La Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales que presuntamente involucran al suspendido Gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, a su Secretaria de Educación, Betsy Mireya Londoño, y a la contratista Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, por un contrato de alimentación para estudiantes de internados de Leticia y Puerto Nariño donde se detectaron sobrecostos superiores a los $297 millones de pesos, que incluyen el pago de $900 por unidad de huevo de gallina.
También hubo sobrecostos del 200% en la compra de pasta para sopa (por 500 gramos), que se consigue en $1.460 en el mercado y se pagó a $5.050.
Continúan así las graves irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República en contratos de alimentación escolar. En esta oportunidad los hallazgos señalados se evidenciaron en Leticia (Amazonas), confirmando que se trata de una problemática que afecta a todo el país.
Gracias a las denuncias ciudadanas recibidas, la Gerencia Departamental de la Contraloría en el Amazonas auditó el Contrato No. 0216 de 2016, suscrito por el suspendido Gobernador del departamento, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, con la señora Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, para el suministro de víveres a los estudiantes internados en las Instituciones Educativas ubicadas en los sectores de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá.
La Contratista Cuéllar Cuéllar habría sido seleccionada bajo la modalidad de Único Oferente, para un contrato suscrito por un plazo inicial de 6 meses, sujeto al calendario escolar, y por una cuantía de más de $3 mil 340 millones de pesos, de la vigencia fiscal 2016.
El contrato tenía por objeto el “Suministro de víveres para los internados de los sectores ubicados en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, a cargo de la Secretaría de Educación Departamental”, instituciones educativas que funcionan bajo la modalidad de internado, por lo que la Contraloría General de la República le dio prioridad a la verificación de la correcta inversión de estos recursos.
Sobrecostos injustificados
La Contraloría logró establecer la existencia de graves irregularidades en la estructuración de los estudios y documentos previos que sirvieron de base para el cálculo del valor del contrato, y que dieron lugar al pago de sobrecostos en varios de los ítems contratados.
Para el suministro del Internado de Tarapacá, por ejemplo, se pactó el pago de $900 pesos por unidad de huevo de gallina rojo, cuando en los supermercados de la región se consigue la unidad en $425 pesos, y hasta en menos ($350), si se tiene en cuenta que el distribuidor no compra por unidad, sino al por mayor. Los sobrecostos, en solo huevos, fueron de más del 55%.
En una de las Instituciones Educativas se compraron 6 mil huevos
La panela en caja por 40 unidades, que a precios de mercado se consigue en la región en $38 mil pesos, la compró el Gobernador a la señora Cuéllar en $65.200 pesos, lo que representa un sobrecosto de por lo menos el 50%.
El kilo de zanahoria, que en los mercados del Amazonas se consigue en $4.400 pesos, se compró a $7.525, con igual sobreprecio del 50%. La avena molida por 250g., con un costo de $1.930, se pagó a $4.425 (más del 100% de sobrecosto). La pasta para sopa por 500g., con un precio de $1.460 en el mercado, se pagó a $5.050 (más del 200% de sobrecosto).
El equipo auditor recaudó la información relativa a las condiciones del mercado en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, recolectando no sólo información proveniente de los proveedores que operan en dichas entidades territoriales, sino que obtuvo también un informe rendido por las respectivas Alcaldías, que registran específicamente los precios de mercado y los costos indirectos relacionados con los víveres a suministrar.
Es decir, los sobrecostos y el respectivo daño patrimonial, se calcularon teniendo en cuenta no sólo los valores de mercado, sino igualmente los costos indirectos propios de la labor de distribución y suministro, y aun así la Gobernación no pudo justificar los precios pagados.
Instituciones educativas afectadas
El análisis de precios llevado a cabo por los auditores de la Contraloría se detalló en cada una de las Instituciones Educativas afectadas, arrojando los siguientes resultados:
*En el Municipio de Puerto Nariño, la Institución Educativa San Francisco de Loretoyaco, resultó afectada en más de $98 millones 472 mil pesos.
*En Leticia, la capital, la Institución Educativa San Juan Bosco se vio afectada en más de $117 millones 841 mil pesos, mientras que la Institución Educativa Santa Teresita, de la comunidad de Nazaret, en la jurisdicción de la misma ciudad, resultó afectada en $88 millones 520 mil pesos.
Irregularidades en los precios
La Contraloría General de la República pudo evidenciar que las irregularidades se presentaron desde la construcción de los términos de referencia para la contratación, ya que los mismos resultaron incompletos, ambiguos y confusos en su redacción.
Tal situación llevó a la celebración del Contrato de Suministro 0216 de 2016, así como sus adiciones y Otrosíes, en vulneración del principio de planeación, generando una inversión antieconómica e ineficaz de los recursos destinados a la alimentación de los niños del Departamento del Amazonas.
El monto total de los recursos perdidos por los mencionados sobrecostos ascendió a $297 millones 833 mil pesos.
La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en el Amazonas, ha dado traslado de los hallazgos detectados para que se inicien los correspondientes procesos de responsabilidad fiscal, contra quienes posiblemente hayan intervenido en el proceso:
No sólo el suspendido Gobernador Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y la contratista Dora Liliana Cuéllar Cuéllar, sino igualmente la Secretaria de Educación Departamental para la fecha de los hechos, Betsy Mireya Londoño, quienes en cumplimiento del debido proceso tendrán la oportunidad de aclarar su participación en el mencionado contrato.
Prácticas irregulares reiteradas
Como lo pudo establecer el equipo de la Gerencia Departamental de la CGR en el Amazonas, a pesar de que estas inversiones se hacen año a año a través de contratos cuya duración se ajusta a las vigencias fiscales y al calendario escolar, en las vigencias 2013 y 2014 se habrían venido presentando las mismas irregularidades, por lo que se trataría de una práctica irregular reiterada en los contratos relativos a la alimentación escolar.
