Ante la incapacidad sistemática del Gobierno Nacional para ejercer el control territorial en ciertas áreas del país, como el corredor del Pacífico, Catatumbo, Arauca, sectores del Caquetá, el Putumayo, y el departamento del Cauca, entre otras, las organizaciones criminales son las que imponen las condiciones de vida, mientras se trata de amilanarlas con televisivos mensajes intimidantes.Para estos días hubo nuevos anuncios de paro armado, que afectará, otra vez, todas actividades comerciales, de transporte público, educativas y agropecuarias en el suroccidente del Cauca, además del desabastecimiento de víveres, medicamentos y combustibles, y hasta el normal desenvolvimiento de la campaña política con miras a las elecciones de los meses de marzo y mayo.Según el panfleto del ELN, este paro armado durante 72 horas «se llevará a cabo a partir de las 6:00 horas del 23 de febrero, hasta las 6:00 horas del 26 de febrero de 2022».
Entonces el ministro de Defensa responde: “Colombia no se amedrenta frente a unos panfletos del ELN. El país tiene que confiar en su Fuerza Pública, que está desplegada con todas sus capacidades para garantizar la movilidad de los ciudadanos”, mientras que los habitantes de los sectores rurales, especialmente, atemorizados, son obligados al confinamiento y al abuso de sus derechos.
Como cuando se realizan los famosos pero inútiles consejos de seguridad, que son reactivos, no preventivos, el ministro Diego Molano, con suspicacia, simplemente tilda de “cobarde” la actividad programada.
Y creyendo que su discurso normaliza la situación, y remplaza acciones preventivas y de control territorial eficaz, se despacha recalcando lo que todo el mundo sabe: “El Eln es un grupo narcoterrorista, criminal, y además con unos dirigentes cobardes que se esconden en Venezuela, toda su dirección nacional. Porque los que han venido a Colombia o los hemos capturado o los hemos neutralizado, como el caso de alias ‘Uriel’, como el caso de alias ‘Fabián’”
Molano descubre que el agua moja: “el paro de esta guerrilla, a partir del 23 de febrero, tiene fines políticos de cara a las próximas elecciones que se van a realizar en el país”. “Los panfletos del paro armado del ELN buscan generar temor en los colombianos”.
Los ciudadanos reclaman algo más que simples rechazos mediáticos, exigen presencia permanente de un Estado capaz de brindar seguridad real, control territorial para garantizar la libre movilización, la libertad de empresa, la libertad de expresión, garantías alimentarias y laborales, servicios públicos eficaces y eficientes, la implementación de los acuerdos de paz, la salud y la educación pertinente, entre otras obligaciones, como la erradicación de economías ilegales (la producción y comercialización de cocaína, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de migrantes), que eliminarían las fuentes de financiación de los grupos criminales.
Estas acciones del Gobierno no debieran obedecer a la reacción estatal al terrorismo metódico que se padece, sino a políticas públicas de ejecución cotidiana.
Temores vigente
La preocupación de las comunidades del Cauca también es permanente y se ve reflejada, según lo consignan otros medios de comunicación:
Docentes que deben viajar desde Popayán a municipios alejados aseguraron que, a pesar de los riesgos, se ven en la obligación de trasladarse y permanecer en sus lugares de trabajo, “sin tener ningún respaldo o nadie que asuma responsabilidad si algo nos llega a suceder
“La preocupación es constante por el anuncio de un nuevo paro armado, porque tenemos la afectación reciente que dejó el atentado terrorista, la semana pasada, donde resultaron heridas siete personas y 50 viviendas impactadas generando aún más temor”, explicó el personero de El Tambo, Cauca, Luis Fernando Vergara
Por otra parte, el pasado 16 de febrero, que “Por amenaza de paro armado, cerca de 500.000 personas de los municipios de Juradó, Pizarro, Nuquí en el Chocó; Guapi y Timbiquí en el Cauca y El charco, Iscuandé y Mosquera en Nariño, lugares a los que solo se llega por vía marítima, se encuentran incomunicados con Buenaventura”. “Además, desde Buenaventura no están zarpando buques de cabotajes ni lanchas por el temor que han generado panfletos del ELN y las disidencias de las Farc anunciando un paro armado”.
Frente al riesgo electoral, la Defensoría emitió hace pocos días una alerta en la que califica 274 municipios del país en riesgo extremo y alto de vulneración de derechos, por lo que, sumado a estas nuevas amenazas del ELN contra la población civil, el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva de sus instituciones para la protección de los derechos de la ciudadanía.
Adicionalmente, el gobierno guarda silencio sobre la “amenaza latente para la democracia colombiana” según las advertencias de la: los riesgos indicativos de fraude electoral como los riesgos por factores de violencia, principalmente en las zonas históricamente afectadas y en las que hoy se encuentran las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CITREP.
Advierte la MOE que el departamento Cauca tiene 31 municipios que presentan riesgos por violencia, 15 municipios por riesgo indicativo de fraude en Senado y 15 en Cámara.
Por esto es necesario que el Estado retome su presencia en el Cauca con el objetivo de brindar las garantías necesarias a todos los actores participantes de la contienda electoral, incluyendo a la sociedad civil. El cruce de anuncios sobre paro armado no es garantía pública.
