Ya que el gobierno nacional y su ministro de Hacienda están ávidos de recursos, es momento de ponerle fin a la elusión fiscal patrocinada por la ley, a los funcionarios públicos.
¿Cuál es la razón para que, por ejemplo, los honorables congresistas tengan dentro de su salario unos gastos de representación por más de $18 millones? ¿O que un viceministro con un salario de algo más de $13 millones tenga $4 millones de sueldo y casi $9 millones como gastos de representación?
Y así presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, magistrados, y, en general, los altos y medios funcionarios públicos.
Estos conceptos se los pagan durante vacaciones e inclusive durante la pandemia, tiempo durante el cual permanecieron en sus casas. Entonces, ¿cuáles gastos de representación? La verdad es que se les divide así el salario simplemente para disminuirles la renta gravable y, por ende, la retención en la fuente y el impuesto de renta.
Así de simple, mientras crecen las denuncias por el uso de recursos en almuerzos, cenas y otras atenciones que se pagan con dineros del erario. Entonces ¿para qué se usan los gastos de representación? Para eludir y evadir el impuesto de renta.
¿Cuántos millones se están dejando de percibir gracias a este perverso sistema cuasi legal de compensar a quienes deberían dar ejemplo de pulcritud y decencia? Y lo más lamentable es que esta práctica se ha extendido al sector privado.
El Estatuto Tributario demanda una inmediata reforma en este sentido para acabar con esta flagrante alcahuetería.
