A Gloria Inés, una mujer admirable en todos los sentidos; un ejemplo de dignidad y de lucha por la no claudicación de los principios revolucionarios sin importar lo difícil de los tiempos.
A Alejandro Gaviria, un hombre que ha hecho evidente sus intenciones nobles en las transformaciones educativas que necesita nuestro país.
El pasado 30 de noviembre llegó a la mayoría de las y los docentes de establecimientos educativos privados la triste noticia con la que saludamos el mes de diciembre cada año: la finalización de nuestro contrato de trabajo. A algunos, por lo menos nos dicen que esperan contar con nosotros para enero del próximo año, pero para otras y otros docentes ni siquiera existe la garantía de esto; no necesariamente porque no hayan hecho un buen trabajo, sino por problemas administrativos que llevan a recortar la nómina, o porque tuvo algún tipo de “inconveniente” con un estudiante, un padre de familia, o diferencias con la forma como se dirige administrativa o pedagógicamente la institución.
Lastimosamente, las y los docentes de privados nos enfrentamos a muchos problemas, que seguramente ustedes saben reconocer, por su trayectoria en el campo social y política, pero, me atrevo a profundizar en los dos aspectos más agonizante.
En primera medida, las condiciones de contratación laboral y del pago de prestaciones sociales de los docentes de establecimientos educativos particulares están regidas por los artículos 101 y 102 del Código Sustantivo del Trabajo, artículos que ya han sido demandados por inconstitucionalidad por considerar que violan el derecho a la estabilidad laboral y el derecho a la igualdad —en comparación con los docentes del Estado—, y que además no se garantiza el reconocimiento social a lo que implica la labor docente.
Además del factor temporal en esos contratos, aspectos como la imposibilidad de ejercer el derecho a la libre asociación por el miedo a la terminación o no renovación de los contratos, impiden que hagamos un ejercicio (justo y necesario) de reivindicación y negociación de nuestras condiciones laborales.
Lastimosamente, aunque fueron demandados, los argumentos del Ministerio de Educación de la época, de la Procuraduría y de los mismos magistrados de la Corte Constitucional sirvieron para declarar exequibles estos artículos. ¿El argumento mayor? Pues que son contratos de mutuo acuerdo, así que por eso no se vulnera ningún derecho. Pues claro, ¿quién no va a preferir tener un contrato de 10 meses en condiciones paupérrimas a no tener nada?
Ahora bien, otro aspecto, igual de importante, pero al parecer el menos vigilado frente a los criterios de contratación laboral es el pago. La ley 115 en su artículo 197 establece que el “salario que devenguen los educadores en establecimientos privados no podrá ser inferior al señalado para igual categoría a quienes laboren en el sector oficial. La misma proporción regirá para los educadores por horas”.
En el mismo año en que se decretó la Ley General de Educación, la Corte Constitucional declaró inexequible el hecho de que la ley permitía el pago hasta del 80% del salario según escalafón por parte de las instituciones privadas a los docentes. Sin embargo, la realidad que vivimos muchos docentes es que esa garantía de igualdad salarial alcanzada con la Sentencia C-252 DE 1995 no se está respetando en las instituciones privadas y, al contrario, los docentes reciben, algunas veces, mucho menos de eso 80% de lo que deberían recibir por escalafón.
Todo lo anterior se puede resumir en una gran problemática: que las y los docentes del sector privado, a pesar de que cumplimos las mismas funciones y nos formamos de igual forma que los docentes del sector estatal, nuestros términos contractuales están regidos y se vigilan de una forma diferente. Y la ausencia del Ministerio del Trabajo frente a todos los temas expuestos es evidente. Ni hablar del Ministerio de Educación, el cual se place en generar cada vez más documentos orientadores, cada vez más cátedras o proyectos transversales, pero no mira el retroceso en términos de garantías laborales de esas personas que tienen que ejecutar todas esas iniciativas.
Si recibiéramos todos los testimonios de docentes del instituciones privadas que se formaron de manera comprometida y responsable para ejercer esta labor, que han aceptado trabajos y remuneraciones denigrantes solamente por ganar experiencia y que se han endeudado o hecho esfuerzos gigantescos para poder hacer postgrados y seguir creciendo profesionalmente para darle lo mejor a los niños, niñas y adolescentes en el país, tal vez las decisiones tomadas para su regulación laboral serían más eficaces y pertinentes.
Por eso extiendo esa invitación a ustedes, convencida de que queda alguna posibilidad en el gobierno del cambio para empezar a trabajar en las garantías de las y los docentes de establecimientos privados en el país. Así como escuchan a las compañeras y compañeros de Fecode, es necesario abrir espacios para escucharnos a nosotras y nosotros.
Termino esta carta, citando un pequeño fragmento de Cartas a quien pretende enseñar, del gran Paulo Freire, con la esperanza de que nos ayude a entender la causa de estas reivindicaciones aquí expuestas:
La necesidad que tenemos de poder luchar cada vez más eficazmente en defensa de nuestros derechos, de ser competentes y de estar convencidos de la importancia social y política de nuestra tarea, reside en el hecho de que, por ejemplo, la indigencia de nuestros salarios no depende solamente de las condiciones económicas y financieras del Estado o de las empresas particulares. Todo eso está íntimamente relacionado con cierta comprensión colonial de la administración, de cómo organizar el gasto público, jerarquizando los consumos y priorizando los gastos. Se hace urgente superar argumentos como este: "Podemos darles un aumento razonable a los procuradores, supongamos, porque son sólo setenta. Pero no podemos hacer lo mismo con las maestras, porque son veinte mil". No. Eso no es argumento. Lo primero que quiero saber es si las maestras son importantes o no. Si sus salarios son o no son insuficientes. Si su tarea es o no es indispensable. Y es sobre todo en esto que se debe insistir en esta lucha, difícil y prolongada, y que implica la impaciente paciencia de los educadores y la sabiduría política de sus dirigentes. Es importante que luchemos contra las tradiciones coloniales que nos acompañan. Es indispensable que luchemos en defensa de la relevancia de nuestra tarea, relevancia que debe, poco a poco pero tan rápido como sea posible, llegar a formar parte del conocimiento general de la sociedad, del desempeño de sus obvios conocimientos.
