Los hechos ocurridos, entre el 3 y 4 de mayo en La Guaira (Venezuela), cuando un grupo de mercenarios fue interceptado por las fuerzas militares del país vecino, no han tenido la repercusión mediática que una situación de esa naturaleza ameritaría. Esto no es raro, pues desde hace tiempo, los medios nacionales e internacionales han venido tejiendo una narrativa sobre Venezuela, cuya base se enfoca en desestimar los sistemáticos y diversos ataques contra la estabilidad del país hermano.
La estrategia contra Venezuela, ha tenido diversas etapas, y se ha enfocado en múltiples frentes, uno económico, que ha ido menguando las condiciones sociales de la ciudadanía hermana, con el uso de severas sanciones económicas, las cuales, a mi modo de ver, pueden constituirse en violación de los derechos humanos. Sin embargo, la comunidad internacional, que la ONU representa, ha optado por hacer una excepción y se ha abstenido de manera oficial en pronunciarse contra esta política fomentada especialmente desde Washington. Por otra parte, mediáticamente, el gobierno bolivariano ha sido blanco de constantes noticias tendenciosas, falsas, manipuladas cuyo objetivo es el de generar antipatía, cuando no animadversión contra Venezuela. Esta estrategia pretende, por una parte, invisibilizar los logros de los gobiernos del presidente Chávez y del presidente Maduro, y, por otra, afectar su imagen al retratarlos como autoritarios, sectarios, populistas, etcétera, esto lo han hecho a partir de, por un lado, ridiculizarlos, y, por otro, denominando sus gobiernos con el rótulo problemático de régimen. Esta campaña, constante, logra que la información asociada con Venezuela sea fácilmente tergiversada para acomodarse a esa narrativa. El impacto de esta violencia estructural, que es transversal y permanente hace que la gente apoye, tácitamente cualquier acción encaminada a desestabilizar gravemente al Estado venezolano, aunque las repercusiones de esa acción en Colombia sean previsiblemente negativas.
Esa campaña, tuvo un punto alto en 2002, cuando las fuerzas militares bolivarianas lograron desarticular un intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez Frías. La situación, posteriormente, se mantuvo estable, aunque no carente de puntos de tensión, hasta 2013, año en que falleció el presidente Chávez. Desde entonces, la presión ha ido incrementando de forma sostenida contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con el académico Katu Arkonada, en los últimos seis años se “sucedieron órdenes ejecutivas de Obama (2015) y Trump (2017, 2018 y 2019) declarando a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos e imponiendo sanciones económicas, buscando además golpear a la petrolera estatal PDVSA, principal motor económico del país. Todo ello combinado con la desestabilización mediante guarimbas en el territorio nacional (2014 y 2017)”.
Asociado a esto, está lo sucedido en La Guaira, episodio que con el paso de los días ha ido revelado un entramado de intereses de diversa naturaleza detrás de la infructuosa operación ilegal que las fuerzas militares venezolanas lograron interceptar con éxito. De acuerdo con medios, como RT y Medium, el intento de incursión marítima se ejecutó, gracias a la colaboración de agencias de seguridad norteamericanas, que usaron a la firma Silvercorp, la cual ha tenido relación con la Casa Blanca, para proponerle firmar un extenso contrato a Juan Guaidó, el cual básicamente le concedía a Washington, por medio de Goudreau, dueño de la firma de seguridad, control sobre el Estado venezolano. La investigación de Medium, que tuvo acceso al extenso documento, indica que el objetivo era que el comando mercenario lograra tomarse un aeropuerto, para facilitar la incursión militar aérea de las fuerzas militares de Estados Unidos. Una vez logrado el control del país, la pretensión era desarticular el Estado venezolano, criminalizar el chavismo, eliminar al presidente Nicolás Maduro, y, a la alta cúpula del Estado. Señala Medium, “Silvercorp actuaría de la mano con el gobierno fake de Juan Guaidó y por encima de las instituciones de defensa y seguridad nacional concebidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”.
Sí esto es así, estaríamos ante un escenario en el que una corporación internacional, asociada a la Casa Blanca y con la anuencia de gobiernos como el de Colombia, se apoderaría de un país soberano, con el propósito de desmantelar toda su estructura estatal, abolir el estado social de derecho, para de esta manera controlar la explotación total de sus recursos y de paso, suprimir todas las libertades y logros sociales alcanzados en Venezuela en estos años.
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¿Cuál ha sido el papel de Colombia en todo este entramado?
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¿Cuál ha sido el papel de Colombia en todo este entramado? Los indicios y la lógica, hacen suponer que este tipo de planes, no se podrían llevar a cabo sin algún tipo de apoyo tácito del gobierno colombiano, el cual ha tratado de tomar distancia de los hechos, como es usual en este tipo de situaciones. A pesar de ello, las evidencias del rol colombiano en este trance están a la vista para quien quiera ir más allá de los titulares sosos de la prensa tradicional. La cual, como mencionaba al comienzo de esta columna, ha sabido obrar de tal manera que el episodio no pase de una anécdota, lo que tiene como fin, ocultar la gravedad de la conjura, para así propiciar nuevas acciones contra Venezuela, con el respaldo de la ciudadanía, a quien le han generado con su larga cadena de noticias tendenciosas una perspectiva viciada del país hermano.
Aunque hay aún mucho por aclarar sobre lo sucedido, lo cierto es que los organismos de seguridad de la república bolivariana, han ido armando pieza a pieza este rompecabezas, que puede resultar muy incómodo para el gobierno colombiano, cuyo abordaje sobre este asunto ha sido, como lo he señalado en varias oportunidades errado y peligroso para Colombia y para la región.
