La Guajira nunca ha tenido una planeación para su desarrollo. La elección popular de gobernadores y alcaldes ha sido un desastre en la ejecución de los recursos destinados a resolverle los problemas a la gente que todavía sufre de altos niveles de pobreza.
En La Guajira hay de todo y hace falta de todo, porque todo se lo roban los políticos y gobernantes junto con los contratistas; recibió $4 billones de regalías entre los años 2012 y 2023 que financiaron 1055 proyectos de obras ornamentales. Mientras tanto la gente se muere de sed y hambre.
La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en el departamento por la falta de atención a temas urgentes como agua, alimentación y salud, razón por la cual emitió 210 órdenes para 25 entidades en la sentencia T302 de 2017 y la situación no ha mejorado, evidenciando una falta de coordinación interinstitucional y entre niveles de gobierno que se tiene que superar con una visión gerencial desde el gobierno definiendo metas específicas y alcanzables, que permitan una transformación real y sostenible en un departamento que ha sido desfavorecido en cuanto al desarrollo.
Por eso el gobierno mediante el decreto 1085 declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento, y en ese contexto expidió el decreto 1250 con el objetivo de enfrentar la crisis y abordar la emergencia, definiendo condiciones y medidas para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico a todas las personas que viven en el departamento de La Guajira.
El decreto 1250 establece que MinVivienda tiene la competencia funcional para asegurar el acceso al agua y saneamiento básico a través de diferentes esquemas, tanto públicos como privados o comunitarios, y enfatiza la importancia de atender la emergencia y la gestión del recurso hídrico en La Guajira, poniendo como prioridad el acceso al agua potable para consumo humano.
En tal sentido, MinVivienda tiene la tarea de administrar, operar y mantener los componentes del proyecto multipropósito del río Ranchería, como activo estratégico, para garantizar y asegurar el acceso al agua potable; y cuando no se pueda llevar a cabo a través de los acueductos, se podrán utilizar medios alternos de aprovisionamiento, como carrotanques y agua tratada envasada, siempre y cuando cumplan con criterios de calidad y se garantice progresivamente el mínimo vital y el consumo básico. ¡Y en esto hay que poner mucho cuidado porque ya se escucha que están haciendo negocios!
El Ministerio también podrá estructurar y ejecutar proyectos de agua y saneamiento básico para enfrentar la emergencia y sus efectos con recursos del Presupuesto General de la Nación, mediante un Patrimonio Autónomo.
También autoriza el uso de recursos del Sistema General de Participaciones para financiar el acceso al agua potable y saneamiento básico; al mismo tiempo que habilita a las autoridades nacionales y territoriales a focalizar y priorizar la destinación de recursos presupuestales para atender la emergencia ejecutando proyectos e intervenciones, permitiendo la contratación directa con organizaciones sociales, comunitarias e indígenas para adquirir bienes, servicios y obras que sean necesarias.
Pero quizás lo más importante es la creación del Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira (IGAG) como entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrito al MinVivienda que ejercerá las funciones mientras empieza a funcionar.
La finalidad del IGAG será garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico en el departamento y reducir la vulnerabilidad de la población ante amenazas económicas, sociales y ambientales relacionadas con la falta de acceso al agua. Su patrimonio incluye asignaciones del presupuesto nacional, recursos de crédito interno y externo, donaciones, entre otros. Podrá brindar apoyo financiero a entidades públicas y privadas, destinando recursos para atender la emergencia del acceso al agua.
Entre tanto, qué pasará con ESEPGUA, porque el IGAG prácticamente la saca del paseo; cómo se hará para que el IGAG no se convierta en un fortín burocrático de los políticos guajiros y resulte peor el remedio que la enfermedad; quién garantiza que los políticos, gobernantes y contratistas corruptos no se roben los presupuestos destinados a resolver la crisis del acceso al agua.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí... @LColmenaresR
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