazan el oriente antioqueño, encontramos una razón para celebrar. La última semana de marzo, Celsia, empresa filial del Grupo Argos, anunció que desistía de la intención de construir el proyecto hidroeléctrico Porvenir II. La obra que pretendía generar 352 megavatios de energía, la mayor cantidad después del embalse de Guatapé y el de Punchiná en San Carlos, tendría impacto directo en San Luis, San Carlos, Caracolí y Puerto Nare. Según lo proyectado, construir Porvenir II significaba construir un muro de 140 metros sobre el río Samaná Norte, interrumpiendo y alterando su flujo natural. Además inundar más de 1000 hectáreas, lo que pondría en peligro las especies de flora endémicas, es decir únicas en el mundo, que algunos expertos encontraron en la zona. Sumado a esto la obra iría en contra de las formas propias de habitar el territorio, revictimizaría a personas que fueron víctimas del conflicto armado, truncaría procesos de restitución de tierras que están pendientes, provocaría desplazamiento y desarraigo.
Al ser consultado por los medios de comunicación, Ricardo Sierra, presidente de Celsia, afirmó que: “Porvenir II está en una situación compleja e intentamos venderlo”. De no lograr vender el proyecto, aseguró Sierra, Celsia no va a construir la presa, pues el actual interés de Celsia y de Argos son las energías renovables y la distribución energética, razón por la cual hace poco adquirieron acciones de Enertolima. Aunque el presidente no lo mencionó, estamos seguros y orgullosos de que la presión social, el rechazo de las comunidades, y las diversas y masivas manifestaciones en defensa del río, también hayan sido un factor determinante para darle marcha atrás al proyecto.
Vale la pena recordar que Celsia llegó a los territorios prometiendo progreso y desarrollo. Algunos ciudadanos y funcionarios públicos que apoyan el proyecto utilizan el mismo argumento. Hasta el 2017 el oriente antioqueño sacrificaba sus ríos para producir el 73% de la energía que consumía Antioquia y el 29% de la energía que consumía el país. Sin embargo, el tan mentado desarrollo ha provocado desplazamientos, ha roto el tejido social, ha destruido nuestras formas de producción, y ha dejado sin luz las zonas aledañas a dichos proyectos.
Al conocerse la noticia, no todas las voces han sido a favor de que el río Samaná continúe corriendo libre. Este es el caso del alcalde de San Luis, quien salió en los medios lamentando la decisión de la empresa y confesó que mantenía una comunicación directa con Celsia para estar al tanto del desarrollo de este proyecto.
Lo preocupante de las declaraciones del alcalde es que se dedicó a estigmatizar la labor de quienes hemos emprendido la tarea de proponer un debate frente a la defensa del territorio y el cuidado de nuestros bienes comunes. Durante su airada intervención en medios, el mandatario expresó que “no nos van a condenar a vivir en la pobreza y el abandono”, refiriéndose a quienes nos hemos unido para adelantar iniciativas que protejan el último río libre de Antioquia. Además, nos increpó y nos retó a solucionar problemas como el desempleo, la falta de vías de acceso y la seguridad en los municipios.
Las declaraciones del alcalde no solo resultan irresponsables sino que eluden sus responsabilidades como mandatario.
Como ya lo hemos demostrado en diferentes espacios, son múltiples las afectaciones sociales, ambientales, económicas y culturales que generan este tipo de proyectos. La promesa de generar empleo y darles regalías a los municipios, son paños de agua tibia para los problemas sociales de los territorios, los cuales continúan y/o se agravan una vez terminan las obras y los proyectos comienzan a generar energía y ganancias para los privados.
En este sentido, no se puede confundir la oposición con el problema estructural, y las razones que lo generan. No se puede culpar de las dificultades económicas y sociales que afrontan los municipios más alejados al altiplano, a quienes venimos proponiendo ejercicios de producción agroecológica y circuitos de distribución más justos para los campesinos, propuestas de turismo comunitario, entre otras apuestas que pretenden ser una alternativa al modelo que promete solucionar las carencias de nuestros municipios planeando y ordenando el territorio bajo lógicas extractivas que excluyen y no tienen en cuenta el sentir de las comunidades.
La participación de las comunidades del oriente antioqueño en la manera de comprender, habitar y planear el territorio no sólo es un incentivo a la cultura democrática, también es la posibilidad de hallar soluciones reales y de largo aliento que garanticen formas de vida digna, partiendo siempre de los planes de vida de quienes habitan los territorios. Invitamos a la institucionalidad a quitarse la camisa de estos proyectos extractivos y ponerse la de la vida digna.
Aunque celebramos la suspensión de Porvenir II, sabemos que esta no es una victoria definitiva, pues el interés de empresas como Celsia no es proteger los territorios sino generar ingresos. Durante más de tres años, como movimiento nos opusimos al represamiento del río Samaná. La defensa continuará, seguiremos alertas y con la guardia alta ante empresas como Isagen, EPM, o HMV Ingenieros, entre otras, que pretendan darle continuidad al proyecto o impulsar otros como Palaguas, Guayacanes y otro en Río Verde de los Montes. La defensa de nuestros ríos y la exigencia por el respeto a las maneras propias de habitar el territorio son motivos para llamar a las comunidades del Oriente antioqueño a movilizarse este 25 de abril; el paro nacional también es en contra del modelo extractivista.
No queremos hidroeléctricas en el río Samaná, ni el río Santo Domingo, ni en ningún otro río de nuestra región. Queremos aguas para la vida y no para el capital. Insistiremos para que el río Samaná sea declarado sujeto político de derechos, porque el Samaná no se vende, ¡el Samaná se defiende!
