La duda de Sofía
Sentada sobre el armazón de hierro de una banca, la madera hace tiempo se pudrió por la inclemencia del páramo, Sofía Martínez apura un cigarrillo y piensa. Trata de decidir, valora su situación y naufraga en la duda. "Seguir o no seguir, es esa la cuestión". Hay un asomo de amargura en su rostro. Un perro callejero la husmea y finalmente se ovilla a sus pies, como si se solidarizara con su desamparo. El centro del dilema es la plata, las cifras surcan su cabeza. La casera le ha preguntado esta mañana que si va a seguir otro mes, “si no, me hace el favor y me desocupa doctora”. Los 660 mil pesos que le han pagado por un mes de arduo trabajo la dejan en saldo rojo. Renunciar significa volver a casa y hacer frente a la deuda que ha debido contraer para subsistir y pagar la seguridad social. Si se queda, hay una esperanza de encontrar más personas que tenga el Registro Único de Víctimas y aumenten sus honorarios, y así, por lo menos, tener la tranquilidad de no quedarle debiendo nada a nadie y enviar algo de dinero a su niña.
Por ahora dejamos a la profesional psicosocial Sofía, sentada en la desvencijada banca del parque de un pueblo en las montañas del Cauca, un municipio que fue asolado por la violencia del conflicto armado durante décadas. Para entender su situación hay que echar un vistazo general al contexto.
El mecanismo del sistema
Por un lado está la víctima del conflicto, aquel colombiano que ha sufrido el fragor de la guerra, que ha perdido sus bienes materiales, que ha vivido el dolor en carne propia, un dolor íntimo, un drama solitario, episodios tan extremos, que a veces resultan inenarrables.
En el otro extremo está el marco jurídico del posconflicto, la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, que en teoría maneja una filosofía transparente y altruista; se trata de un sistema legal para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Un plan para ayudarles a sanar las heridas que les ha dejado el conflicto.
El centro de esta ley es el concepto de reparación integral. Es integral pues abarca las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, y maneja cinco medidas: rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución (de tierras, de viviendas, fuentes de ingreso, empleo, de acceso a crédito) y garantías de no repetición.
Dentro de la medida de rehabilitación, se encuentran los programas de carácter psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas.
En medio de estos dos sujetos, Estado y víctima, operan otros actores, los intermediarios. Estos pueden ser Empresas Sociales del Estado, Fundaciones, ONG. Algunos operan bajo el rótulo de organizaciones sociales, pero son poderosos consorcios con un gran capital financiero. Estas empresas, contratan con el Estado millonarios recursos para aterrizar las estrategias de la Ley de Víctimas. Con este propósito, a su vez contratan profesionales psicosociales que son en últimas los responsables de aplicar los protocolos de atención para llegar a miles de colombianos que han quedado devastados sicológicamente por el dolor de la guerra.
Las heridas invisibles
Las consecuencias de la guerra en la salud mental son nefastas. Según estudios de Médicos sin Fronteras, las víctimas del conflicto armado sufren de problemas de depresión y ansiedad en un 34% más que la población civil. Es normal que ante el conflicto armado las personas tiendan a desarrollar sentimientos de desesperanza e ideación suicida.
“Las personas que vivencian el conflicto armado tienen un 65% de posibilidad de desarrollar un trastorno afectivo bipolar tipo II, una condición alarmante si se habla de salud mental, además de precipitar el desarrollo otros tipos de psicosis”, Edna Johanna Herrera Merchán, Ph.D. Neuropsicología Clínica.
Dentro de las consecuencias que genera la guerra en la salud mental de las personas se encuentra el estrés postraumático. Al respecto el psiquiatra Carlos Gómez Restrepo afirma que, “Muchas alteraciones mentales medidas se asocian con estrés postraumático, trastornos afectivos, ansiosos y abuso de sustancias psicoactivas”.
Hay desconfianza, dificultades con la empatía, con manifestaciones afectivas, en el conocimiento del otro y con las emociones. Entre los problemas que suscita la violencia están rasgos de tipo depresivo, ansioso, dificultades con el sueño, de personalidad, consumo de alcohol y sustancias ilícitas.
Estos daños evidentes al equilibrio individual, familiar y comunitario, esta ruptura en mil pedazos de cualquier proyecto de vida por cuenta de la guerra, hace que sea absolutamente necesaria una intervención. A partir de ahí, la Ley de Víctimas contempla dentro de las estrategias de rehabilitación el Enfoque Psicosocial y la de Recuperación Emocional.
La danza de los millones
Estas intervenciones de orden psicosocial son costosas. Los recursos para realizar las intervenciones son manejados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, que es administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV.
Los intermediarios entran a licitaciones para quedarse con estos millonarios contratos y llevar las distintas estrategias a la población víctima. En este momento, el proceso de llevar alivio a la gente, se empieza a resquebrajar. Estas fundaciones operan con los principios de rentabilidad que cualquier empresa: deben ganar dinero. Realizan una convocatoria, procesos de selección y finalmente contratan. Un ejército de profesionales psicosociales es contratado cada año por ONGS, Fundaciones y otras organizaciones intermediarias, para atender las heridas invisibles de los sobrevivientes: que para efectos de este sistema configuran la demanda.
La contratación se hace por prestación de servicios y los contratos tienen todos los vicios propios de esta modalidad. En este punto ya no importa la calidad de la atención, ni la reparación emocional, ni el nivel de alivio que las personas puedan sentir. Para los intermediarios lo que importa es el factor numérico, las cifras, los reportes, los informes que los profesionales tienen que generar, pues son esos soportes los que garantizan los desembolsos millonarios del Gobierno. La misión primera, de llevar una luz de esperanza y proporcionar alivio, se ha transformado en una transacción mercantil, una simple operación financiera. En este escenario los psicólogos se convierten en el último eslabón de la cadena, el más frágil.
Precariedad laboral, explotación y dispersión de esfuerzos
Después de un complejo proceso de selección, los profesionales reciben la llamada soñada: han sido escogidos entre cientos de candidatos para trabajar con las víctimas del conflicto. En un principio los profesionales se ilusionan, pues se trata de un contrato indirecto con el Estado. En este caso se trata del programa PAVSIVI (Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas), promovido desde el Ministerio de Salud y Protección Social, operado por la Secretaría de Salud Departamental a través de la ESE de un municipio caucano). El programa fija unas metas de atención a un número determinado de personas, y un periodo de tiempo acorde para cumplirlas. Aquí empiezan una serie de desagradables sorpresas.
La ESE en cuestión ha realizado una maniobra por los motivos que sean de la siguiente manera. Si el plan tiene determinado un periodo de seis meses para su cumplimiento, contratan al profesional dos meses antes de que se agote el tiempo estipulado, pero sin modificar la meta que se ha fijado y asignándole una remuneración sólo por el tiempo trabajado. Es decir, si el Gobierno destina 12 millones para los honorarios del profesional que debe a tender a 100 personas en 6 meses, al profesional le pagan 4 millones durante los dos meses, pero lo obligan, con cláusulas bien específicas, a atender las mismas 100 personas.
Seguramente justifican el total de la asignación presupuestal, pero el profesional no cobra ese valor. Este, por la necesidad de trabajar, acepta las condiciones, paga su afiliación a salud y los viáticos, de su propio bolsillo, casi siempre endeudándose. Una vez iniciadas sus funciones se da cuenta de que la meta que se la ha impuesto es prácticamente imposible de cumplir. Debe trabajar hasta 12 horas diarias incluyendo domingos y festivos. No tiene tiempo de atender a las personas de una manera ética y no logra los objetivos cualitativos ni cuantitativos del programa a cabalidad, pero no es su culpa. La misión y los objetivos planteados por el Gobierno para ese programa en particular, no se consiguen, pero la plata igual se gasta.
Como si esto no fuera suficientemente arbitrario e irresponsable sucede una última contrariedad. Resulta que en la mayoría de los casos, como lo hemos dicho, el profesional no logra cumplir con las metas por las razones anteriormente explicadas, entonces la ESE, a la que no le importa que las personas que deberían haber recibido una atención de calidad, apenas si han tenido un contacto con el profesional, ejecuta las sanciones respectivas por incumplimiento y hace efectiva las multas que se han estipulado en el contrato. Si el profesional quiere evitar las multas y que le dañen su hoja de vida, termina trabajando uno o dos meses gratis para completar la meta. Al final las ESE, cuadran caja, las personas que deberían haber recibido una atención óptima se quedan en las mismas, y el profesional vuelve a casa, agotado y con la sensación de haber sido timado de frente, en toda la cara.
Finalmente Sofía
Otros intermediarios de mayor envergadura realizan convocatorias macro, a nivel nacional, reúnen centenares de profesionales en Bogotá, les pagan los pasajes de avión y la estadía en un hotel confortable. La psicóloga Sofía está entre los afortunados que han sido seleccionados. Lleva varios meses sin trabajo y esta es una gran noticia. La Fundación de turno da la impresión de ser muy organizada y boyante. Se ganan la confianza de los psicólogos y les ofrecen unas condiciones de honorarios muy atractivas, que pueden superar los 4 salarios mínimos mensuales. Las cuentas son alegres, en un programa de 4 meses el profesional puede llevar a casa un buen dinero que le ayudará a cubrir el déficit que arrastra desde hace tiempo. En esta ocasión el trabajo es de atención psicosocial grupal. La meta es de 200 víctimas del conflicto que estén registrados en el Registro Único de Víctimas, organizados en grupos cerrados de 20 personas incluyendo la atención diferencial étnica. Se deben hacer dos encuentros diarios de tres horas. La fundación les suministra una base de datos de personas con el Registro Único de Victimas, la condición fundamental para acceder a estos programas. En teoría lo único que deben hacer es llamar a las personas, organizarlos en grupos, gestionar los lugares encuentros, hacer unas socializaciones con las entidades territoriales y ejecutar los encuentros mediante unas guías metodológicas bien estructuradas. No parece una labor descabellada.
Empieza la aventura
Sofía firma el contrato y viaja al municipio asignado a tres horas de Popayán. Consigue un dinero para pagar una habitación, la alimentación, los transportes y por supuesto para pagar el importe de la Seguridad Social, con base a los 3 o 4 millones de pesos mensuales que va a recibir. El contratante, llámese fundación o consorcio, le ofrece una ‘sim card’ ilimitada para llamar. La base de datos le llega a su correo. Es un listado de 400 personas. De esta debe lograr la convocatoria de 200. Es un porcentaje del 50 por ciento. No está mal. Empieza el proceso de contacto telefónico. Llamada tras llamada, el optimismo se tambalea.
Después de horas de marcar y registrar las llamadas comprueba que la base está desactualizada y tiene graves defectos técnicos; la mayoría son números equivocados, inexistentes o fuera de servicio. De la depuración apenas le han resultado unas 40 personas que son víctimas, tienen el RUV y están interesadas. Por lo tanto, según directrices de la empresa, que le llegan a toda hora con emails y llamadas telefónicas hasta los domingos por la noche, es necesario implementar estrategias alternativas para lograr la conformación del número de grupos requerido. Las estrategias de las que hablan son las socializaciones con las comunidades rurales, veredas y corregimientos. Hay que desplazarse, normalmente en transporte informal, motos, cuyos gastos no pueden ser demostrados para una supuesta devolución pues no hay manera de soportarlos con documentos como recibos o facturas válidos. Los gastos se incrementan, pero el afán por llevar la estrategia a la gente y conseguir la meta se mantiene viva en Sofía, la empatía con la gente que sufre es una pasión que lleva por dentro, y le alimenta la entereza.
Trabajo físico y una moral que mengua
Al mismo tiempo que realiza trabajos de socialización del programa, debe preparar y llevar a cabo los primeros encuentros. Además debe transportar cajas de kits de materiales para los participantes más los refrigerios, que previamente le han hecho llegar a su residencia y permanecen allí almacenados. Son cajas pesadas y voluminosas, y hay que responder por ellas, se han firmado papeles. La Fundación le exige informes diarios, listados de asistencia, actas de reuniones, registros fotográficos. En este punto la moral en declive y el cansancio (no hay día que se vaya a la cama antes de las doce de la noche), solo son contrarrestados por la maravillosa satisfacción de poder compartir con los sobrevivientes, gente humilde, que vive en condiciones de pobreza y aislamiento, que debe desplazarse desde sitios lejanos para asistir a los encuentros y muestran una gratitud que conmueve.
Se acaba el mes y llega el pago
Sofía tiene responsabilidades familiares y sus finanzas no dan para excesos. Apura los últimos días del mes racionado la comida pues el presupuesto de gastos ya está en las últimas. Se anima a sí misma con la idea de que al fin ha logrado hacer dieta, se nota más delgada. Además es fin de mes, el tiempo de cobrar. El intermediario pide los informes respectivos para realizar la liquidación, y envía el valor por el que debe hacer la cuenta de cobro.
Sofía abre la bandeja de entrada de su email con la ilusión propia de quien lo ha dejado todo y al fin va a recibir su recompensa. El correo es sucinto:
“Cordial saludo, la liquidación de sus honorarios para elaborar la cuenta de cobro queda así: Labores previas realizadas antes de los encuentros: $270.000. Por número de víctimas válidas atendidas $390.000”.
Sofía siente una profunda frustración, una lágrima se desliza por su rostro cansado. Pero debe haber un error, llama a la oficina. “Esas son las condiciones del contrato”, le espetan. Recibe mensajes de decenas de compañeros regados por toda la geografía nacional que están en la misma situación. La fundación ha hecho valer una extraña y sospechosa clausula, que definía un descuento de 8 mil pesos por las víctimas que no asistieran a cada encuentro. A Sofía le han birlado más de 2 millones y medio de pesos, en la cara y por vía "legal".
Sofía entonces sale al parque, no sabe qué hacer, es tal la ansiedad que la consume que vuelve a fumar después de un año. Compra un cigarrillo con una moneda que ha encontrado en el fondo del chaleco rojo, con los logos de la Unidad de Víctimas y se sienta en el parque, en medio del frío, con el estómago vacío; hoy no ha desayunado, el presupuesto se agotó el día anterior en las fotocopias y escáner del informe mensual. El perro la mira un instante con sus ojos tristones, ojos de perro apaleado y solitario. Bien dicen que la necesidad tiene esa cara.
Impunidad
En prácticas como esta, a las que se suman otras, como el descuento de honorarios por ausentarse un día del municipio, como si hubiera que cumplir horarios, retenciones del último sueldo por incumplimiento de metas, raramente son denunciadas, pues existen amenazas veladas, de que una denuncia a las ESE, Secretarías de Salud, Ministerio de Trabajo, o cualquier entidad, va a significar la marginación futura para cualquier contrato con el Estado.
Lo triste es que por cuenta del afán mercantilista que pervierte los programas sociales y las prácticas abusivas de esta modalidad de contrato miles de víctimas del conflicto armado no reciben una atención psicosocial idónea, se genera frustración y desconfianza institucional, el dolor interno sigue vivo, horadando la esperanza, echando por tierra la misión altruista de la Ley de Víctimas, y generando situaciones dramáticas y precarias en el trabajo de los profesionales.
