Tras cuatro años de investigaciones sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en Colombia, en un período que va desde 1958 hasta el año 2016, la Comisión de la Verdad dirigida por el padre Francisco De Roux entregó un informe inicial, en un documento preliminar de 81 páginas con las recomendaciones a las que llegó la Comisión.
Dentro de los ejes más significativos de su investigación, se realizó un trabajo que requirió de 23.000 horas la investigación y más de 30.000 entrevistas, entre las cuales se encuentran la de todos los presidentes vivos de Colombia, los comandantes de la guerrilla y de las autodefensas, así como la de otros grupos que actuaron durante el conflicto.
Se entregó este documento parcial, el cual cuenta en su totalidad con 1.100 informes de esta comisión, la cual incluye aspectos de la génesis del conflicto, el porqué de su permanencia en el tiempo, quienes apoyaron estos actos de violencia y finalmente las recomendaciones al Estado colombiano y a nuestra sociedad para evitar que estos hechos de lesa humanidad se repitan.
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Pero para entender que es la comisión de la verdad debemos mirar el contexto en el cual se creó en el marco de los acuerdos de negociación de paz con el grupo insurgente de las Farc en la Habana Cuba con algunas modificaciones realizadas después del plebiscito que fueron entregadas en el teatro Colón de Bogotá:
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición fue creado por el punto 5 del Acuerdo de Paz y está compuesto por: (i) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; (ii) la Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas; (iii) la Jurisdicción Especial para la Paz; (iv) las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición.
El Sistema tiene como finalidad consolidar un escenario institucional transitorio o temporal suficiente y apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir en la reconciliación nacional.
Los órganos que componen el Sistema deben trabajar de manera conjunta y coordinada con enfoque territorial, diferencial y de género. El Sistema está apoyado en medidas restaurativas y reparadoras que atienden las necesidades y la dignidad de las víctimas para satisfacer su derecho a la verdad plena, a la justicia, la reparación y la no repetición, y buscar el reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron en el conflicto armado interno.
En ese contexto la misión de la comisión no es la de juzgamiento sino algo más integral, esto es entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera”.
Este documento inicial incluye las recomendaciones para superar la impunidad en los hechos de graves violaciones a los derechos humanos y otras encaminadas a la lucha contra la corrupción, la violencia generada por el fenómeno del narcotráfico, la garantía para la reparación integral a las víctimas; así como la transformación de los organismos de seguridad y defensa encaminados hacia la construcción de la anhelada paz, entre muchas otras que están pendientes de publicación.
Al evento asistió el presidente electo de los colombianos Gustavo Petro, pero dejó de hacerlo el presidente en funciones Iván Duque, quien desde el inicio de su gobierno se ha caracterizado por “ponerle palos a la rueda” del proceso de Paz, recordemos su negativa a priorizar las 16 curules de Paz y a promover la expedición de la ley reglamentaria de la JEP.
Ahora se destapa el escándalo de corrupción de los OCAD-PAZ, un entramado de corrupción para quedarse con aproximadamente 12% de los recursos aprobados con un agravante adicional y es que este gobierno se adelantó al presupuesto en materia de regalías de la próxima década.
Esto involucra a un exdirector de Planeación de su gobierno, a dirigentes regionales y a miembros de Contraloría Nacional de la Nación, tres de los cuales aspiran a integrar la terna para Contralor de la Republica. Los OCAD-PAZ son Órganos Colegiados de Administración y Decisión que verían la luz por medio del Acto Legislativo 04 del 8 de septiembre de 2017 y sería reglamentado por el Decreto de Ley 1534 del 15 de septiembre del mismo año y buscarían abarcar algunos de los puntos del Acuerdo de Paz, tanto en el fortalecimiento del sector rural como de la presencia estatal en zonas que se consideraban mayormente afectadas por más de 50 años de conflicto armado.
Así las cosa el padre de Roux expresó: "Honradamente, era mejor que Duque no asistiera a la entrega del informe...me temo que hubiera podido ser un ambiente de reclamo muy hondo hacia él, en contraste con lo que pasó con la entrada del nuevo presidente".
En el Informe Final se concluye, con base en varios testimonios e investigaciones, que algunos empresarios apoyaron el paramilitarismo porque tenían intereses en la guerra o porque buscaban protegerse de las acciones de la guerrilla.
Según el informe: “Durante la política de seguridad democrática, entre 2002 y 2010, desde la Presidencia de la República se fortaleció el discurso del enemigo terrorista o narcoterrorista.
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En esa época, la estigmatización se agudizó contra periodistas, políticos de oposición que adelantaban denuncias en el Congreso, defensores de derechos humanos, magistrados de altas cortes (como la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia), miembros de organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas”
La economista Valentina Rozo publicó un hilo en su cuenta de Twitter @ValentinaRozoA1, el cual me permito recoger, donde expone las principales estadísticas de este informe:
Hay cientos de bases de datos que documentan a las víctimas del conflicto y, por supuesto, difieren entre ellas. Esto no es malo, es normal. Cada organización tiene distintas capacidades y distintas redes para hacer la documentación.
En el proyecto se unieron 112 bases de datos, ciento doce bases de datos, Imagínense el camello. Fueron duplicadas con el uso de inteligencia artificial.
Pero, esto no es suficiente. Pueden imaginarse que no todos los registros tienen la información completa. Por ejemplo, porque falte el presunto responsable. Para solucionar este vacío de información se hizo la imputación estadística de campos faltantes.
Y esto tampoco es suficiente. Hay víctimas que no quedan registradas. Las más marginadas seguramente. Entonces, se hizo estimación por sistemas múltiples. Esto soluciona el segundo vacío de información: el subregistro.
Acá algunos resultados del proyecto están en el capítulo de hallazgos y recomendaciones, según tipo de violencia:
Homicidios
"450.664 personas han perdido la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. Entre 1995 y 2004, el periodo más álgido del conflicto, hubo aproximadamente la mitad de las víctimas. "Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40 % de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24 % (10.538 víctimas) y el ELN con 19 % (9.538)".
"los principales responsables de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45 % de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27 % de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12 % (56.094 v)"
"El proyecto JEP-CEV-HRDAG, además, a estimar el subregistro potencial, este número podría aumentar, llegando a alrededor de 800.000 víctimas".
Sobre desapariciones forzadas
Según la integración de datos realizada por el Proyecto CEV-JEP-HRDAG, la Comisión puede afirmar que, en Colombia hay, alrededor de 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado, en el periodo entre 1985 y 2016.
Si bien existe una alta incertidumbre sobre la autoría (54 % desconocido), a partir de los datos existentes el principal responsable son los grupos paramilitares, con 63.029 víctimas (el 52 %). Seguidos de las FARC-EP con 29.410 víctimas desaparecidas (el 24 %) (…). Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de desaparición forzada puede llegar a ser casi el doble, alrededor de 210.000 víctimas.
Sobre secuestro
Según el Proyecto JEP-CEV-HRDAG, alrededor de 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018. Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40 % de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24 % (10.538 víctimas) y el ELN con 19 % (9.538). Si se calcula el subregistro potencial, se estima que el universo de víctimas de secuestro podría estar alrededor de las 80.000 víctimas.
Reclutamiento ilícito
Según la integración final de datos del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, desde 1990 hasta 2017 se registraron 16.238 casos de reclutamiento, de niños, niñas y adolescentes a lo largo del país. Además, teniendo en cuenta el potencial subregistro. El Proyecto JEP-CEV-HRDAG estima que el universo de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento podría ser alrededor de 30.000.
Desplazamiento forzado
Según la integración de datos del proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, entre 1985 y 2019 se registraron 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado dado que se trata de las víctimas con mayor identificación. El grupo que más niñas, niños y adolescentes reclutó entre 1990 y 2017 fueron las FARC-EP con 12.038 víctimas (75 % del total), seguido de los paramilitares con 2.038 víctimas (13 %) y el ELN con 1.391 víctimas (9 %).
Para Sandra Pinto del centro de Pensamiento Libre: “Tres datos me impresionaron más que los demás: 1) que la mayoría de los asesinatos (57 %) los cometieron los paramilitares y agentes del Estado frente al 27 % por las guerrillas 2) que el desplazamiento corresponde al 10 % de la población y que 3) Las desapariciones forzadas en Colombia son superiores a las de todo el cono sur.
El PhD Serge Laurens escribe desde Lyons Francia: “El Informe Final ayuda a comprender por qué sucedió, para invitar a una reflexión de que hacer para que no se repita y se realicen las transformaciones necesarias, enlazándolas con lo acordado en la Habana y lo más importante con la constitución Colombiana y las prescripciones del derecho internacional.
Para lo cual es necesario crear mecanismos para la reparación y la convivencia desde las instancias institucionales y sociales que transformen las dinámicas que permitieron el conflicto durante tantas décadas. Toda una pedagogía para la no repetición que invita a un cambio cultual de toda la sociedad”.
Ingrid García del Foro Internacional de victimas desde Canadá, rescata “que es la primera vez que una Comisión de la Verdad trata el tema del exilio, tiene un capítulo que describe este fenómeno, enuncia en sus recomendaciones unos llamados a la acción que ponen en evidencia la existencia de una Colombia fuera de Colombia”.
En conclusión tenemos que existe una lista interminable de víctimas; no obstante el número real no ha podido ser esclarecido, toda vez que aún existe temor en algunos sectores para el suministro de la verdad y el gobierno de turno ha hecho hasta lo imposible para negar esta realidad; la lista es interminable y el dolor es inmenso dijo el padre de Roux.
Dentro de las importantes conclusiones del informe tenemos:
Las fuerzas armadas deben centrarse en los derechos humanos, esto ante el indiscutible papel que tuvieron las Fuerzas Militares, la policía y algunos organismos estatales como el extinto DAS, dentro de los actos lesa humanidad descritos en el informe; frente a esta cruel realidad se requiere un redireccionamiento o un nuevo enfoque de las “Fuerzas Armadas” en el tema de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; así como la creación de un cuerpo de Policía civil, sin grados militares, pues Colombia es el único país que aún los utiliza.
Definitivamente se requiere la reformulación de la lucha contra las drogas, este es uno de los puntos axiales del informe de la Comisión; dado que el fenómeno del narcotráfico es una realidad que existe en Colombia donde se realiza toda la cadena de producción y distribución.
La práctica de las fumigaciones, así como el tema de la prohibición, han demostrado su ineficacia frente a este flagelo; por lo tanto el país y la comunidad internacional deben orientar sus caminos hacia la regulación de este fenómeno, Como lo han hecho países de la importancia y desarrollo de Islandia y Suiza entre otros países de Europa y América como Uruguay y Canadá.
A pesar de que el Informe no es vinculante para el Estado colombiano, sí hace parte, como se dijo, del Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación, por lo que él mismo puede alimentar las investigaciones que se llevan adelante en la Jurisdicción Especial Para La Paz-JEP.
Esperamos que esté informe que devela una realidad de magnitudes insospechadas, nos lleve a hacer un alto en esta cacofonía o vorágine de la violencia desmesurada en que ha vivido el país y que como se observa no provino solamente de los grupos insurgentes; sino que existen muchos otros actores que han sido alentados desde el estado y desde el sector privado. ¡No más!
