Señor presidente Gustavo Petro, Señor ministro Iván Velásquez, señores congresistas:
La inseguridad ciudadana, la criminalidad, la corrupción y la impunidad, se extendieron por toda la nación. Constituyen grave amenaza para la vida, la democracia y el futuro, de todos los colombianos de bien.
Obedece a causas concretas, ampliamente diagnosticadas y fácilmente identificables. No se generaron extrañamente.
La interpretación del desastre nacional, en que se convirtió la inseguridad y la criminalidad, que padecemos los colombianos, debe ser coherente con lo que el estado debe hacer, para devolver la seguridad a los ciudadanos.
Las respuestas y actitud de los gobiernos, ante la magnitud, crecimiento y peligrosidad, del desastre social e institucional, son ridículas. No responden, racionalmente, a la gravedad y amenaza criminal evidentes.
Las cárceles deben humanizarse. Dicha humanización debe partir de eliminar el hacinamiento y la estructuración y aplicación de políticas de estado, concretas, específicas y prácticas, que garanticen resocialización efectiva.
Son objetivos que deben articularse con la formación para la vida, de todos los colombianos y ese proceso debe iniciar en el Pre-kínder y tiene que extenderse y aplicarse, hasta los niveles de posdoctorados.
La reforma a la educación en curso, debe reestructurarse a fondo. Sus contenidos no corresponden a lo que demanda la nación, en formación de sus ciudadanos, para la vida, ni en lo tecnológico y científico.
La existencia social determina la conciencia social.
Los integrantes de las organizaciones criminales, actúan conforme a condiciones de mentalidad que han desarrollado en su entorno social cotidiano predominante.
Son conclusiones de estudiosos del comportamiento humano, entre muchos otros, el neurólogo C. Lombroso y juristas como R. Garófalo, E. Ferri y J. Gaitán, en Colombia, que conforme a sus teorías sobre el Criminal Nato, formularon y presentaron sus conclusiones, relativas a la tipificación de conductas criminales.
Esas categorías mentales y sociales, no pueden cambiar de comportamiento con buenos consejos, por medio de misas diaconadas u ofrecimiento de incentivos económicos.
Requieren tratamientos específicos y especializados y demandan aplicación de controles jurídico legal y vigilancia, sistemáticas, para poder construir y lograr resultados.
La inseguridad y criminalidad arraigadas en Colombia, para erradicarlas, requieren políticas de Estado integrales, que garanticen, poder atacar y erradicar todas las causas que las generaron.
Las causas son de orden económico, jurídico, educacional, laboral, operativo e institucional.
Colombia requiere reconstrucción total e integral, en todos los campos del desarrollo humano y ecnómico-social.
El modelo económico-político dominante, la politiquería, el clientelismo, la corrupción tácita y abierta e institucionalizada, crearon y mantienen un régimen político, institucional y administrativo, favorables y coadyuvantes a la descomposición social y degradación moral individual y colectiva, con sus correspondientes fatales resultados.
Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y la transparencia de la justicia, reiteradamente señalan el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia.
Precisan que la impunidad supera el 97%. Estadísticas verificables, ubica a Colombia entre las cuatro naciones con mayor criminalidad e inseguridad ciudadana, en el planeta, mientras sostiene el gasto militar más alto, en términos del PIB (mayor al 6%), en el continente. Esto es aberrante.
Investigaciones indican que hay más de 1.7 millones de armas de fuego legalizadas, en manos de civiles y que por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales. Promedio de una por cada 6 habitantes, sin control efectivo, por parte del gobierno. Es un negocio.
La situación de inseguridad y criminalidad que padece Colombia, exige y justifica decretar la emergencia nacional por inseguridad ciudadana. Esta debe decretarse ya. Es posible habilitar lugares de detención seguros y transitorios, mientras construyen mínimo 250.000 nuevos cupos de detención, en recinto carcelario oficial y de alta seguridad.
La declaración de la Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudaana, debe consistir y contener, mínimo el siguiente ordenamiento legal:
1.-Prohibir el porte de todo tipo de armas blancas y de fuego en todo el territorio nacional, aún si tiene salvoconducto.
2.-Ordenar que el desacato de la prohibición de porte de armas, sin excepción, debe sancionarse con 2 años mínimo, de detención inconmutable en recinto carcelario, si no tiene antecedentes delincuenciales y más tiempo de encarcelamiento, de acuerdo con sus antecedentes y correspondiente juicio jurídico-legal, de sus antecedentes.
3.-Ordenar, que toda acción realizada por terceros, contra la integridad física del ciudadano o de sus bienes, tiene que ser atendida y respondida, por el Estado, a través de los jueces, con solo la versión de los hechos, por parte de la víctima, o de terceros testigos, con detención en recinto carcelario, mínimo por tres años, si no tiene antecedentes judiciales y más, según la gravedad del daño ocasionado y la reincidencia en delitos. De esta manera, el delincuente desaparece de accionar callejero y delincuencial.
4.-Los organismos de seguridad; ejército, policía, armada y fuerza aérea, deben hacer requisas en toda las vías de la geografía nacional y lugares donde puede acampar el delincuente, las 24 horas de los 365 días del año, para hacer cumplir lo ordenado en la declaración de la Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana.
5.-El gobierno debe ordenar y financiar la construcción de centros de reclusión, en cantidad que cuadruplique la capacidad de reclusión carcelaria actual, en cada capital de departamento, con infraestructura cuyo costo total, no sea superior a $800.000 por metro cuadrado construido.
Ese costo es suficiente, para garantizar máxima seguridad y servicios básico, higiénicos y de salubridad, sin coimas y sin asesoría de delincuentes como Ciro Ramírez, que hay muchos.
6.-Daecretar específicas y concretas medidas legales para controlar y sancionar a jueces y abogados litigantes, que pretendan torpedear y corromper el ordenamiento legal vigente y para garantizar aplicación honesta de las normas jurídica y seguridad al ciudadano.
Definir que las sanciones a jueces y litigantes deben consistir en: destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargo público, y ejercer la profesión de abogado litigante, por el resto de sus vidas.
Superar las causas que originaron la problemática de inseguridad ciudadana y la criminalidad endémica, demanda toda una revolución jurídico-legal, socioeconómica, institucional, educativa, ética y moral y ejecutar y mantener un vuelco de 180 grados al modelo económico-político vigente, que hasta hoy, los gobiernos y el poder económico-político, del Régimen Político-Económico, han auspiciado y tolerado por conveniencias, durante más de doscientos años de vida aparentemente democrática.
El desafío, de cambiar la apocalíptica inseguridad ciudadana, por seguridad general, es cósmico pero posible y es la piedra angular de la Paz Total.
Mientras la extrema derecha, gremios económicos y usufructuarios del Régimen que, desde hace más de doscientos años, ejercen el Poder Público, propugnan por revivir ejércitos privados a su servicio, el actual gobierno debe decretar el desarme de los civiles, el aumento y repotenciación del pie de fuerza pública y aplicar el rigor de la ley.
