Por estos días, muchos afrocolombianos y afrocolombianas, profesionales o líderes sociales afro, andan promoviendo sus nombres para que en la contienda politica que se avecina sean elegidos ya sea como representantes a las curules de comunidades negras de la cámara de representantes o como senadores o incluso como presidentes de Colombia.
Este es un momento histórico muy importante dada la cantidad de personas y de espacios que pudieran tener los distintos afrocolombianos elegidos al congreso nacional.
Varios temas hacen de este momento uno muy particular en la historia de Colombia: por primera vez una mujer negra es precandidata a la presidencia con grandes posibilidades de llegar a ser, al menos, elegida como vicepresidenta de la república. Y por esa misma línea hay otras y otros con posibilidades de llegar al senado y a la cámara de representantes.
Algunos de los precandidatos se presentan como representantes del proceso organizativo afrocolombiano que motivó la ley 70 de 1993, han estado en la lucha organizativa de la población afro resistiendo las amenazas, el desplazamiento y las masacres, muertes que han sido el pan del día en los territorio ancestrales, especialmente en la región del Pacífico colombiano y el norte del Cauca.
Otros y otras llegan de las universidades, de otros movimientos sociales, y todos pensando que pueden ayudar a cambiar la situación del pueblo afrocolombiano, negro, raizal y palenquero de Colombia.
Al contrario, no es claro el compromiso de otras y otros, que cooptados y cooptadas por movimientos de partidos tradicionales parece haber sido escogidos como parte de una estrategia de marketin electoral que les permita llegar al voto afro y afirmar en público su amor por las diferencias cuando en privado la desconocen o detestan.
Quienes al final lleguen a ocupar sus curules tienen grandes retos, aquí queremos señalar uno de los más importantes: la continuidad de la reglamentación de la Ley 70 de 1993.
Una de las políticas más efectiva para el beneficio de los afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros de Colombia ha sido la Ley 70 de 1993. Politica pública construida con participación del liderazgo afro del Pacífico y el Caribe colombianos, un proceso de movilización singular, sin par en la historia de Colombia que ha garantizado la educación superior a muchos jóvenes afrocolombianos que sin esta ley no lo habrían logrado, así como se garantizó el derecho a las tierras de comunidades negras mediante los títulos colectivos y los consejos comunitarios.
Y no se hizo más porque esta politica fue cancelada por el gobierno uribista en el poder. Cuatro de los capítulos de la ley 70 siguen sin reglamentar: Capítulo IV, Uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, el V, Recursos Mineros, el VI, Mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural y Capitulo VII Planeación y fomento del desarrollo económico y social. Esta es parte de la deuda histórica de la sociedad colombiana con la población negra, afro, raizal y palenquera.
La ley 70 de 1993 fue producto de un proceso de movilización social inspirado por el artículo 51 de la Constitución de 1991. Ese movimiento se construyó sobre la base de cuatro principios orientadores: 1, el derecho al ser, 2, el derecho al territorio, 3, el derecho a una opción de vida propios y 4 la solidaridad afro.
Nuestros representantes tendrían la oportunidad de hacer reales estos principios si gestionan las leyes que se requieren para que esto sea real. Hoy por hoy estos principios convertidos en derechos constitucionales son invisibilizados tanto por los gobiernos del estado y sus aliados en las grandes empresas exportadoras e importadoras y terratenientes, así como por los grupos armados que luchan desde todos los lados por el control de los capitales que produce el negocio del tráfico de la cocaína.
Es una gran oportunidad de dar un salto cualitativo en las condiciones sociales y económicas de nuestras poblaciones, se requiere de sus representantes una minga en el congreso para promover esta reglamentación actualizada a las nuevas condiciones que viven las poblaciones afrocolombianas.
Los gobiernos uribistas detuvieron el desarrollo de la reglamentación de la Ley 70 porque esta politica recoge un pensamiento alternativo al programa del capitalismo salvaje y criminal que imaginan las elites nacionales, es una alternativa desde la propuesta del uso adecuado del territorio, de la pregunta de quienes somo los afros y quienes los colombianos, y propone el derecho a una alternativa de desarrollo propio.
Uno solo esperaría que sean fieles al proyecto de libertad, autonomía y grandeza que nos legaron los abuelos, que luchando contra los amos y las muchas formas de esclavizarnos, construyeron pese a la marginalidad y la explotación, la maravilla que somos.
