Una vez cumplido su periodo en la Corte Suprema de Justicia, el cartagenero Francisco Ricaurte quiso mantener su poder en la Rama Judicial. Identificó un lugar perfecto: el Consejo Superior de la Judicatura. Desde ahí controlaría uno de los brazos más fuertes de la justicia, con un presupuesto cercano a los 2,7 billones de pesos anuales. Sin embargo, en junio de 2014 la magistrada pastusa del Consejo de Estado, Stella Conto Díaz, anuló su elección tras una demanda presentada por el entonces director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, y la investigadora Paula Rangel Garzón.
La Corte Suprema de Justicia, la misma en la que Ricaurte había sido magistrado entre 2003 y 2011 y su presidente desde 2008 hasta su salida, lo nombró en la Sala Administrativa de la Judicatura el 13 de noviembre de 2012. Sin embargo, 18 de 19 magistrados que eligieron a Ricaurte habían sido nombrados previamente por él o había influenciado con su participación en la elección, entre ellos el mismo Leonidas Bustos. Con la demanda que impusieron Uprimny y Rangel se destapó el entrerramado del que se valió Ricaurte, quien alcanzó a ser presidente del Consejo Superior, para saltar de un puesto al otro.
Conto jugó un papel fundamental al ganarle el pulso a los otros magistrados del Consejo de Estado, quienes no veían ningún inconveniente con el “yo te elijo, tú me eliges” usado por Ricaurte para asegurarse el control de la Rama Judicial. Sin embargo, la batalla que libró Stella Conto no terminó con el fallo que sentó un precedente en la justicia y que también sirvió para sacar a Alejandro Ordóñez de la Procuraduría. Ricaurte utilizó todos los recursos jurídicos que tuvo a su alcance para atornillarse a su puesto en la judicatura y logró mantenerse en él durante cuatro meses más.
Luego de que salió el fallo, Celinea Oróstegui, directora ejecutiva de Administración Judicial y subalterna de Ricaurte, pidió la nulidad del proceso, asegurando que nunca había sido notificada del caso. El Consejo de Estado negó la solicitud y descubrió las intenciones de Oróstegui. Por su actuación, Stella Conto la multó con 3 millones de pesos y compulsó copias a la Fiscalía para que la investigaran por fraude procesal.
Después de quemar su primer cartucho, Ricaurte pidió una aclaración del fallo de Conto. El exmagistrado argumentó que el Consejo de Estado no había sido claro en su decisión. Sin embargo, la magistrada de la Universidad del Rosario se mantuvo firme con su decisión y le negó el recurso, asegurando que “ha contado con todas las garantías fundamentales. Sin embargo, este se ha visto entorpecido injustificadamente por distintos recursos”.
Después de este categórico pronunciamiento de Stella Conto, en noviembre de 2014 Francisco Ricaurte tuvo que salir por la puerta de atrás de la Judicatura. Sin embargo, dejó la advertencia: iba a interponer una tutela y llevar su caso a instancias internacionales. Con una carta dirigida a la Corte Suprema de Justicia dijo que la decisión era abiertamente ilegal y tenía intereses políticos.
En ningún momento Ricaurte vio que la práctica del “yo te elijo, tú me eliges” fuera incorrecta. Cuestionó a los otros magistrados por haber usado el mismo recurso para llegar a los puestos que tenían en su momento, y aseguró que quienes conocían su carrera profesional siempre fue un hombre correcto.
Hoy Francisco Ricaurte está preso en la Picota presuntamente por haber participado en la red de corrupción que se formó en la Corte Suprema de Justicia. Leonidas Bustos, quien participó en la elección de Ricaurte en la Judicatura y fue elegido por el mismo Ricaurte para ser magistrado en la Corte Suprema, también está siendo investigado por este mismo escándalo.
