La Fuerza Pública en Colombia ha tenido un papel trascendental en la defensa de la soberanía y el orden constitucional del país. Por tal motivo, los comandantes de cada una de las Fuerzas Militares (FFMM) y la Policía Nacional reconocieron en protección de la Carta Magna a un exintegrante de un grupo subversivo como comandante en jefe en la ceremonia de posesión presidencial.
Hoy el país cuenta con la Fuerza Pública más profesional de su historia, y es para conocimiento de todos, las FFMM y Policía más fortalecidas de América Latina, como resultado de las políticas desarrolladas en las últimas décadas y la experiencia adquirida por el conflicto interno; así mismo cuentan con el reconocimiento de la sociedad.
Sin embargo, desde que asumió el gobierno el presidente Petro, se han tomado una serie de determinaciones que han debilitado la seguridad pública, lo cual repercute en la convivencia y percepción de seguridad. Hay quienes piensan que esto se deba a planes oscuros de debilitamiento a la Fuerza Pública, pero en definitiva se evidencian fallas en el liderazgo pertinente en la toma de decisiones.
El presidente asumió el poder con el planteamiento de una “paz total”, que implica lograr acuerdos con los grupos armados en busca de su desmovilización, para generar espacios que permitan disolver las motivaciones de la violencia, reducir las brechas en la propiedad de la tierra y la desigualdad en el campo, y el fin del narcotráfico; aspectos imprescindibles para alcanzar la paz.
Pero en Colombia, las disputas por el control territorial de las economías ilícitas se han acrecentado ante una débil presencia del Estado en el territorio que se revela insuficiente para evitar estos enfrentamientos, desconcertando a la sociedad civil.
Cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal indican que los homicidios aumentaron cerca de un 5.2% entre enero y noviembre de 2023 respecto al 2022. En los primeros 11 meses de 2023, se presentaron 12.682 homicidios, 637 casos más que en 2022 cuando se registraron 12.045. La tasa de homicidio del país es de 25.4 por cien mil habitantes; la tasa del mundo es de 5.8 según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Otro delito que más causa percepción de inseguridad es el hurto, principalmente el hurto a celulares y de bicicletas los cuales tocan al ciudadano de a pie y van en aumento; de la misma forma, se incrementaron las extorsiones. En 2023, según la Policía, se presentaron 8.551 casos frente a 7.404 del 2022, recordemos que este es un delito con un alto subregistro por la falta de denuncia.
¿Dónde está el liderazgo? Las FFMM y la Policía son instituciones fundamentales para atender esta crisis, y cuentan con el capital humano profesionalizado para actuar. Si bien a la Fuerza Pública no le corresponde resolver todos los problemas sociales generadores de violencia, sí son una herramienta esencial para contener el aumento de los mismos y facilitar que en los territorios puedan llegar las demás instituciones con sus planes de desarrollo social.
Las grietas en el liderazgo delegado por el pueblo pueden repercutir en la defensa del Estado y su sistema democrático. La estabilidad del país requiere avanzar en líneas puntuales propuestas desde el ejecutivo para el robustecimiento en la toma de decisiones que le permitan a la Fuerza Pública cumplir con su mandato constitucional y que no se les cause un daño irreversible a estas y al país.
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