Un soldado colombiano de tierra, agua o aire, es un ser humano de carne y hueso, generalmente hijo de gente sencilla y humilde, de campesinos sin abolengos, gente del pueblo que se alista voluntariamente en cumplimiento de un servicio militar obligatorio, en las Fuerzas Armadas, recibiendo entrenamiento y equipo para defender al país y sus intereses. En su condición de miembro de dichas fuerzas constitucionales, se convierte en un militar organizado en el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.
Hacer el bien es un mandato, una obligación que se vuelve principio y convicción; todos los días, durante la vida militar se lo enseñan, se lo recalcan, se lo repiten, se lo cincelan, a los soldados y a sus mandos.
Cualquier soldado, sobre las selvas, mares, ríos, las tripulaciones de cualquier nave o cuartel, tiene claridad sobre el porqué y cómo defender los principios constitucionales con apego a la Ley; lo juramos bajo bandera y lo asumimos como una religión, como un legado, como apóstoles de la milicia.
Por eso, quien manche la honra y el bien de estos soldados, produce inmediata frustración, porque en todos los cuarteles se enseña a defender los más caros ideales de los colombianos y se siente pena, cuando alguien transgrede esos principios.
Los soldados rasos, los soldados profesionales, los soldados suboficiales y los soldados oficiales, saben que cualquier mal proceder afecta a todos, pues la responsabilidad de portar las armas de la República es tan grande como el país y obliga a profesar transparencia, honestidad, pulcritud, obediencia y respeto todos los días de la vida; fallar es una deshonra, porque se juró a Dios y frente a nuestra bandera, defender la patria y llevar con honor el título de colombiano.
Las noticias que agitaron la opinión nacional durante las últimas dos semanas, pusieron en tela de juicio lo que se enseña y aprende en las bases y cuarteles militares.
Lo que acaba de ocurrir dentro del establecimiento castrense, no debe ser visto como producto de una persecución judicial, guerra jurídica, estrategias de desprestigio de los enemigos, sectores políticos o de un medio de comunicación; se debe reconocer que existe un problema, una realidad que no se puede esconder; es sin duda y eso lo demuestran las decisiones tomadas por el ministro de Defensa y el presidente, que el problema es por causa de las malas actuaciones de unos pocos que manchan a una Institución repleta de miles, miles de buenos soldados.
La facultad discrecional del Ministerio de la Defensa no termina con retirar de sus cargos a un grupo de oficiales; también exige que se cambien las reglas del juego, frente a los procedimientos durante los procesos de contratación. Sobre el gasto militar, se entiende la necesidad de algunos mecanismos reservados, pero estos no se podrán constituir en una patente de corso a la hora de disponer de los recursos.
Los señalamientos, indican que algunos funcionarios que han hecho carrera en el arte de la contratación, equivocaron sus principios: roban, callan y crean cultura de ilegalidad; igual de grave si se comprueba que otros, tapan y tapan hasta que “muerden”; reciben dádivas y se aferran a un poder efímero, que pudre y corrompe.
Quizás nos faltó aprender más del desastre de los “falsos positivos”, causados por los afanes de producir resultados durante la administración del gobierno anterior. Cuando el conflicto se degradó, el desastre debió producir cambios estructurales frente a la verdad de los desafueros, para extirpar la solidaridad perversa que produjo una cultura permisiva entendida como normal y fraterna; por eso, un minúsculo sector de corruptos empoderados hacen tanto daño: sobre las instituciones inmaculadas, una mancha es un océano.
Un soldado avisado si muere en guerra, cuando a pesar de todas las advertencias, desobedece y con sus actuaciones desatinadas hace tambalear la credibilidad de sus instituciones exponiéndola a la vergüenza pública y al naufragio.
Las acciones de quienes toman las grandes decisiones, deben producir cambios en las actitudes y comportamientos de las personas y en la cultura interna de las instituciones; de lo contrario las facultades discrecionales pasarán a ser solo un cambio de personas por otras. Quienes estén contaminados deben irse, y ante cualquier denuncia se debe obrar con el máximo respeto y cuidado con los inocentes, pues se hace mucho daño cuando se mancilla la honra de quienes son íntegros.
Este bochornoso episodio, no da lugar a debilitar la confianza del país en la lealtad de las Fuerzas Armadas de Colombia, ni de sus instituciones democráticas que a diario cumplen con pulcritud sus deberes.
Los colombianos saben perfectamente que su fuerza pública ha cumplido satisfactoriamente con su misión, pero en el interior de estas fuerzas legítimas, no se puede perder de vista que por simple lógica ética, la ciudadanía nunca permitirá que sus militares o policías cometan un solo desafuero.
