En una sociedad acostumbrada a tolerar la ilegalidad, la lucha contra el plagio está más que justificada. En este sentido, su trabajo es de gran importancia para la ciudadanía, como demuestra el caso de la periodista Catalina Ruíz, que ha contribuido a sensibilizar sobre esta problemática.
Sin embargo, un fin noble pierde su justeza cuando para alcanzarlo se usan medios antiéticos. Desafortunadamente usted ha incurrido en este tipo de conducta.
Sus rigurosas denuncias dejan de contribuir al bien común cuando se convierten en persecuciones y linchamientos virtuales para ejercer justicia por mano propia que terminan por afectar los derechos humanos más básicos, de los que gozan incluso quienes incurren en delitos graves y de los que obviamente no se puede excluir a quienes han incurrido en plagio.
Aunque no es el único, me refiero al caso de María Salomé Sánchez Monsalve, filósofa de la Universidad Javeriana que su portal acusó hace tres años de haber plagiado en su tesis. Las crónicas periodísticas abundan[1] y prácticamente lo único que el lector debe hacer es buscar el nombre de esta persona en Google para comprobar por sí mismo el calvario por el que ha tenido que pasar una vez apareció la denuncia. La filósofa tuvo que suspender sus estudios postgraduales en el extranjero, cuando retornó al país le fue imposible conseguir trabajo en su campo y padeció problemas de depresión, puesto que lo primero que aparece cuando alguien busca su nombre es su denuncia de plagio.
Es la misma denuncia que aparece en muchos otros lugares en Internet, empezando por los comentarios a las noticias de medios de comunicación virtuales cuando tratan temas de educación, lo que permite inferir que hay un trabajo sistemático para posicionar estos contenidos en la Web. Esto a pesar de que la Universidad Javeriana, la autoridad encargada en primer lugar de sancionar la conducta, siguió el conducto regular para determinar que no había lugar para sanción por plagio en la mencionada tesis.
Esto deja ver que usted se está tomando la atribución ya no solo de informar a la ciudadanía o de denunciar, sino de hacer justicia por mano propia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a su portal retirar temporalmente el estudio de caso sobre el trabajo de Sánchez Monsalve para proteger sus datos personales, pero su respuesta fue reemplazarlo por una nota que sigue victimizando a esta persona. Es más, no contento con esto, recurrió al portal de noticias Vice para denunciar una supuesta “censura” por parte del Estado, cuando lo que hace la decisión de la SIC es proteger derechos básicos de la filósofa. Desafortunadamente y como puede comprobar un lector desprevenido del reportaje[2], el periodista que lo entrevistó no se tomó el trabajo de confrontar distintas fuentes y creyó únicamente en su versión, de tal manera que se adicionó otra información a Internet que aparece cuando se busca a María Salomé. Lo único positivo de esa nota es que usted dio por primera vez sus datos, pues sus denuncias además han sido hasta el momento anónimas.
Entre sus estudios de caso hay personas que ya recibieron sanciones por el plagio, que van desde el retiro de sus títulos hasta anotaciones en sus hojas de vida, pero aún así usted sigue victimizándolos como “plagiosos”. Luego de la decisión de la SIC, varios de los implicados se han puesto en contacto con su nuevo portal, aprovechando que gracias a la SIC ahora tiene un mecanismo para contactarlo, pero su respuesta ha sido invariablemente acusarlos de plagio así ya hayan tenido sanciones. De manera que los mecanismos de comunicación han sido puestos ahí para “curarse en salud” respecto a decisiones como la de la SIC en lugar de promover un intercambio justo.
Estas personas tienen derecho al buen nombre una vez que las autoridades legalmente investidas los han sancionado o declarado inocentes. Hasta los peores criminales gozan de derechos humanos y usted no está investido legalmente para ejercer justicia.
Si usted considera que las decisiones de esas autoridades no hacen justicia, lo correcto es que acuda a las autoridades correspondientes, en este caso los jueces de la República, teniendo en cuenta que el delito de plagio está tipificado y tiene consecuencias penales y civiles. No es correcto denunciar un delito que vulnera derechos a la propiedad intelectual acudiendo a prácticas que terminan por vulnerar en igual o peor proporción los derechos básicos de las personas.
Respetuosamente lo invito a que reconsidere los medios que utiliza para luchar contra el plagio. Hay una diferencia enorme entre concientizar a la sociedad sobre este delito y perseguir con saña a quien alguna vez lo ha cometido. Esto último, además contribuye muy poco con lo primero.
[1] http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/acoso-en-internet-derecho-al-olvido/. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16416701. http://www.noticiasrcn.com/tags/maria-salome-sandoval.
[2] https://www.vice.com/es_co/article/qv8daq/plagiosos-superintendencia-de-industria-y-comercio-fraude.
