El general en retiro del Ejército Jaime Humberto Uscátegui sigue en prisión pese a que está probado que el proceso en su contra se edificó sobre mentiras.
La semana pasada un juzgado de Paloquemao, en Bogotá, condenó a 65 meses de prisión a un grupo familiar que en su momento dijo ante las autoridades que en la llamada masacre de Mapiripán, en julio de 1997, varios de sus allegados fueron asesinados por los paramilitares.
Pues bien, con los años se pudo establecer que Mariela Contreras, su hija Zuli Herrera y el esposo de ésta, Algemiro Arévalo, eran tres mentirosos que se hicieron a una millonada como indemnización previo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contreras, arrinconada por sus propios embustes, confesó que su esposo no había sido asesinado en Mapiripán; que uno de sus hijos fue víctima de los paramilitares pero no en los hechos de julio de 1997, y que otro de sus hijos se unió a la guerrilla.
Que la señora Contreras, su hija y su yerno mientan para hacerse a una plata en tales condiciones es algo sumamente reprochable, sin importar su condición de personas casi analfabetas. Pero es más reprochable, sin duda, la conducta de quiénes los pedalearon para que mintieran.
La familia del general Uscátegui ha dicho en diferentes escenarios que detrás de Contreras y compañía estuvieron algunos abogados del Colectivo "José Alvear Restrepo". Ellos niegan los señalamientos y, por el contrario, dan a entender que fueron asaltados en su buena fe. Adicionalmente, la Fiscalía se ha resistido a investigar alguna irregularidad por parte de los abogados del colectivo. Grave precedente la ausencia de una investigación que aclare las dudas.
Es evidente que 39 “víctimas” del caso Mapiripán no lo fueron
y que se hicieron pasar como tales
para cobrar millonarias indemnizaciones
El otro tema que llama la atención en el caso Mapiripán es el número de víctimas. Cuando entre el 15 y el 20 de julio de 1997 los paramilitares llegaron hasta este remoto poblado del departamento de Meta y sembraron el terror, las autoridades dijeron que las personas asesinadas habían sido 49. Con el correr de los años la propia Fiscalía pudo demostrar que las víctimas habían sido 10. Entonces es evidente que las otras 39 “víctimas” no lo fueron y que se hicieron pasar como tales para cobrar millonarias indemnizaciones.
Un elemento más hace que el caso contra Uscátegui sea poco claro. El hoy coronel en retiro Hernán Orozco Castro, que vive a sus anchas en Miami, está condenado a 40 años de prisión por los hechos de Mapiripán. Pero él tuvo la suerte de que varias ONG lo sacaran del país para que pudiera burlar la justicia.
Orozco tenía a su mando la unidad militar que debía proteger a los habitantes de Mapiripán, pero no hizo nada para evitar la avanzada de los paramilitares. En el proceso judicial, Orozco hizo la más fácil: sindicar a Uscátegui porque era un general y de paso tratar de convertirse en víctima. Infortunadamente la justicia le comió cuento al principio a Orozco y se quedó con su versión para hundir a Uscátegui.
Está claro pues que el expediente contra Uscátegui merece una revisión extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia. Esa entidad puede demostrar al país que está en capacidad de corregir injusticias. Así lo hizo en diciembre pasado cuando absolvió al coronel Luis Alfonso Plazas por los hechos del Palacio de Justicia de 1985.
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Se apresta el presidente Santos a enviar a la Corte Suprema de Justicia la terna para que de ella sea escogido el nuevo fiscal general de la Nación.
El país necesita un fiscal independiente, con criterio maduro y don de mando, de modo que la institución no resulte gobernada o influenciada por terceros.
No tiene presentación que haya partidos que quieran tomarse la Fiscalía como si fuera un fortín para desocupados; o un instrumento para influir en el libre juego democrático o, no se sabe qué es peor, para asegurar que ciertos expedientes sigan durmiendo en los anaqueles.
Llama la atención, además, que entre los finalistas aparezca Martha Lucía Zamora. Ella, así lo niegue, hizo parte del equipo de fiscales que tuvo en prisión al ex diputado del Valle Sigifredo López. Faltaba más que después de semejante deshonra para la Fiscalía e infamia con López y su familia, se le premiara con una candidatura a fiscal general.
Entre los 16 finalistas hay un nombre que seguramente el país conoce poco. Se trata del doctor Álvaro Osorio Chacón. Él ya fue jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema y demostró capacidad y respeto por el derecho penal. Osorio es un hombre lejano al poder y sin duda haría una gran gestión al frente del ente acusador.
