Desde que el Ministro de Hacienda comunicó que no se destinarían más recursos para desarrollar consultas populares relacionadas con el extractivismo, los municipios que han planteado la necesidad de realizarlas quedaron viendo un chispero, pues sin dinero, este mecanismo de participación ciudadana quedó en el limbo. Además, las consultas que se tenían programadas se suspendieron.
En el departamento de Boyacá, en el municipio de Gachantivá, la comunidad ha llevado a cabo un proceso para la protección de zonas de reserva, para conservar la flora, la fauna y para evitar el extractivismo.
La Registraduría departamental de Boyacá le informó a la comunidad de Gachantivá que no se podría realizar la consulta popular programada para el pasado 28 de enero, generando inconformidad en la comunidad.
El Art. 103 de la Constitución Política establece que “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.
De otro lado, la ley estatutaria 1757 del 6 de julio del 2015 “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, establece “El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político”.
Pese a lo establecido por la ley, el Gobierno Santos siguiendo su política de la locomotora minera que ha sido un fracaso para el país, pareciera que con los resultados de las consultas populares llevadas a cabo en diferentes municipios del país, tuviese una prevención con este mecanismo de participación ciudadana, el cual estaría poniendo fin a los intereses de las multinacionales mineras sobre el territorio colombiano.
Las comunidades con el pasar del tiempo se han ido empoderando y tomando conciencia, acerca de la importancia de tomar postura frente al extractivismo, puesto que a la gran mayoría de las comunidades no les han llegado ingresos de las regalías y tampoco se han visto beneficiados con la responsabilidad social de las empresas. Pareciera que fueran más las desventajas y los problemas que trae el extractivismo a Colombia, que los beneficios.
En la ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, en el numeral 12 se plantea que: el manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo. En el numeral 14 expone que: las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física”.
La comunidad de Gachantivá tiene preparados plantones y varias actividades para rechazar la suspensión de la consulta popular, puesto que pareciera una estrategia del Gobierno la suspensión de recursos para las consultas relacionadas con el extractivismo, que ponen en jaque las políticas del Gobierno y su relación con las multinacionales.
Parece que la confianza inversionista está por encima de los intereses del pueblo colombiano, con lo cual lo dicho en el numeral 12 de la ley 99 de 1993 se estaría violando, ya que el manejo ambiental del país ni es descentralizado, ni democrático y mucho menos participativo.
Gachantivá al igual que otros municipios, levanta su voz para rechazar el extractivismo, que más allá de deforestación, sequía de fuentes hídricas, contaminación y daño a la infraestructura, no le deja nada bueno a nuestro país.
