Durante los años noventa en las regiones de Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio, la empresa Chiquita Brands en cabeza de sus accionistas y directivos empezaron a sufrir graves acusaciones por parte de líderes sindicales de las principales centrales obreras de la zona, se les imputaba cargos tales como concierto para delinquir y asesinato. A finales de los años 1999 e inicios del 2000 empezaron a perpetrarse masacres en las zonas bananeras contra aquellas personas que de alguna u otra manera, reivindicaban y exigían a la multinacional reconocer y respetar los derechos laborales que se encontraban salvaguardados bajo una tutela multinivel.
En el año 2007 se surten audiencias en los Estados Unidos donde se buscaba la responsabilidad de la empresa y de algunos sectores estatales y para estatales en los asesinatos sistemáticos y premeditados de la organización al margen ilegal. Hoy la Fiscalía General de la Nación tras la nueva indagación en el caso, compulsa copias tanto a los tribunales de Miami y la Florida como a los tribunales especializados que llevaban el caso en Colombia, entonces ¿Sobre quién recae la responsabilidad de los crímenes perpetrados sobre la población sindical y trabajadora del Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio?
El 13 de marzo del año 2007, la empresa bananera Chiquita Brands, heredera de la United Fruit Company, reconoció que durante siete años había financiado a los paramilitares colombianos y acepto pagar una multa.
Los paramilitares brindaban protección contra las huelgas y otras malas costumbres de los sindicatos obreros. Ciento setenta y tres sindicalistas fueron asesinados en la región bananera en esos años. “La multa fue de veinticinco millones de dólares. Ni un solo centavo llego a las familias de las víctimas.” (Eduardo Galeano, 2012, p.93)
La fiscalía declaro crimen de lesa humanidad la financiación voluntaria que hicieron algunas bananeras a estos grupos, y se constituyó en la primera empresa que debe responder por crímenes de guerra en nuestro país, los acusados de financiar a esta organización que hacía presencia en Urabá y Santa Marta fueron llamados a juicio por una orden de la Corte Constitucional, el acuerdo de paz con las extintas FARC establecía que los terceros serian investigados por la JEP.
El informe a los accionistas de la multinacional Chiquita Brands tiene varias revelaciones sobre las conexiones de su filial en Colombia con los grupos paramilitares. En Estados Unidos es un deber legal de las empresas entregar información sobre los procesos judiciales en los que están involucrados, los ejecutivos de la bananera presentaron ante su asamblea de accionistas un informe de 310 páginas en el que muestran los resultados de una comisión especial que investigo la relación de la bananera con los paramilitares, en el documento narra que a finales de 1996 el bananero Irvin Bernal invitó a dos ejecutivos de la bananera a una reunión en las oficinas de Chiquita en Medellín y luego lo siguieron hasta una casa grande a las afueras de la ciudad llamada Montecasino, Centro de operatividad de los Castaño y los Carteles de la Droga, donde se reunieron con Carlos Castaño, el conocido líder y rostro público de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).
Los primeros pagos según el informe sucedieron a finales del mismo año cuando un hombre que dijo llamarse Michelle los visito para entregarles los primeros 10 millones de pesos en una estación de gasolina cercana a estas instalaciones las de la bananera en Turbo, pero pronto cambio el sistema “Un empleado de Banadex dijo que se hacía difícil pagarle a las AUC después de que se establecieron las Convivir en Turbo, pero recordó que hubo una reunión con otros bananeros sobre las contribuciones a las Convivir después de la reunión con Castaño” la empresa en Cincinnati estaba preocupada por tales fallos y le envió mensajes concretos al gobierno regional a través de su filial colombiana “El abogado de Banadex expreso las preocupaciones de Chiquita sobre la legalidad de las Convivir y acerca de los reclamos de ciertas ONG. Como respuesta, el gobernador Uribe instruyo al secretario de gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno, para que enviara al abogado de Banadex la documentación que el gobierno de Antioquia le había enviado a varias ONG.
Según el documento los asientos contables se hicieron bajo la siguiente denominación: “Donación a un grupo de ciudadanos con reconocimiento a solicitud del ejército” El entonces comandante de la zona era el general Rito Alejo Del Rio.
En junio de 2007 Chiquita Brands acepto los cargos ante una corte del distrito de Columbia, el delito que acepto en Estados Unidos se denomina “realización de transacciones con un terrorista global” es decir los paramilitares de Urabá, con este precedente un ciudadano colombiano interpuso una denuncia ante la fiscalía la cual desemboco en la revocatoria de la preclusión a los directivos de chiquita.
El fiscal que ordeno la preclusión argumento que los directivos de Chiquita no sabían que los 3 centavos de dólar que pagaban a las convivir por cada caja de banano exportada iban a parar a manos de las AUC, el fiscal revelo que existen pruebas documentales, periciales, contables e indiciarias sobre los pagos de las compañías bananeras a las AUC, entre ellas los documentos que hacían parte del acuerdo de culpabilidad celebrado entre Chiquita y los Estados Unidos, así como hallazgos de los informes de contabilidad de las convivir y las declaraciones de los comandantes de las Autodefensas. La fiscalía también detecto que aun después de que las AUC fueran declaradas grupo terrorista, las compañías bananeras continuaban financiándolas.
El ente acusador tiene registros de más de cien pagos que se habían hecho a través de Banadex “Su filial en Colombia” Desde el año 1997 hasta febrero de 2004, pagos que ascienden a la suma de 1.7 millones de dólares, en la investigación de la Fiscalía se estableció que los dineros pactados eran consignados directamente a las cuentas de las Convivir desde donde se transferían a las cuentas personales de Teresa Hasbun hermana de Alias Pedro Bonito y de allí llegaban a las AUC. La Fiscalía cree que con ese aporte financiero la poderosa multinacional contribuyo con la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba Y Urabá “Los registros dan cuenta de homicidios de 4.335 personas entre 1995 y 2004 en Apartado, Turbo, Chigorodó y Carepa, también la desaparición de 1.306 personas en ese mismo periodo de tiempo, el desplazamiento de 1.675 pobladores, la persecución y asesinatos de sindicalistas del sector bananero y hasta en el extermino de los militantes de la UP y el Partido Comunista Colombiano. Y, con la consolidación e instrumentalización de las Cooperativas de Vigilancia Rural, Convivir, por parte de los paramilitares, la Fiscalía sostuvo que se terminó de crear una estructura de terror que azotó al Urabá con el auspicio de los bananeros.”
Hébert Veloza, alias HH, comandante del Bloque Calima y también del Bloque Bananero afirmó: “Pedro Bonito le propone a Castaño implementar un sistema para el cobro de las ayudas del sector bananero, ahí nacen las Convivir que fueron creadas para poder recaudar ese dinero y que las empresas bananeras les dieran salida legal”. HH además confesó asesinatos de trabajadores militantes de la Unión Patriótica. Por estos aparentes pagos ilícitos la fiscalía llamo a juicio a tres exdirectivos y compulso copias para que se investigue a alcaldes, Gobernadores y el directivo de la superintendencia de vigilancia y seguridad, entre los vinculados está el expresidente Álvaro Uribe Vélez quien para la época era gobernador de Antioquia.
Uno de los casos que evidencia la culpabilidad de los directivos ocurrió el 7 de noviembre de 2001, “cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días” armas y municiones provenientes de Centroamérica.
En su decisión, la Fiscalía fue drástica al advertir que:
“surge diáfano que el empresariado bananero, financió de forma voluntaria a un grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse seguridad sin importar el precio o el método utilizado, lo que lleva a esta Fiscalía Delegada a sostener que ciertamente existió ese acuerdo de voluntades necesario para la tipificación de la conducta punible relacionada en el artículo 340 inciso 3ro del Código Penal (Concierto para delinquir). En los cuales se encuentran descritos delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de migrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.”
Un abogado de Derecho Internacional dijo: “Este puede ser el caso de terrorismo más grande de la historia. En términos de muertes, este es del tamaño de tres ataques al World Trade Center".
