Es lamentable ver la declaración de las Farc sobre el fin del conflicto en lo que tiene que ver con su exigencia que le adjudiquen por “asignación directa” curules en los cuerpos colegiados de elección popular como concejos, asambleas y en el Congreso de la República.
Es lamentable en la medida en que un acuerdo con la insurgencia colombiana, generaría la esperanza que se logre, eventualmente, la democratización real del sistema electoral, pero contrario a esto, esa guerrilla solamente reclama curules para sus militantes, dejando incólume una de las denominadas “razones objetivas” por las cuales justifican su levantamiento armado.
Si de generar reformas en nuestro régimen político y electoral se tratara, con miras a un escenario de postconflicto, ese condicionamiento de curules exclusivas resulta lánguido. ¿En qué ayuda a la democratización, la representatividad, la trasparencia, la modernización y el empoderamiento ciudadano dicha exigencia?
Si bien es cierto, resulta plausible que en cambio de una organización armada al margen de la ley, tengamos una nueva organización política y deliberante, en aras de reivindicar sus posiciones y de tramitar las diferencias conforme a las instituciones y el Estado Social de Derecho, dichas instituciones requieren ajustes y reformas que permitan avanzar en la confianza de la ciudadanía, pues no hay que olvidar que en la propia génesis de las guerrillas colombianas, se encuentra la casi inexistente posibilidad de acceso al poder político para los sectores antihegemónicos, alternativos, o con posturas contrarias a las del establecimiento. Uno de los casos más emblemáticos es la del M-19 que se crea luego del fraude electoral que le da la Presidencia de la República a Misael Pastrana Borrero.
Para no concentrar la atención exclusivamente en las justificaciones de la insurgencia, solo basta con revisar, superficialmente, el proceso electoral de autoridades locales que acaba de pasar, en donde el común denominador resultó ser la cantidad exorbitante de dinero gastado para asegurar los cargos de elección popular; o todos las artimañas que han utilizado, históricamente, las expresiones más rancias y retardatarias de los sectores políticos tradicionales “Comprando votos, pagando registradores, financiando campañas con dineros del narcotráfico o de contratistas corruptos, adulterando las actas electorales, adulterando resultados electrónicamente, amenazando electores, sobrepasando los topes de financiación, acomodando encuestas, obligando a funcionarios públicos a votar so pena de perder el puesto o, asesinando a candidatos que no representan a la clase política corrupta, las mafias del poder se las arreglan siempre para salir avantes en los distintos procesos electorales que los perpetúan en el poder”. Así lo relató el escritor y director de cine Gustavo Bolívar en un texto denominado Así se Roban las Elecciones en Colombia, del año 2013.
Por estas razones, al tenor de las negociaciones de la Habana, abonando el camino hacia la paz perdurable, y ya que ni las FARC, ni el establecimiento, representado en el Gobierno, le han otorgado mayor importancia a estos asuntos, ni en la más recientes declaraciones, ni en el la ronda sobre “Participación Política”; se hace necesario que desde estas tribunas se abra el debate que permita incluir, en la agenda pública del postconflicto, una serie de reformas que le impriman trasparencia a la contienda electoral y además, condiciones de competencia equitativa y justa, que facilite el acceso al poder político de representación, a sectores humildes y excluidos, en otras palabras y en estricto sentido etimológico, que sea realizable la democracia: poder del pueblo.
Entonces, lo ideal sería que se estuvieran reclamando reformas como la desmercantilización de las campañas políticas y su financiación estatal total y exclusiva, que se prohíba tajantemente los espectáculos públicos, como: conciertos, ferias y fiestas, verbenas, francachelas y comelonas.
Que se transforme la cultura política, que se transite hacia campañas de ideas y la controversia entre ellas, que se ordenen a nivel local tantos debates como sea posible, entre candidatos a la alcaldía y gobernación y entre los representantes de los partidos en las municipalidades; liderados por los medios de comunicación local, incluidos los comunitarios, o las instituciones educativas, o las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal.
Que se restrinja drásticamente la contaminación visual, que se realicen amplias campañas de pedagogía electoral por medios masivos de comunicación, que se realicen y publiquen encuestas financiadas por el Estado, particularmente en las elecciones de autoridades locales, que el preconteo tenga un orden determinado por puestos de votación y que se conozca previamente, de tal manera que los boletines electorales puedan tener control social, entre otros arreglos institucionales. En síntesis que se amplíe la democracia, que se eliminen esas eternas barreras de acceso al poder político. Esa es una deuda, que ojala antes de terminar la negociación en la Habana se empiece a saldar, que no se pierda ésta histórica oportunidad, ojala así sea.
Politólogo
@Diegohgarzon
