El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, confirmó anoche al término de la junta directiva extraordinaria del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, la suspensión de los procesos ejecutivos a los damnificados de Campo Alegre que se tengan créditos con esta entidad del orden nacional.
En diálogo con EL HERALDO, expuso que esta es la primera medida adoptada por el ministerio, luego de los compromisos adquiridos con los afectados por los deslizamientos en la ladera Occidental, durante la reunión que sostuvo el pasado sábado.
Ahora -dijo- los damnificados deben pasar el listado a la Alcaldía Distrital para que ellos, a su vez, la pasen al Fondo Nacional del Ahorro y procedan a suspenderlos, y a mirar cuáles son las acciones que deben tomar, entre ellas cobrar las pólizas.
“Necesitamos que la alcaldía de Barranquilla con los líderes de Campo Alegre entreguen los censos de las familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las fallas en la urbanización y que tengan créditos en el Fondo Nacional del Ahorro”, expresó.
La segunda acción que toma el ministro, en cumplimiento de los compromisos con los damnificados, es la notificación firmada por el mismo Henao para que entidades del orden nacional abran las investigaciones a que haya lugar por el proceso de construcción en la zona. Henao se refirió a Procuraduría General, la Fiscalía, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Sociedades.
Indicó que la próxima semana -entre miércoles o jueves- se hará la primera reunión de la mesa interinstitucional.
Roberto Tapia, representante legal de los damnificados en la acción de grupo, manifestó que no son muchos los afectados que tienen créditos con el Fondo Nacional del Ahorro. Estimó que el número aproximado es de 70 familias, la mayoría del conjunto residencial Privilegios. Aunque también hay en Ciudad del Sol y Altos del Campo. El monto estaría en el orden de los $2.500 millones.
Recordó que esa medida la había solicitado hace tres meses a la alcaldesa Distrital, Elsa Noguera, ya que dentro de la declaratoria de Calamidad Pública está contemplada la suspensión de los procesos ejecutivos. “Y no solo en las entidades estatales como el Fondo Nacional del Ahorro, sino en todas las entidades privadas porque la norma no hace diferenciación”.
Aunque calificó el anuncio del Minvivienda como un gran paso, considera que la medida debe ir más allá porque el grueso de los damnificados tienen créditos con entidades privadas por lo que pide al ministro que lo haga extensivo a esos bancos.
Dijo que el próximo lunes se reúne con el Defensor Regional del Pueblo con quien realizará una pequeña mesa de trabajo para tratar dos temas: la suspensión de los procesos ejecutivos en las entidades privadas y además la aplicación de la Calamidad Pública, en el sentido de excluir del impuesto predial y del impuesto de valorización a todos los que se encuentren cobijados en esta declaratoria.
Insistió en que se declare Zona de Desastre la ladera Occidental para que sea el Gobierno Nacional y no el Distrito el que asuma los costos de esta tragedia.
En el mismo sentido se pronunció Martha Sanz, abogada y una de las damnificadas de Campo Alegre, al señalar que este es un importante resultado de uno de los compromisos que hizo el Gobierno Nacional a través del ministro de Vivienda. Sin embargo, confió en que la medida se haga extensiva a los demás bancos y corporaciones que también están en Campo Alegre y no han querido acceder a bajar las cuotas de los créditos hipotecarios a las viviendas afectadas.
“Si las aseguradoras pagaran, los banco no cobraran, pero en Campo Alegre las aseguradoras no han querido pagar”, aseveró.
