Cumplido el primer año de gobierno de Gustavo Petro nos hallamos sumidos en un hervidero de contradicciones políticas. Es hasta cierto punto normal que las fuerzas opositoras a una administración discrepen de sus postulados y planteen soluciones distintas, que critiquen sus actuaciones y trabajen por desprestigiarla con base en sus errores. Pero lo que vivimos en Colombia hoy supera de lejos los límites concebibles en una democracia.
El odio, el estigma, la descalificación malintencionada, la calumnia llevada a extremos impensables se han convertido en la nota predominante en la política en quienes adversan al gobierno nacional, provocando con su descarada audacia un clima de intolerancia cercano a la violencia. A Petro le imputan gratuitamente todo, sin haber demostrado con pruebas la mínima veracidad de lo afirmado. Parece que ya no fuera necesario, el ruido armado se constituye en veredicto.
Los jueces están de más. Cuando el fiscal Gabriel Jaimes pidió la preclusión de la acción penal a favor de Álvaro Uribe, fundamentando su aserto en que no existía ninguna prueba que la ameritara, ignoraba deliberadamente el juicioso trabajo probatorio adelantado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que estaba a punto de condenarlo con base en ellas. Precisamente Uribe renunció al senado para burlar la inminente sentencia en su contra.
Para no seguir procesado por la máxima instancia judicial penal del país, sino por la justicia ordinaria, en la que fiscales designados a dedo por el fiscal general se ocupan de absolver o agravar la situación según la orientación política del acusado. Una justicia politizada pierde por completo su objetividad y por consiguiente la fe que la sociedad pudiera depositar en ella. Los mismos que corrompieron la justicia son los que ahora prefieren los linchamientos mediáticos.
El caso de Néstor Humberto Martínez y sus vínculos con el escándalo de Odebrecht a favor de Luis Carlos Sarmiento da cuenta de la inacción judicial cuando además hay poderosos intereses en juego. Para no hablar de sus montajes judiciales contra imaginarios testaferros de las antiguas Farc, basándose en falsos testimonios y supuestas pruebas, con el amañado propósito de destruir los Acuerdos de La Habana que tanto mortificaban a sus amigos políticos.
Es demasiado grande el daño que la derecha lumpenizada que llegó al poder nacional con Álvaro Uribe le ha hecho a Colombia. Los incontables infundios esparcidos en su práctica política durante más de dos décadas lograron tornar insoportablemente fétido el aire de la de por sí imperfecta democracia colombiana. Las peores bajezas y las prácticas más ruines, propias de sus tenebrosas alianzas, se convirtieron gracias a ella en la forma cotidiana de librar el debate político.
De repente, el fiscal Barbosa sale a denunciar lun plan para asesinarlo por parte del ELN, tras lo cual emerge la petición de voceros uribistas de dar por finalizado el proceso de paz con esa guerrilla
En este se encuentra descartada hoy la más elemental cordura. Es así como de repente, el fiscal Francisco Barbosa sale a denunciar la existencia de un plan para asesinarlo por parte del ELN, tras lo cual emerge de reconocidos voceros uribistas la petición terminante de dar por finalizado el proceso de conversaciones de paz que se adelanta con esa guerrilla. Resulta de una elemental lógica que el grueso del país ponga en duda la veracidad del Fiscal.
Es que los uribistas se han caracterizado desde su conformación como fuerza política por su cerrada oposición a los Acuerdos de Paz. Su incesante arremetida contra el Acuerdo alcanzado con las FARC es la demostración palpable de ello. Nada de raro tiene que se tratara de otra de sus tantas mañas. Razón por la cual el gobierno nacional se ha permitido poner en duda la veracidad de esas acusaciones. La incredulidad que genera el pastorcito mentiroso es legendaria.
Además, este nuevo escándalo que arman, si se lo mira bien, carece por completo del mínimo fundamento. Una guerrilla que firma un cese el fuego no puede estar planeando el crimen del Fiscal General, dicen. En eso seguramente tienen razón. Pero, de acuerdo con las declaraciones de la vicefiscal Mancera a los medios, la entidad tuvo conocimiento de esos planes hace ya un mes. Es decir, cuando no se encontraba vigente el cese al fuego pactado.
Cuando los organismos de inteligencia descubren el supuesto plan, este ya tenía tiempo considerable de iniciado, es decir, se trata de un evento de meses atrás, quizás años. Y no puede olvidarse que entre el ELN y el Estado existe una guerra muy vieja. Grave sería que el plan se concibiera y se pusiera a andar después del 3 de agosto, cuando entró en vigencia el cese al fuego. Pero de la versión expuesta por Mancera se infiere que no es así.
La firma del cese al fuego impone la suspensión de cualquier acción militar concebida de tiempo atrás, esa es su esencia. De manera que la algarabía está de más. Desafortunadamente parece que la insania uribista no da tiempo para pensar. Y los medios a su servicio se encargan de impedirlo.
