Un contrato por $2.000 millones de pesos firmado por el gobernador del Chocó y la Fundación Chocó Saludable prendió las alarmas de los organismos de control. El contrato se hizo para realizar unas capacitaciones frente a la pandemia del COVID-19, mientras los hospitales del departamento piden desesperadamente recursos para adquirir insumos de bioseguridad y garantizar la estabilidad laboral de todo el personal de la salud. Por tal razón, la Procuraduría decidió suspender al gobernador Ariel Palacios por tres meses, después de señalar que la Fundación no estaría capacitada para llevar a cabo el contrato, además que esas capacitaciones no son una prioridad para enfrentar la emergencia.
El procurador Carrillo, el contralor Córdoba y el fiscal Barbosa en rueda de prensa conjunta también anunciaron las investigaciones contra los gobernadores de Arauca, donde se compraron kits alimentarios con altos sobrecostos, y Cesar, donde se adelantó una contratación exprés en pocos días.
