Hay un dicho muy popular en inglés que dice if it ain’t broken, don’t fix it (si no está dañado, no lo arregles). En Colombia, a veces pareciera que algunos políticos se han tomado la atribución de traducir el dicho para que lea “si está funcionando, dáñalo” – tal vez para sentir que tienen algo que arreglar y así dejar alguna huella que puedan invocar más adelante cuando quieran mostrar sus logros, cuando busquen algún nombramiento o cargo que requiera del voto popular.
Esto justamente es lo que acaba de suceder en el municipio de Sopó, donde su nuevo alcalde, William Venegas, decidió cerrar la biblioteca de la vereda de San Gabriel, un centro cultural y académico de gran importancia para los campesinos de esta y otras veredas cercanas. La decisión del alcalde, a todas luces, desacertada y arbitraria, es preocupante por una serie de razones:
En primer lugar, la Biblioteca Pública de San Gabriel venía operando exitosamente desde hace 12 años. La biblioteca abrió sus puertas en febrero de 2004 y en ese primer año hubo cerca de 10,000 usuarios, cifra que superó todas las expectativas de sus fundadores. Este número fue creciendo a medida que la oferta de servicios, incluyendo préstamos de libros y servicio de acceso a internet, fue aumentando y se fue diversificando para incluir actividades lúdicas para los niños y niñas, talleres de manualidades, hora del cuento, cine, teatro, cocina y deporte, entre otros. En 2015, se registró un número cercano a los 30 mil usuarios beneficiados con los servicios ofrecidos por San Gabriel.
En 2013, el Canal Caracol y Bancolombia resaltaron las actividades de la biblioteca en beneficio de la comunidad de la vereda San Gabriel
En segundo lugar, la biblioteca de San Gabriel fue constituida gracias a una alianza público-privada entre la Corporación Alejandría, una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2002 por un grupo de vecinos del Valle del Teusacá, en el Municipio de Sopó, que unió esfuerzos con el Colegio Los Nogales de Bogotá, con la visión de crear una red de bibliotecas públicas rurales (BPR’s) en Colombia. La corporación, de naturaleza privada, firmó un convenio con la Alcaldía de Sopó en 2003 para fundar la primera biblioteca rural de la región, en la Vereda de San Gabriel. La corporación aportó la colección inicial de libros, donados por los padres y alumnos del Colegio Los Nogales, como también los computadores y el montaje de la biblioteca a través del trabajo voluntario de bibliotecarias del colegio. Los vecinos contribuyeron dinero y donaciones en especie, y el municipio aportó la edificación para la biblioteca, así como los gastos de funcionamiento de la misma, incluyendo el salario de una bibliotecaria. Adicionalmente, un gran número de alumnos del Colegio Los Nogales han prestado, año a año, horas enteras de servicio social durante los sábados, enseñando a campesinos, trabajadores y familias a usar un computador, a encontrar información y a obtener conocimientos básicos del idioma inglés. Este modelo de alianza público-privada fue, desde todo punto de vista, revolucionario en el sector rural, si tenemos en cuenta que se dio hace más de una década – mucho antes de que el concepto entrara en boga.
En tercer lugar, preocupa también que en 2008 el alcalde William Venegas cerrara, en su primer mandato y también en forma unilateral, la biblioteca de Hatogrande. Esta biblioteca también fue establecida por la Corporación Alejandría y en sus primeros 11 meses de funcionamiento contó con más de trece mil visitantes. En ese entonces, como ahora, el alcalde Venegas decidió no reanudar el convenio con la corporación Alejandría porque a su juicio, la alcaldía podía administrar mejor y más eficientemente la biblioteca. El problema es que esto no sucedió y la biblioteca está cerrada, como pueden corroborar los vecinos de la vereda que se han perjudicado por la falta de los servicios del centro educativo.
Los niños, usuarios de la biblioteca, redactaron una carta que está soportada con 194 firmas
Preocupa también, no solo que la decisión del alcalde vaya en contravía de las metas del gobierno nacional de incentivar las alianzas público-privadas y de hacer de Colombia el país más educado para 2025, sino que esta decisión se haya tomado en forma unilateral (por no decir arbitraria), sin tener en cuenta a la comunidad, sus necesidades y su nivel de satisfacción con la biblioteca. Esto no solo atenta contra el tejido social de la comunidad de San Gabriel (y en su momento de Hatogrande), sino que es un ataque directo al concepto de democracia por parte de quien se espera sirva a la comunidad que lo eligió. La reacción de los usuarios de San Gabriel no se ha hecho esperar y son varias las voces de protesta que se han levantado contra el alcalde, pues ha puesto en peligro un bastión de su comunidad que les llena de orgullo. Una de las razones es que en 2015, ¡la Biblioteca Nacional escogió a San Gabriel como una de las mejores 22 bibliotecas públicas del país!
Nadie disputa que el alcalde esté en todo su derecho de renovar o no un convenio con la corporación que opera la biblioteca, y el alcalde mismo ha anunciado que San Gabriel volverá a abrir sus puertas al público en cuestión de días. Pero en estos tiempos de descentralizar funciones y dejar a los expertos que hagan lo que saben hacer es, a todas luces, absurdo que la biblioteca quede en manos de funcionarios públicos que no tienen la experiencia ni el conocimiento para ofrecer el valioso servicio público que la corporación venía dando con gran éxito.
Estaremos muy atentos a la reapertura de la Biblioteca San Gabriel y a su desempeño, esperando que no corra con la suerte de su homóloga en Hatogrande. Porque como bien sabemos, en Colombia es perfectamente factible que poco de lo que funciona sea susceptible de ser dañado por algún político.
