Reconociendo que puede convertirse en un cliché la alegoría de “que la realidad supera a la ficción en nuestro país”, es preciso reconocer que la carga de verdad de esta frase supera con creces el número de palabras empleadas, lo que sucede en nuestro pequeño macondo, la Universidad Nacional de Colombia, que fue por un tiempo el hogar del viejo Gabo, no escapa a esta maldición o virtud.
En los últimos años se ha disertado bastante sobre la crisis de democracia dentro de la universidad pública. Siendo la UN un caso particular, es triste reconocer que los ciudadanos construidos dentro de la misma se forjan en un ambiente de arbitrariedad y autoritarismo; sin embargo, el motivo de este escrito es presentar algunas apreciaciones sobre el tema financiero de la UN, dado que anteriormente expresábamos lo que puede ser una solución democrática a la crisis estructural de la misma.
Desde 1992, con la implementación de la ley 30 , la cobertura de la Universidad Nacional ha venido aumentando. Empero, similar a lo que pasa en la educación superior a nivel nacional, el presupuesto se ha mantenido casi constante, así, pues, se puede observar que la cobertura ha pasado en el pregrado de 37.070 estudiantes en el 2000 a 41.344 en el semestre 1 del 2012, es decir, ha tenido un crecimiento de cerca del 12% y de 3.485 en 2003 a 8.850 estudiantes en el 2012 –I. La universidad pasó de recibir como aportes de la Nación 73% en el 2000 al 56% en el 2010, lo que implica que la universidad pasó de conseguir el 37% de los recursos para su financiamiento en el 2000 al 44% en el 2010 (ver Gráfica 1). Ahora bien, la tendencia no se ha revertido, a tal punto que para la vigencia 2015 la universidad tuvo que conseguir el 53% de su presupuesto (Ver acta N°13 de 2014 del Consejo Superior Universitario).
Gráfica 1
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Así mismo, con la esclerosis que sufre el sistema universitario colombiano, pues el presupuesto que se destina para el funcionamiento del mismo solo alcanza el 50%, la autofinanciación por medio de la extensión se ha convertido en uno de los nuevos “principios de la universidad”, es decir, que no solo es la docencia, investigación y extensión(preferentemente solidaria), sino que hay que sumarle a esto, más que un carácter de extensión, la venta de servicios, pues si se observa el comportamiento de los ingresos propios de la universidad durante la primera década del 2010 se puede apreciar, como eso que muchos repudian, la privatización, no se terminó implementando de choque , sino que por el contrario se ha venido estableciendo de manera gradual, de tal forma, que en el ambiente se percibe que todo permanece igual. Las preguntas que emergen son: ¿cuál es el límite de la autofinanciación?, ¿puede este modelo de financiación garantizar los objetivos de calidad y cobertura que busca el país?
Por otro lado, otra de las argucias que se han empleado para aumentar el presupuesto de la universidad es la “Estampilla Pro Universidades”, aprobada en 2013 y que inicio su recaudo el año pasado, según las estimaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, el monto que se espera recaudar a veinte años para la universidad es $645.000 millones de pesos muy diferente a lo que se pregonaba por las directivas de la UN, cerca de 2 billones de pesos, más aun, se esperaba cubrir con los ingresos de esta los intereses de un prestamos de 200 mil millones de pesos con el Findeter. Bajo un escenario promedio y bajo el supuesto de que las condiciones de la economía se mantuvieran contantes, los intereses serian de $44.000 millones de pesos , por tanto el préstamo podría ser pagado; no obstante, la situación económica ha venido cambiando, la inversión en obras públicas, que es el concepto al cual se le aplica el gravamen para obtener estos recursos, cayó para el presente año, como respuesta a la caída del precio internacional del petróleo y otros factores.
Así, la situación financiera de la Universidad Nacional sigue siendo crítica, con un déficit de 150.000 millones de pesos y con una crisis de gobernabilidad, que implica perdidas millonarias con el cierre total o parcial de cada uno de sus sedes, especialmente la de Bogotá, que alberga el mayor porcentaje de estudiantes de la misma.
Pero, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? más allá de reconocer la crisis conocida por todos, la “resistencia” y la oposición sirven, por lo menos para guardar los principios éticos que mueven a cada uno, sin embargo, es prioritario para la Universidad Nacional avanzar en un escenario que permita alternativas en medio de la crisis, es decir que transforme la forma en que se ha venido asumiendo la crisis y que construya de manera colectiva una salida a la misma.
En primer lugar, es prioritario señalar que el problema no se soluciona solo con un nuevo rector, sino que depende prioritariamente de la gobernabilidad que tenga el que esté de paso. Esto lo ha demostrado muy bien Adolfo Atehortúa (rector electo no solo por el CSU , sino también por la comunidad universitaria) que ha venido progresando en la recuperación de la UPN, con un apoyo mayoritario de la comunidad universitaria (un ejemplo de democracia y consenso es que logro acordar un cese en los tropeles, tan cotidianos de la sede de la calle 72 #11-86, por un buen tiempo).
En este orden la propuesta de Congreso Universitario no es una idea en abstracto, la democracia no es un eslogan, la democracia implica pensarse incluso la administración de los recursos, que al día de hoy son tan escasos en la UN. En un artículo pasado se ubicaba como la mayor cantidad de protestas y alteraciones de la “normalidad académica”, por lo menos en la sede Bogotá, tenían relación con la ilegitimidad del rector y con las formas de gobierno dentro de la universidad.
La crisis de financiación se podría desglosar en los siguientes puntos 1) Un déficit presupuestal producto del desfase entre el crecimiento de la universidad y el crecimiento del presupuesto para su funcionamiento, 2) una incapacidad de los últimos rectores para administrar los pocos recursos de la universidad y 3)un baja gobernabilidad de las últimas rectorías, lo que ha implicado no solo la proliferación de innumerables conflictos, sino además la obstrucción de la normalidad académica, y por tato el incurrir en gastos que se encuentran por fuera de lo planeado.
La propuesta de Congreso Universitario amplía no solo el cambio en las formas de gobierno, sino que va más allá, hacia una nueva administración de los recursos, que puede redundar en un verdadera veeduría de la administración de los mismos, por tanto no solo basta con exigir más presupuesto para la universidad, sino también una administración distinta de los mismos.
Diego Acosta
@DiegoAcostaUN
Maria Alejandra Rojas
@MAlejandraUN
Los3PorUNCongreso
