La sensación de miedo que existe en el norte del Cauca, extendido al departamento, se consume cotidianamente; no hay estamento social, por protegido que esté, que no sienta el peligro de ser víctima de actos capaces de causar daños irreparables en sus vidas o en sus propiedades.
Los grupos criminales, mimetizados en las comunidades, saben que no pueden políticamente copar su territorialidad, pero, utilizan compulsivamente el crimen indiscriminado y el terror, con más intensidad, en las comunidades nativas, para mantener sus dominios sobre las economías ilícitas.
En esa perspectiva, asombra que el Estado se limite a divulgar estadísticas de muertes y observar el conflicto como un problema étnico, no como un problema social y de seguridad regional, mientras no garantiza el derecho a la vida y la seguridad en los territorios de la Primera Nación. Lo propio ocurre con los líderes artífices y forjadores de la paz, que desafían la vida en los campos y ciudades, con el riesgo inminente de ser asesinados.
Mientras el poder oficial siga mirando a las poblaciones indígenas como colectividades que no producen dividendos políticos y comerciales, con el “síndrome de la minga conflictiva”, seguiremos escuchando estadísticas mortales.
¿Qué ha dicho, de este agudo conflicto, el Estado colombiano sobre el Estado y la sociedad norteamericanos, si cuando nace un hijo, de los 30 millones de drogadictos que posee, sus pies destilan opio o cocaína? ¿Acaso la demanda, también, no es un crimen sostenido y aupado por la embriaguez del dólar?
No tiene sentido comparar la violencia del pasado con la disminución de cifras en el presente. La muerte violenta de un comunero indígena en sus territorios nunca es concebida como un evento social. Una sola desaparición violenta es desgarradora. No hemos admitido que somos sociedades culturalmente distintas.
La exigencia imperativa no es un plan de choque, lo que la región caucana necesita es agotar las políticas de pacificación acordadas y, las concertadas, con los movimientos sociales.
De igual manera, el uso legítimo del monopolio de la fuerza en manos del Estado, debe ser un recurso militar, contundente y categórico, para que sea posible hacer las paces con los grupos que acepten las políticas de paz del Estado, ajenos a las multinacionales de la droga, la minería ilegal depredadora, al narcotráfico, la extorsión y el secuestro, con el objeto establecer estrategias para superar todas las formas de violencia directa, estructural y simbólica.
Desaparecida la categoría del subdesarrollo, impuesta por las metrópolis, no podemos continuar viviendo en una sociedad política y socialmente rezagada.
La paz es una necesidad que se construye apelando al desarrollo, la educación y la cultura, que afiance el respeto por los Derechos Humanos Sociales, Culturales y Económicos, que suprima el grave deterioro que produce la economía sostenida por los cultivos psicotrópicos y frene, en ciudades como Popayán, el ostensible desarrollo comercial y urbanístico, que legitima la droga.
A riesgo de parecer inocente, recordemos a Bakunin cuando decía: “Es proponiendo lo imposible como el hombre ha logrado siempre lo posible. Aquellos que se han ceñido prudentemente a lo que les parecía factible, jamás han avanzado un solo paso”. Sortear fórmulas para superar el conflicto, es posible.
La paz continúa siendo un mito, y los que presumen posar como dueños de la sabiduría social, pican los caballos del exterminio indígena etiquetándolos, peyorativamente, como racialmente “amarillos “, señalamiento que conduce al fascismo.
De igual manera, tratar de silenciar con amenazas a un medio libérrimo como Proclama del Norte es un acto perverso que pretende fortalecer la impunidad.
No es mirando soslayadamente el exterminio indígena, causado por la brutalidad histórica de distintos actores, como debe observarse la salvaje aniquilación nativa.
En mi condición de simple ciudadano y expresidente de la Comisión de Diálogo del Cauca, que negoció la paz con el M 19, que fue coordinador general de Caucanos por la Paz, que pactó la paz con el Grupo Armado Quintín Lame, con la íntegra rectoría de la Iglesia, no podía guardar silencio ante los dramáticos momentos que atraviesan las comunidades indígenas, tanto más, cuando vivimos en un departamento que tiene como emblema ante el país y el mundo: “Cauca Territorio de Paz”, que es necesario construir.
Solidaridad plena con los pueblos de la Primera Nación y con quienes desde el Estado y la insurgencia hicieron posible el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Salam aleikum.
